LA CORTE DE LOS MILAGROS

INE e IFAI: las cuotas de la partidocracia

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Uno de los grandes temas no resueltos por las reformas constitucionales en materia electoral y de transparencia y rendición de cuentas es lo que algunos analistas como Jorge Alcocer denominan el cuoteo de los partidos políticos, es decir, la práctica por la cual las posiciones de los órganos constitucionalmente autónomos se reparten según el peso partidista de cada fracción en el Congreso y el Senado de la República.

El intento por evitar esta desacreditada práctica legislativa se hizo, pero no prosperó. Para el nombramiento de los once consejeros del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE), incluido el consejero presidente, se acordó integrar un comité de notables que deberá definir una lista de 55 candidatos para que al final la Cámara de Diputados elija entre ellos a quienes se encargarán de organizar las elecciones durante los próximos nueve años.

Si bien este Comité Técnico de Evaluación, que se compondrá por siete personas de reconocido prestigio —tres designados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, dos por la CNDH y dos más por el IFAI— es un filtro de calidad interesante, la verdad es que al final nada garantiza que éste sea ajeno a las cuotas de la partidocracia mexicana.

A diferencia de lo que se prevé con los comisionados del nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que deben ser electos por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes, los consejeros del INE serán designados por mayoría simple a más tardar el 8 de junio, ya que en caso contrario el Poder Judicial podría nombrarlos mediante el método de insaculación, considerando a los 55 candidatos propuestos por el Comité de Evaluación.

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Para privilegiar el consenso por encima del llamado cuoteo quizás habría sido mejor que los consejeros también fuesen electos por mayoría calificada, fijando un plazo no mayor a un periodo de sesiones.

Al final los 55 candidatos a integrar el INE, que serán votados en la Cámara de Diputados, se distribuirán en once listas de cinco prospectos cada una: diez de ellas incluirán a los fututos consejeros y una —también de cinco prospectos— al futuro consejero presidente del organismo.

El procedimiento para elegir a los comisionados del IFAI ya también arrancó, aunque todavía sin mucha claridad. De entrada los cuatro comisionados que hoy lo integran tendrán que decidir a más tardar el lunes 17 de febrero si solicitan su permanencia en el Instituto y los senadores resolver en otros diez días si ésta es aceptada, previa votación por mayoría calificada.

Los comisionados que falten hasta completar el número de siete surgirán de “una amplia consulta a la sociedad”, tras la cual se supone que cada fracción presentará una lista de candidatos que serán puestos a la consideración de los senadores. Los elegidos serán aquellos que obtengan el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores presentes y no tengan el veto del Ejecutivo.

Esto último significa que el presidente de la República puede objetar el nombramiento de los comisionados del IFAI, pero que debe hacerlo en un plazo no mayor de diez días, y que los senadores tendrán tendrían que escoger otros comisionados pero ahora con el voto de las tres quintas partes de los legisladores presentes.

Como colofón podríamos decir que si bien los procedimientos acordados por los diputados y senadores para la designación de consejeros del INE y comisionados del IFAI no resolvieron el problema del cuoteo, sí lo complicaron y que esta situación los obligará a privilegiar la construcción de acuerdos entre sí.

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Cuentas públicas y Cabildo

Este viernes sesionará por última vez el Cabildo encabezado por el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y ahí se aprobarán en paquete las dos cuentas públicas que han estado cuestionando —por consigna— algunos regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda.

La sesión será convocada por la mañana y ahí se prevé que la mayoría de los regidores apruebe la cuenta pública de 2013, y la de los 45 días de 2014, y que ambas sean turnadas a la Auditoría Superior del Estado del estado para que en su momento sea revisada por este órgano técnico y dictaminada por los diputados de la Comisión Inspectora.

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