¿Y la presumida honestidad del finado gobernador?
Aunque Luis Miguel Barbosa Huerta ya falleció, aún quedan en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina secretarias y secretarios que antes de salir del gabinete deben explicar por qué Puebla se convirtió en el tercer estado a nivel nacional con mayor cuantía de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de 2 mil 478 millones de pesos, solo por debajo de Durango y Michoacán, que tuvieron observaciones por 4 mil 425 millones y 3 mil 828 millones de pesos, respectivamente.
Otra cuestión que éstos deben explicar —en particular la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, y el secretario de Administración, Jesús Ramírez Díaz— es por qué de 2020 a 2021 las observaciones de la ASF por concepto de participaciones federales a las entidades federativas subieron casi 10 veces, al pasar de 249 millones a 2 mil 478 millones.
¿Que no el extinto gobernador Barbosa era un férreo combatiente de la corrupción, y de los negocios al amparo del gobierno?
¿A poco el gobernador Céspedes va a dejar que los funcionarios responsables de justificar estos cuantiosos recursos públicos se vayan a sus casas y asumir él, con los nuevos secretarios y secretarias que designe, la responsabilidad de aclarar estas observaciones ante la ASF?
Del pliego de observaciones de las participaciones federales entregadas al gobierno del estado, por un total de 2 mil 478 millones de pesos, las de mayor cuantía son 3.
Una por 723.64 millones de pesos derivada de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los capítulos 2000, 3000 y 5000, cuyo gasto no coincide con el reporte del destino del gasto hecho llegar a la ASF.
Otra por un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública por un monto de 593.45 millones de pesos por pagos excesivos respecto al tabulador autorizado.
Y una tercera, en la que también se presume un probable daño a la hacienda pública por 350.64 millones de pesos, como consecuencia de la falta de documentación comprobatoria que justifique la aplicación de participaciones federales en la entidad.
La investigadora Itzel Jiménez Ríos ya había adelantado en su libro Pandemia de opacidad en el gobierno de Puebla, editado por la organización Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad, cómo a raíz del Covid las dependencias y entidades en la gestión barbosista transparentaron cada vez menos sus gastos y contratos de obras, compras de bienes y servicios.
En 2019 las secretarías del gobierno de Puebla transparentaron gastos por 8 mil 553 millones, en 2020 por 2 mil 847 millones y en 2021, que es el año motivo del pliego de observaciones de la ASF, por 3 mil 924 millones de pesos.
Según el trabajo de la abogada Jiménez Ríos, en 2019 la Secretaría de Planeación y Finanzas transparentó 42% de sus compras, en 2020 el 20% y en 2021 el 4%; la Secretaría del Bienestar en 2019 el 51%, en 2020 el 0% y en 2021 el 0%; la Secretaría de Seguridad en 2019 el 63%, en 2020 el 0% y en 2021 el 0%; y la Secretaría de la Función Pública en 2019 el 25%, en 2020 el 1% y en 2021 el 1%.
Por dónde quiera que se vea la administración del difunto gobernador Barbosa no sólo fue opaca y discrecional en la aplicación y destino de gasto público, sino corrupta al no poder comprobar casi 3 mil millones de pesos de recursos federales del ejercicio fiscal 2021, de acuerdo con la propia Auditoría Superior de la Federación.
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