La Reforma al Poder Judicial está terminando en elefantiasis burocrática (Parte II)
Una de las razones por las cuales la Nueva Estructura Orgánica del Poder Judicial se ha encarecido —con más personal y mayores sueldos— es que el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, convirtió en Ponencias lo que antes eran Comisiones y en Secretarías las que antes de la reforma eran Direcciones.
En el organigrama anterior a la reforma al Poder Judicial, donde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) recaían en la misma persona, sólo había un secretario particular, un secretario general de acuerdos, un oficial mayor, tres auxiliares, y un notificador.
Ahora ese personal se duplicó, pues la presidenta del TSJ, Margarita Gayoso Ponce, tiene los suyos, y el presidente del CJ, Carlos Palafox, los propios.
Antes de la cacareada reforma barbosista al Poder Judicial de Puebla, el Consejo de la Judicatura lo integraban tres comisionados: Héctor Sánchez Sánchez, Jared Albino Soriano Hernández y Joel Sánchez Roldán.
Hoy esas Comisiones desaparecieron y se convirtieron en Ponencias, cada una integrada por 1 Consejero con un salario mensual de 94 mil pesos mensuales; 1 Secretario Particular de 20 mil pesos; 1 Secretario de Acuerdos de 36 mil pesos; 3 Secretarios Proyectistas de 30 mil pesos; 3 Auxiliares de 15 mil de pesos; 1 Secretario Visitador de 35 mil pesos; 1 Auxiliar de 15 mil y 1 Notificador de 15 mil.
Los salarios de estos servidores públicos adscritos al Consejo de la Judicatura superan los de sus homólogos del Tribunal Superior de Justicia, pese a que la carga de éstos últimos es mucho mayor.
En el organigrama anterior la presidencia del CJ contaba con 4 Unidades de Apoyo, hoy existe una quinta, la de Vinculación y Atención Ciudadana, que será motivo de un comentario aparte. Los salarios de los titulares de éstas se homologaron y hoy ganan 45 mil pesos mensuales, es decir, lo mismo que un juez del fuero común.
Antes de la implementación de la Reforma al Poder Judicial, el Consejo contaba con una Dirección Jurídica, una Dirección General de Administración y una Dirección de Planeación, Información e Informática.
Estas Direcciones subieron de rango y se convirtieron en Secretarías, cuyos titulares ahora ganan de 64 mil a 68 mil pesos mensuales cada uno.
De acuerdo con magistrados inconformes con la manera en que se está implementando la reforma al Poder Judicial de Puebla, la estructura burocrática del Consejo de la Judicatura es 4 veces mayor a la que existía, lo cual es absurdo toda vez que se le está dando más importancia al órgano encargado de la administración, vigilancia y nombramiento de jueces, que a los juzgados y salas responsables de llevar justicia a la población en los litigios penales familiares, civiles y mercantiles que tienen a su cargo, y en donde realmente hace falta personal.
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Viejas y condenables prácticas políticas y de abuso en Izúcar
Una viciada práctica que se inició con Rafael Moreno Valle, se mantuvo en la gestión de Luis Miguel Barbosa y sigue vigente en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes es el nombramiento de políticos, operadores electorales y recomendados de presidentes municipales y legisladores como rectores y directores de universidades e institutos tecnológicos, politécnicos e interculturales.
Un vivo ejemplo es la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, de donde fue relevado como rector Margarito Barboza Carrasco, quien llegó al cargo como cuota del exsecretario de Educación, Melitón Lozano Pérez y el que fuera su regidor de Gobernación, Sergio Valero Orea en este municipio de la Mixteca.
Su sucesor es Javier Santiago Reyes, quien venía desempeñándose como secretario del Bienestar del ayuntamiento izucarense presidido por la morenista Irene Olea Torres.
Javier Santiago es consejero distrital de Morena en Puebla, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional, y maestro en Docencia de las Ciencias Sociales por la UNAM y según los enterados, alfil del esposo de la actual alcaldesa izucarense, Antonio Guevara Palafox.
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Por cierto.
Una grave, gravísima denuncia de abuso de autoridad y violencia sexual, está por enfrentar la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Orea Torres, por la detención de periodistas y activistas de la región.
Resulta que sus policías detuvieron y vejaron a un grupo de mujeres el viernes 10 de marzo, cuando las periodistas daban cobertura noticiosa a las integrantes de un colectivo feminista en Izúcar de Matamoros.
La detención de las dos periodistas —Natalie y Michelle Hoyos López— y cuatro activistas ocurrió a las 23:40 horas. Las chicas fueron privadas de su libertad, incomunicadas y obligadas a desnudarse, en medio de insultos, amenazas y otras vejaciones.
Finalmente fueron liberadas entre las 4:30 y 5:00 de la madrugada del sábado 11 de marzo.
Los hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, comisiones de derechos humanos y organizaciones de apoyo y defensa de periodistas y defensores de derechos humanos.
Nuestro apoyo y solidaridad a Natalie, su hermana y las 4 activistas, y nuestro repudio y condena por esta agresión a la alcaldesa Irene Orea y sus policías abusivas.
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