LA CORTE DE LOS MILAGROS

De venganzas políticas y comisionados sin autonomía

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Rodolfo Ruiz R.

El Congreso local se exhibió este jueves como un poder sin poder, sumiso y al servicio del gobernante en turno, que usa la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas discrecionalmente, unas veces para encubrir a los aliados del régimen y otras para castigar a sus críticos y opositores.

La designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP) fue una mascarada de principio a fin, a la que se prestaron diputados priístas y morenovallistas, la BUAP, la Canacintra y otros membretes sin autoridad moral, ni prestigio profesional en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y la impunidad.

Desde el comienzo se dijo que los designados serían la comisionada María Gabriela Sierra Palacios —pareja del ex vocero del gobernador Rafael Moreno Valle, Héctor Antonio Alcudia Goya— y el secretario técnico de la CAIP, Carlos Germán Loeschmann Moreno, así como algún burócrata de la gestión morenovallista como Laura Marcela Carcaño Ruiz, directora en la Contraloría del estado.

El pronóstico se cumplió con creces y no porque tenga bola de cristal, sino porque el método para el nombramiento de los nuevos comisionados del ITAIP fue una farsa, pues antes de que se publicara la convocatoria dos de los tres comisionados ya sabían que serían designados: Gabriela Sierra y Germán Loeschmann.

No por nada la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) salió esta tarde a declarar que existe una clara vinculación entre los nuevos comisionados del ITAIP y el gobernador Rafael Moreno Valle.

El inicio de un proceso de responsabilidades en contra del ex alcalde Eduardo Rivera Pérez por presuntas irregularidades detectadas en el tercer año de su gestión por 411 millones 600 mil pesos muestra el otro lado de la moneda: el uso del Congreso como garrote político en contra de quienes disienten o se rebelan de los dictados del gobernador Rafael Moreno Valle.

Tal procedimiento es, en realidad una venganza, una vendetta política, en contra de quien rehusó someterse a su estilo autoritario y hoy amenaza la continuidad de su proyecto transexenal en 2018, para imponer a su esposa como candidata a la gubernatura de Puebla, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Este procedimiento, más político que administrativo, quizás logre su propósito —inhabilitar a Eduardo Rivera como potencial candidato—, pero no sin consecuencias para el gobernador saliente y su grupo político.

Por lo pronto algunas figuras relevantes del PAN como Margarita Zavala Gómez del Campo, Josefina Vázquez Mota, Juan Carlos Romero Hicks, Arturo García Portillo, José Espina von Roehrich, Carlos Medina Plascencia, Cecilia Romero Castillo y Alicia Ricalde, entre otros no solo han condenado la persecución política en contra de Eduardo Rivera, sino salido a pedir la intervención del presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ante esta evidente venganza política.

 

 

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