Publicidad oficial, prueba no superada

¿De qué sirve que estados como Puebla modifiquen su ley de transparencia y se convierta, en el papel, en la cuarta mejor del país, si al momento de ponerla en práctica para la rendición de cuentas, prevalece la opacidad?

Al menos esto es lo que reflejó el Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en los Estados 2011, diseñado por la organización Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, donde se presentaron los resultados de un ejercicio de transparencia aplicado a los gobiernos de las 32 entidades federativas del país.

Dicho ejercicio, que puede ser consultado en el sitio www.publicidadoficial.com, reprobó al gobierno de Puebla por ocultar el presupuesto que destina a comunicación social y a la compra publicidad gubernamental, a semejanza de los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

El gobierno de Rafael Moreno Valle no sólo remitió a los promotores de esta investigación a la Cuenta Pública —donde la información solicitada no está disponible— sino que les ocultó datos del gasto total anual ejercido en materia de comunicación social y publicidad gubernamental de 2005 a 2010, desglosado por medio de comunicación, proveedor y tipo de campaña.

Al margen de este ejercicio de transparencia realizado por Artículo 19 y Fundar, se sabe que el gobierno de Puebla gastó durante 2011, a través de su Dirección de Comunicación Social, 180 millones de pesos; y que en 2012 prevé gastarse una partida similar.

Esta cifra es superior en 52 millones de pesos a la reportada oficialmente por Enrique Peña Nieto durante 2010, su último año de gestión como gobernador del estado de México, cuando ya estaba en plena precampaña para la presidencia de la República.

Para ningún observador en finanzas públicas, con un mediano conocimiento de los convenios que firman los gobiernos con las televisoras o los periódicos nacionales, escapa que esta cantidad dista mucho, pero mucho, de la real.

En Puebla, por citar un ejemplo, sólo en convenios con Televisa y TV Azteca, el gobierno de Rafael Moreno Valle se gasta al año más de 60 millones de pesos, cantidad a la que habría añadir los contratos anuales pactados con otras empresas radiofónicas, editoriales y digitales de la capital del país, hasta por 15 millones de pesos a cada una.

Dicha cantidad resulta ridícula a la luz de lo que otros gobiernos estatales, con presupuestos más modestos, reportan en comunicación social. El gobierno de Chihuahua se gastó, en 2010, 320.6 millones de pesos; el de Morelos, 203.8 millones; el de Nayarit, 338.3 millones; y el de Yucatán, 222.7 millones. Y ninguno de esos gobernadores tuvo la cobertura publicitaria y el impacto mediático logrado por Moreno Valle en 2011 y ahora en 2012, con motivo su primer informe de actividades.

Para publicitar y difundir su primer informe como gobernador de Puebla, Moreno Valle se gastó —según una solicitud de información pública— 42 millones 133 mil 400 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 16.06 millones en televisión, 6.74 millones en radio, 8.01 millones en medios impresos, 2.48 millones en portales y 8.82 millones en medios complementarios.

 

  

*Tablas publicadas por el suplemento Enfoque del periódico Reforma

 

 

Esta cantidad puede resultar poca o mucha, dependiendo del lente con se mire, pero lo cierto es que representa más de lo que la administración estatal invertirá en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, en la Comisión de Vivienda del estado, o en cualquiera de las Universidades e Institutos tecnológicos o politécnicos del estado; equivale a 2.5 veces el presupuesto del Consejo de Ciencia y Tecnología, y a poco menos del doble del Instituto Poblano del Deporte.

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Este martes por fin se publicaron en el Periódico Oficial del estado las reformas y adiciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado, situación que trajo la tranquilidad a los dirigentes estatales de los partidos políticos que este año se embolsarán 46 millones de pesos por concepto de financiamiento público.

El año pasado el monto total de prerrogativas que el Instituto Electoral del Estado entregó a los partidos posibles ascendió a 17 millones de pesos.

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Este día recibí en mi oficina la visita del ex juez Enrique Romero Razo para aclararme que no es prófugo de la justicia, que sí teme que en cualquier momento se le obsequie una orden de aprehensión y que sí ha tramitado y seguirá tramitando amparos para impedir su detención que, asegura, obedece a una vendetta política.

Asimismo me aclaró que actualmente está en espera de que el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito resuelva a su favor un amparo contra su destitución como juez de Teziutlán, aprobada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia el 16 de diciembre de 2010, y de que el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atienda su queja por la parcialidad que han mostrado algunos jueces y magistrados federales en el juicio de garantías 13/2012 que promovió contra su remoción.

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Simón dice:

“Es menos desagradable ver mendigar un pobre que un rico. Y un cartelón de propaganda es un rico que mendiga.”

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

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