La deuda del Soapap que ahora quieren que pague el Ayuntamiento de Puebla
Dos parecen ser las motivaciones del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para replantear el asunto de la revisión del contrato mediante el cual se le concesionó a la empresa Agua de Puebla para Todos la prestación y cobro de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, y la remunicipalización del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla(SOAPAP).
La primera es la pretensión de la empresa de elevar este año en 16% las tarifas de agua, situación a la que el gobernador Barbosa se opone al asegurar que no hay condiciones para un aumento de esa naturaleza.
Y la segunda, que parece ser el meollo del asunto, es el próximo vencimiento de un crédito contratado a 20 años con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por 2 mil 201 millones de pesos.
Dicho préstamo, del que aún se deben 1 mil 220 millones de pesos, tendría que liquidarse en su totalidad el 30 de julio de 2028, lo que parece poco probable, considerando que en 14 años se ha pagado menos de la mitad del total del financiamiento.
El problema es que Banobras tiene como garantía de pago el 4% de la totalidad de las participaciones federales presentes y futuras del gobierno del estado, y que la institución podría comenzar a hacer efectiva esa garantía en cualquier momento.
¿Qué implicaciones tiene lo anterior?
De entrada, habría que descartar que la administración estatal vaya a rescindir el contrato de concesión del agua a la empresa de los Hank. Eso no va a ocurrir, con todo y que haya sido una promesa de campaña del actual gobernador y de los legisladores de Morena que son mayoría en el Congreso local.
De ahí que el propio mandatario haya parado en seco a sus diputados que el jueves salieron a declarar que estaban listos para desprivatizar el servicio y el cobro del agua en la capital del estado.
En su conferencia mañanera del viernes el gobernador Barbosa primero se burló de ellos, y luego los conminó a informarse, pero no solo a través de medios de comunicación. ¡Pónganse a estudiar este asunto… que es muy complejo!, les dijo.
El gobernador @MBarbosaMX aseveró que el tema la desprivatización del agua en la capital poblana no le “incumbe” al Congreso de #Puebla, esto luego de que diputados hablaran sobre el análisis y la discusión del tema en el nuevo proceso ordinario de sesiones. pic.twitter.com/NacKgRtfAa
— Periódico e-consulta (@e_consulta) May 13, 2022
Durante la misma conferencia el Ejecutivo dejó entrever que su gobierno no asumirá solo una responsabilidad (el pago de la deuda del SOAPAP) que no le corresponde de manera absoluta. “Sí le toca, pero no de manera absoluta, porque el servicio de agua es municipal. Claro que yo no dejaré que un municipio se estrangule, desde la capital hasta el municipio más chiquito, pero vamos haciéndolo de manera conjunta como lo hemos haciendo en materia de seguridad pública, salud y muchos otros temas”.
@MBarbosaMX dijo que no asumirá de “manera absoluta” la desprivatización del agua en Puebla y sostuvo que debe ser de manera conjunta con el municipio. pic.twitter.com/O6Eu3IJNig
— Periódico e-consulta (@e_consulta) May 13, 2022
Si bien el gobernador Barbosa no fue explícito sobre la responsabilidad conjunta a la que se refería, es evidente que esta alusión es la deuda pública que enfrenta el SOAPAP por 1 mil 220 millones de pesos, que debe liquidarse en julio de 2028 y que tiene comprometidas el 4% de la totalidad de las participaciones federales presentes y futuras del gobierno del estado.
Eso significa que el gobernador Barbosa quiere que el ayuntamiento de Puebla también le entre al pago de la deuda pública del organismo. De ahí su reiterado mensaje en el sentido de que el ámbito de influencia del SOAPAP es municipal y focalizado en la capital del estado.
De más está señalar que este tema ahondará las grietas que ya existen entre el gobernador Miguel Barbosa y el alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez, quien difícilmente aceptará pagar parte de los 1 mil 220 millones que se adeudan a Banobras.
La negociación será sin duda complicada, pero el gobernador y el alcalde debían coordinarse e involucrar a la concesionaria en el pago del adeudo.
¿Cómo?
Una alternativa sería ofrecerle la ampliación de su polígono territorial, extendiéndolo a algunas juntas auxiliares de Puebla, donde existen Comités de Agua que son un auténtico hoyo negro y en buena medida corresponsables de la sobreexplotación de los mantos freáticos y la contaminación de ríos, riachuelos y barrancas.
Con esta acción, las autoridades matarían no dos sino tres pájaros de un tiro, pues en primer lugar acabarían con estos comités de agua que operan sin ninguna regulación y sin dar cuentas a nadie de los ingresos que obtienen, y en segundo término porque ampliarían la base de grandes consumidores, fábricas, industrias y rastros (varios de ellos clandestinos) que pagan una miseria por el agua que utilizan en sus procesos y que arrojan al drenaje, a barrancas o ríos sin ningún tratamiento.
Pero además porque a cambio de esta ampliación territorial y sus nuevos clientes, Agua de Puebla para Todos tendría que comprometerse a pagar no solo parte de la millonaria deuda a Banobras sino a regularizar a muchos de los grandes consumidores de agua instalados en las juntas auxiliares o en los límites de Puebla y Tlaxcala que es una de las regiones más contaminadas de la entidad.
Nacho Mier, involucrado en lavado de dinero a través de Cambio y Arturo Rueda
El aspirante a la gubernatura de Puebla y coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, será tema central esta semana de investigaciones y publicaciones periodísticas basadas en pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Éstas revelarán que su socio José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, su contador Florentino Daniel Tavera Ramos y el periódico Cambio, cuya razón social es Multisistema de Noticias Cambio S de RL de CV, están involucrados en millonarias operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellas la extorsión.
Según la UIF, después de un análisis de las bases de datos con que cuenta, entre las personas físicas y morales que estarían involucradas en actividades probablemente constitutivas de delitos figuran, además de los arriba mencionados, el que fuera titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Serrano Romero, CESA Ingeniería y Consultoría Integral SA de CV, Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores de Empresas de México, y Comercio y Servicios EDUBI SA de CV.
Los detalles de la investigación se publicarán mañana en el portal La Verdad Noticias.
En las operaciones con recursos de procedencia ilícita serían piezas centrales el director de Cambio, y el contador Florentino Daniel Tavera Ramos, quien a su vez también sería contador de las empresas del ex auditor Francisco Romero Serrano, actualmente preso en el penal de San Miguel por delitos de lavado de dinero.
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