LA CORTE DE LOS MILAGROS

Negligencia y dolosas omisiones de la PGJ en el robo a e-consulta

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He aquí un resumen que documenta y explica por qué en Puebla no se resuelven, ni se resolverán los asaltos y robos de equipo de cómputo cometidos en agravio de una decena de figuras públicas, entre las que sobresalen periodistas, empresarios, ex jueces, activistas y políticos en activo.

Lo que expondré a continuación es un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigido al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a propósito del robo con violencia ocurrido en las instalaciones del periódico digital  e-consulta la madrugada del 25 de julio de 2013.

Para la CNDH la investigación efectuada por el personal de la PGJ de Puebla sobre el robo de dos laptops en e-consulta fue tan deficiente que evidencia “trasgresiones al derecho humano y la seguridad jurídica” de Rodolfo Ruiz y su socia Blanca Patricia Galindo, pues “durante la integración de la averiguación previa 4057/2013/SUR/DMS-V ocurrieron diversas omisiones y negligencias”.

Entre estas irregularidades reportadas por el quinto visitador general de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, al procurador Víctor Carrancá destacan las siguientes:

Que entre el asalto a las oficinas de e-consulta y el informe requerido por el director general de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, a la agente a la cual se le asignó el caso, Guadalupe Francisca Baxin Xolot, para conocer el resultado de sus pesquisas, pasaron más de cinco meses.

El asalto ocurrió el 25 de julio de 2013, y el informe se entregó hasta el 9 de enero de 2014, después de tres oficios distintos dirigidos a la policía encargada de la investigación: 701/13/DMS-V fechado el 30 de agosto; 810/2013/DMS-V, del día 4 de octubre; y 1004/2013/DMS-V del 17 de diciembre, todos de 2013.

En sus dos comparecencias ante el Ministerio Público, el 9 de enero y el 17 de marzo de 2014, Guadalupe Francisca Baxin no aportó nuevos elementos que contribuyeran el esclarecimiento del robo, lo que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.

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Pero lo más grave: lo anterior ocurrió con la aparente complacencia del Representante Social, toda vez que se apercibió la imposición de una multa de treinta días de salario mínimo, en caso de que no se rindiera el informe respectivo en un plazo de cinco días y se advirtió que se daría vista a la Visitaduría General respecto del retraso en atender la instrucción; sin embargo, no obra en el expediente de la averiguación previa constancia alguna con que se acredite que dicha medida fue impuesta, ni que efectivamente se haya dado vista a la referida visitaduría”.

Tampoco se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que el director general de la Policía Ministerial realizó acciones para remediar la demora e ineficacia de su subordinada en atender la instrucción”.

Otra negligencia de la PGJ sobre el asalto a las oficinas de e-consulta se dio en la presentación de los dictámenes periciales en materia de criminalística y dactiloscopia, solicitados desde el 25 de julio de 2013 por la directora general de Servicios Periciales, Luz María Reyna Carrillo Fabela, a los peritos que ese día acudieron a realizar sus investigaciones a las oficinas del periódico digital.

El dictamen pericial en criminalística emitido por Jonhy Hernández Matlacuatzi se integró a la averiguación previa hasta el 29 de mayo de 2014, es decir 10 meses después de la inspección ocular.

Lo anterior pone de manifiesto un grave retraso y entorpecimiento de las funciones de investigación y procuración de justicia, atribuible no solo al Representante Social, sino también a la referida directora general de Servicios Periciales, quien, en respuesta al referido oficio 706/2013/DMS-V de 3 de septiembre de 2013, en que se le reitera la petición, se limitó a señalar que no tenía conocimiento del requerimiento inicial, sin realizar acción alguna para solventar la solicitud ministerial de la que ya tenía conocimiento”.

El dictamen pericial en dactiloscopia, a cargo de la licenciada Jasive Osorio García, nunca se integró a la averiguación, ya que la perito que debía realizarlo dejó de laborar en la PGJ.

Las grabaciones solicitadas al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla también llegaron con demora. Se solicitaron al día siguiente del asalto y se integraron a la averiguación hasta el 10 de enero de 2014, es decir, cinco meses después, “circunstancia que revela ineficiencia y retraso en la función de investigación y procuración de justicia”.

En el oficio del quinto visitador general de la CNDH al procurador Víctor Carrancá se destaca que los servidores públicos involucrados en la investigación del asalto a e-consulta “omitieron indagar si las actividades y línea periodística del referido medio de comunicación pudo haber representado circunstancia que propiciara la comisión del delito”.

Tales negligencias y omisiones, concluye el visitador Fernando Batista, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

¿No que en Puebla nadie estaría por encima de ley?

¿Qué pasó con el compromiso de hacer de Puebla un estado de derecho y seguridad pronta y accesible?

¿No que habría cero tolerancia a la corrupción policiaca y respeto irrestricto a los derechos humanos?

Sí, cómo no.

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