Sospechosismo chatarrero

Aunque hasta ahora Enrique Doger Guerrero se ha negado a reconocer lo que todo mundo sospecha, que funcionarios de su administración están implicados en el fraude (¿o peculado?) de la donación de la supuesta chatarra municipal a Cáritas, la verdad es que tarde o temprano tendrá que admitirlo.

Por lo pronto hay evidencias documentales de que la empresa que se benefició con la compra de la supuesta “chatarra” –Prestadora  de Servicios Independientes o Generales– no era del todo ajena a personajes muy cercanos a él, como su ex secretario particular y ex secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

Un dato que llama la atención, por ejemplo, es que el accionista y administrador único de esta compañía, Edgar David Reyes Rojas, es cuñado de la que fuera directora de Recursos Humanos en la gestión dogerista, Concepción Caraza Alemán.

Sí, la misma funcionaria que “Kío” promovía como su sucesora en la Secretaría de Administración cuando éste dejó el gobierno municipal para irse como candidato a regidor en la planilla de Blanca Alcalá Ruiz.

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Por cierto.

Otra evidencia de que la polémica donación a Cáritas fue una transa urdida con premeditación, alevosía y ventaja por funcionarios de la administración dogerista, es la prontitud con que la Prestadora de Servicios Independientes y Generales revendió la misma mercancía cinco veces más cara.

De hecho, según información que hoy publicará El Heraldo de Puebla, se sabe que el mismo día que el renunciado presidente de Cáritas, Mariano Saavedra Burgos, recibió sus 200 mil pesotes de la empresa de Edgar David Reyes Rojas, éste firmó un contrató con Francisco Gómez Cisneros para revenderle la supuesta chatarra un millón 100 mil pesos.

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En las diferentes reuniones que los diputados de las comisiones de Transparencia y Gobernación han sostenido con secretarios y consultores del gabinete marinista para analizar los ajustes que tendrán que hacerse antes del 20 de julio a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, resulta que los más reacios a la rendición de cuentas son la consejera jurídica, Claudia Rivadeneyra Torija, y el secretario de Finanzas y Administración, José María Pérez Salazar.

Incluso la primera ha llegado a proponer en varias de esas reuniones artículos y conceptos contrarios al artículo sexto constitucional, asunto que le ha merecido airadas críticas hasta de los diputados del PRI, que no conciben cómo la consejera jurídica del gobierno puede ser tan retrógrada en materia de transparencia y rendición de cuentas.