LA CORTE DE LOS MILAGROS

El doble rasero de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada

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Mientras en los casos de la Fundación de la Universidad de las Américas y la Fundación Mary Street Jenkins, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia de Privada del Estado de Puebla se apresuró a remover a sus integrantes, designando nuevos, y asegurar las instalaciones de la UDLAP, con la Fundación Enrique García Cano sucede todo lo contrario.

Y eso que sus expatronos, entre los que figuraban María Teresa Robredo Gómez, Guadalupe Pardo de Peralta, Delfina Pérez Benítez, Elvira Sánchez de Cima y Guadalupe Camacho Gómez Daza viuda de Zozoya, jamás rindieron informes de actividades, financieros y contables, ni reportes del estado físico de los inmuebles y la venta de los mismos, ni del destino y aplicación de los fondos, y las personas beneficiadas por las obras de asistencia de la fundación.

En lugar de llamarlos a cuentas, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada ha optado por proteger a quienes formaron parte de los anteriores patronatos y malbarataron la mayoría de las 30 propiedades que dejó su fundador, el señor Enrique García Cano, con el fin de proporcionar viviendas dignas a gente de escasos recursos.

Y, extrañamente, ha decidido también iniciar procedimientos legales, como un juicio civil y una auditoría, a los miembros del nuevo patronato, no obstante que éste ha tratado de recuperar las ocho casonas que todavía quedan de ese legado, y que actualmente están invadidas u ocupadas por ambulantes, comerciantes y personas ajenas a la Fundación.

Lo paradójico de este embrollo es que la Junta —presidida por José Daniel Vázquez Millán—pretende desconocer el patronato que ella mismo designó, el 24 de septiembre de 2020, integrado por Luis Antonio Medina Morales, Víctor Figueroa Andrade, José de Jesús Medina Corona, César Antonio Rodríguez López y Gabriel Amavizca Ortiz, en calidad de presidente, secretario, tesorero y vocales, respectivamente.

La razón de fondo se desconoce, pero podría estar relacionada con el interés de ciertos miembros de la junta por algunos de los bienes que todavía forman parte del patrimonio de la Fundación Enrique García Cano, entre ellos cinco casonas del Centro Histórico de Puebla, una ubicada en la 16 de Septiembre 503 y cuatro en la 15 Poniente, números 303, 305, 314 y 316.

Aún más extraño resulta el hecho que la Junta haya procedido a demandar a los actuales patronos, a petición de la señora Delfina Pérez Benítez, quien fungía como secretaria del patronato destituido, y quien se ha beneficiado de las rentas o regalías de las propiedades de la Fundación Enrique García Cano.

¿Por qué este doble rasero? ¿Acaso lo correcto no hubiera sido, como en el caso de las fundaciones de la Universidad de las Américas y Mary Street Jenkins, que la Junta llamara a cuentas a los anteriores patrones y explicaran qué hicieron con los bienes de la fundación? ¿Por qué a este escrito de Delfina Pérez Benítez se le dio trámite de inmediato, a diferencia de otros enviados desde hace un año por los miembros del actual patronato, pidiendo el apoyo del presidente de la junta, para recuperar los inmuebles o para que éstos no sean embargados por los millonarios adeudos que tienen por concepto de predial, agua potable, multas y recargos?

¿Por qué la junta desconoce un patronato que ella misma nombró? ¿No será que algún vivo ya les echó el ojo a estas propiedades y solo está generando un conflicto para quedarse con una o varias, transfiriéndolas a otras fundaciones?

Solo son preguntas, que conste.

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