Quienes esperan grandes revelaciones de la auditoría que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre la entrega discrecional de unas 700 plazas magisteriales y el otorgamiento irregular de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES), van a llevarse una desagradable sorpresa.
De entrada porque la auditoría no abarcará 10 años, como se informó cuando se anunció, porque serán contados, contadísimos, los que salgan afectados con la pérdida o devolución de una de estas plazas docentes, y porque los funcionarios que pudieran resultar con alguna responsabilidad administrativa no serán secretarios, subsecretarios y coordinadores generales, sino servidores públicos menores.
En los hechos, los funcionarios de la gestión de Alejandro Armenta Mier le echan la culpa a los de Sergio Salomón Céspedes y Jorge Estefan Chidiac, y estos a los que llegaron con el actual mandatario en áreas clave como la Subsecretaría de Educación Superior, la Oficialía Mayor, la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Humanos.
Sólo en esta última han sido nombrados cuatro directores en el primer año de la actual administración estatal: Dolores Cecilia Lemus de Jesús, Luis Ángel Carrasco García, Olga Arellano Silva y Pedro Morales Zayas.
Hasta donde se sabe la revisión sobre la asignación irregular y discrecional de plazas docentes, sobre todo en los niveles de educación superior y educación media superior, no está abarcando un periodo de 10 años, de 2015 a 2025, sino con apuros de dos años, 2024 y 2025.
Es decir, el periodo auditado sería el de los dos últimos años del gobernador Sergio Salomón Céspedes, que tuvo como secretarios de Educación a Isabel Merlo Talavera y a Jorge Estefan Chidiac y como subsecretario de Educación Superior a Miguel Ángel Fernández Pérez.
Por lo que hace a la entrega de RVOES y la venta de grados académicos de licenciatura y posgrado, otorgados por universidades patito como el Instituto Azteca de Formación Empresarial, no hay ningún avance y tampoco ninguna investigación.
Y no la habrá pues algunos de los implicados hoy son parte importante de la Secretaría de Educación Pública como Iván García Pérez, quien hoy despacha como Oficial Mayor de la dependencia.
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A propósito.
En la medida que el Oficial Mayor de la SEP, Iván García Pérez, se apodera de puestos y posiciones clave en la dependencia, los cuadros y huestes de Laura Artemisa García Chávez y su pareja, Alejandro Sedeño Camarillo, se perciben más disminuidos.
Entre las últimas bajas de Laura Artemisa en la SEP figuran Claudia Susana Luna Salgado, quien fungía como titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y Diana Imelda Cuevas Salazar, quien era la directora de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta.
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Para apaciguar y contener la presión de los dirigentes de la Sección 51 del SNTE y decenas de maestros que vienen reclamando desde hace años la asignación de plazas docentes y su recategorización, la Secretaría de Educación Pública comenzará a otorgar interinatos a partir del miércoles de esta semana.
No entregará plazas definitivas, pero sí interinatos por un plazo de seis meses.
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