De pifias de ex y secretarios del gabinete en líos judiciales y cambios en la SEP
Dos cosas llaman la atención sobre el amparo otorgado al exsecretario de Trabajo del estado, Abelardo Cuéllar Delgado, contra la orden de aprehensión que le giró la jueza Liszet del Carmen Fuentes Trueba.
Una, no es cierto que Abelardo Cuéllar haya logrado la protección de la justicia federal, en el juicio de amparo 1028/2022 por los sesudos y puntuales argumentos de su defensa, sino más bien a pesar de ella, ya que el juez Quinto de Distrito en materia Penal, Cuauhtémoc Escobar González, suplió la deficiente queja de sus abogados que alegaron que a su cliente nunca nadie le informó de la existencia de una carpeta de investigación en contra suya.
A decir del juez federal los alegatos de los abogados de Abelardo Cuéllar fueron infundados, porque la orden de aprehensión girada por la jueza de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias no vulneró los artículos invocados por éstos en su demanda de amparo.
El grupo de abogados a cargo de la defensa penal y administrativa del extitular de la Secretaría del Trabajo está integrado por José Samuel Porras Rugeiro, Ehécatl Tonatiuh Sarabia Amador, Ricardo Federico Malcos Cruz, Alfonso González Hernández, Rodolfo Israel Bagatella Méndez y León Magno Meléndez George.
Dos, el juez Quinto de Distrito valoró que la orden de aprehensión tenía un vicio de fondo, ya que la agente del Ministerio Público, Sandra Flores Degante, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no aportó pruebas suficientes que acreditaran que Abelardo Cuéllar actuaba como abogado de trabajadores despedidos del ICATEP en unos 30 juicios, y al mismo tiempo presidía la Junta de Gobierno de esta institución.
En suma: el juez federal Cuauhtémoc Escobar evidenció a la ministerio público Sandra Flores y a la jueza de Oralidad Penal, Liszet del Carmen Fuentes Trueba, como autoridades de consigna que sin pruebas integraron una carpeta de investigación y emitieron una orden de aprehensión sin acreditar los delitos en que habría incurrido el inculpado.
Como colofón el juez federal le dijo a la jueza estatal en su resolución de amparo que se equivocó en los artículos que invocó para librar la orden de aprehensión en contra del ex secretario del Trabajo del estado.
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En las indagaciones extrajudiciales sobre la supuesta falsificación de la firma del fallecido gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta en un acuerdo donde pone a consideración del Consejo de Administración de Carreteras de Cuota Puebla (CCP) la designación de Musmet Sosa Cozar como directora general del organismo, ha salido a relucir el organigrama de la empresa Salomón y Asociados, Promotores Inmobiliarios.
En el organigrama de la inmobiliaria publicado en internet figuran los nombres de la secretaria de Economía, Olivia Salomón de Moreno Valle, como directora general, y de la actual directora de Carreteras de Cuota Puebla, Musmet Sosa Cozar, como directora administrativa de la empresa.
Hay que aclarar que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no determinan si la firma del gobernador Barbosa en ese acuerdo es auténtica o falsificada.
Esta no es la primera ocasión que un funcionario falsifica la rúbrica de un gobernador para hacer un nombramiento.
En la gestión de José Antonio Gali Fayad se descubrió que el director general de Archivos y Notarías, Mauricio García León, falseó la firma de ese gobernador en beneficio de Gabriel Castellanos Porras para recibir la patente de titular de la Notaría Pública número 2 del distrito judicial de Chalchicomula.
Cuando la firma apócrifa se puso al descubierto el Ministerio Público citó a Mauricio García para hacerle saber que estaba siendo investigado por ese delito. La audiencia ya no se llevó a cabo debido a que ese día, el 28 de octubre de 2019, el imputado se quitó la vida.
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Este día trascendió la salida de Anet Cruz Solís de la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública del estado.
Los motivos de su remoción se desconocen, lo único que se sabe es que es cercana a funcionarios de la Consejería Jurídica y que por esa razón encabezó una de las dos ternas que se presentaron para el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
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