LA CORTE DE LOS MILAGROS

De nóminas gubernamentales y simuladas revisiones

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Rodolfo Ruiz R.

Si el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, no quiere encontrarse con un fraude en el área de nóminas —similar al reportado aquí el 31 de enero en la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado —, más le valdría poner atención con lo que viene sucediendo en la Dirección de Recursos Humanos.

De entrada tendría que investigar al encargado de despacho de esa Dirección, Gerardo Emilio Seráfico Núñez, qué estudios profesionales tiene, y cómo ha modificado los manuales de organización y procedimientos de la Dirección para contratar y remover discrecionalmente a los servidores públicos que ahí laboran.

Y luego investigar si no hay un evidente conflicto de interés entre el señor Seráfico Núñez y la nueva jefa del Departamento de Nóminas, Itzel Cruz Aparicio, las razones de su contratación, la base que se le otorgó, y el sustancial aumento de sueldo que obtuvo al ser transferida de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Administración.

Si lo hace de inmediato, el alcalde Banck seguramente podrá revertir el nombramiento de Itzel, resolver algunos problemas entre el encargado de despacho y el personal de la Dirección de Recursos Humanos, que se siente lastimado por no haber sido considerado en los ascensos y promociones, pero sobre todo evitarse muchos problemas en esa sensible área que tiene el manejo y control de la nómina y salarios de los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento de Puebla.

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Dos cosas hay que resaltar de las denuncias que se han hecho aquí sobre desvío de recursos públicos en la recta final del sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle mediante el otorgamiento de millonarios contratos por «servicios de capacitación» a firmas y despachos fantasma o de fachada y Asociaciones Civiles patito, a través del Instituto Digital de Educación del Estado de Puebla (Iedep) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

La primera es que la Secretaría de la Contraloría del estado, a cargo de José Villagrana Robles, no está investigando con seriedad el asunto, sino simulando supuestas revisiones de productos entregables que no resisten el mínimo análisis, y que las evidencias sobre quién y cómo se maquinó ese desvío de recursos públicos apuntan hacia la Secretaría de Finanzas.

En especial hacia algunos de sus funcionarios que no son ajenos a las ampliaciones presupuestales que se autorizaron para que el Iedep otorgara contratos de capacitación por casi cinco veces su presupuesto anual de 2016, o para que el CESP se gastará en un sólo mes el 18% de su presupuesto anual en servicios de capacitación.

Entre esos funcionarios destacan el poderoso subsecretario de Egresos, Eduardo Tovilla Lara; el ex director de Presupuesto, Raúl Egremy Palomeque y el ex subdirector de Presupuesto del Sector Educativo, Salud y Asistencia Social, Martín Rodríguez Sánchez.

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