El fin de la corrupción en el mundo feliz de Amanda Gómez Nava
En la Auditoría Superior del Estado (ASE) hay percepciones encontradas sobre la titular, Amanda Gómez Nava, porque no mide ni revisa con el mismo rasero a los presidentes municipales en funciones que a las dependencias y entidades del gobierno del estado.
Con los presidentes y tesoreros municipales, la auditora general y sus auditores especiales se muestra inflexible si éstos entregan tarde o fuera de tiempo la información que les requiere, si la documentación justificatoria viene incompleta, con errores o en formatos diferentes a los solicitados, sancionándolos con multas que en varios de los casos rebasan los 70 mil pesos.
En cambio con las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se pone muy dócil y hasta alcahueta, al grado de emitir informes individuales sin observaciones y sin importes que solventar, sobre todo si corresponden a los periodos en que fungió como secretaria de la Función Pública.
Su desempeño es tan deficiente que en comparación con los informes individuales de su antecesor en la ASE, Francisco José Romero Serrano, los suyos parecen un mal chiste, pues contienen cero, una, tres, seis o 73 observaciones pero todas solventadas, por lo que los secretarios del gabinete y los directores de los organismos público descentralizados están exentos de irregularidades o de presuntos daños patrimoniales que justificar.
Entre los empleados y auditores de la ASE hay la fundada sospecha de que Amanda Gómez Nava emite informes individuales de dependencias y entidades sin observaciones para no comprometer su desempeño como secretaria de la Función Pública en la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, cuyas atribuciones y responsabilidades consistían en planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio en el ejercicio del gasto público.
A la lista de Secretarías del Gabinete sin observaciones, hay que agregar esta otra, en la que por increíble que parezca tampoco se determinaron solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones o de importes por solventar correspondientes al 2020.
Sostengo que es inverosímil, pues en la relación aparecen decenas de universidades e institutos tecnológicos y organismos que en la gestión de Barbosa fueron usados para pagar a operadores políticos y electorales de Eric Cotoñeto Carmona, su suegro Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, Melitón Lozano Pérez y América Rosas Tapia, entre otros.
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Cambios en el Capcee, Secretaría de Movilidad y en el Tribunal de Justicia Administrativa
Este jueves trascendió la renuncia del arquitecto Farid Pérez Said como director general del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y su sustitución por el expresidente municipal de Zacatlán, el morenista Luis Márquez Lecona.
Hasta donde se sabe el defenestrado fue acusado de cobrar moches a los constructores y de otras irregularidades administrativas, como mantener en la nómina a José Luis Valle Cosío como director jurídico pese a que nunca se presentaba a laborar.
Farid Perez Said llegó a Puebla procedente de la Ciudad de México, pues trabajó en la alcaldía de Coyoacán como jurídico de un área de Desarrollo Urbano.
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También me adelantan que un recomendado de Irma Patricia Leal Islas, quien fue contralora, diputada local y notaría pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle, será nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, en sustitución de María de Lourdes Dib y Álvarez.
Se trata de José Eduardo Hernández Sánchez, quien también fue funcionario de Moreno Valle. Se desempeñó como coordinador general Jurídico de la Secretaría de la Contraloría con Alejandro Torres Palmer, Patricia Leal y Eukid Castañón Herrera.
Actualmente es socio del esposo de la subsecretaria de Administración del estado, Ana Silvia Santillana, Alejandro Necoechea Gómez, cuyo despacho, por cierto, defiende a varios funcionarios denunciados por el extinto gobernador Miguel Barbosa.
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Quien también fue relevada este jueves de la Secretaría de Movilidad y Transporte es Elsa María Bracamonte González.
Trasciende que su sucesor en esta dependencia sería un polémico personaje, hijo de un jefe policiaco en los setenta y ochenta, Omar Álvarez Arronte.
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