Simulaciones legislativas y justicia selectiva
Aunque el discurso oficial reza que en Puebla no hay privilegios y que aquí se aplica la ley sin distingos, lo cierto es que la nuera de Verónica Vélez Macuil ha tenido que batallar mucho para que sus denuncias por daño en propiedad ajena, violencia familiar y despido injustificado le sean recibidas en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal de Arbitraje del Estado.
Gema Ivonne Cortés Jiménez ha tenido que recorrer distintas oficinas y recurrir a diferentes instancias para que sus denuncias en contra de su aún esposo, César Andrés Vélez Macuil, fueran finalmente recibidas en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
La primera vez que intentó denunciar a su cónyuge por la destrucción de su auto y el saqueo de su hogar en el fraccionamiento Cipreses de Mayorazgo, en las oficinas centrales de la fiscalía, ningún ministerio público quiso abrir la carpeta de investigación.
Pudo hacerlo más tarde, pero en la agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia.
Y lo mismo pasó hoy con el juicio laboral que por despido injustificado presentó en contra del director General del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas, y la coordinadora de Comunicación Social y Agenda Digital del gobierno del estado, Verónica Vélez Macuil.
Gema Cortés se presentó con su demanda escrita al Tribunal de Arbitraje del Estado, y ahí le dijeron que no eran competentes y que primero tendría que acudir al Centro de Conciliación Laboral del Estado, en la Calle 11 Norte 806.
Así lo hizo, pero tampoco quisieron atenderla, por lo que la enviaron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Trabajo (Prodet) de la Calle 20 Sur 1828, en la colonia Azcárate.
En ese lugar tampoco pudo hacer nada, pero la remitieron a la sede de los Tribunales Labores de la 6 Norte 1201, en el barrio de San Francisco.
Ya en el lugar le dijeron que en realidad tenía que promover su juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ubicada en la 20 Sur 902, donde tampoco fue recibida su demanda. Ahí le dijeron que la instancia competente era el Tribunal de Arbitraje del Estado, a donde inicialmente había acudido y donde finalmente su denuncia le fue recibida, firmada y sellada con fecha de hoy, lunes 9 de mayo, a las 11:54 horas.
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El proceso que lleva a cabo el Congreso local para elegir al futuro titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) es una auténtica simulación. Desde antes que se publicara la convocatoria ya se sabía que la elegida sería la actual secretaria de la Función Pública, y cuando el nombre de Amanda Gómez Nava apareció entre los aspirantes al cargo, ya a nadie le quedó duda de que así sería.
Lo importante ahora no es saber si llegará a la terna final que proponga al pleno de la LXI Legislatura la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, pues no hay ninguna duda, sino saber si Amanda Gómez obtendrá la mayoría calificada que necesita para ser nombrada.
Y para que consiga la mayoría calificada no son suficientes los votos de los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PVEM. Amanda requiere de los sufragios de los legisladores del supuesto bloque opositor conformado por el PAN y el PRI.
Esta designación confirmará lo que aquí le hemos venido diciendo, que en Puebla no hay bloque opositor y que en la práctica pesan más los acuerdos del gobernador Miguel Barbosa con algunos diputados priístas y panistas que la alianza electoral PRI-PAN firmada en 2021 y que los dirigentes de ambos partidos pretenden refrendar en los comicios del 2024.
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