Hágase la transparencia en los bueyes de mi compadre
Cómo creer en la transparencia y en la honestidad de la Cuarta Transformación poblana, si el discurso de sus representantes no se acredita en hechos y acciones concretas en cuatro eventos recientes, a saber:
El primero y más relevante se desprende de 35 solicitudes de información pública hechas a igual número de dependencias y organismos del gobierno del estado que reportaron haber realizado algún tipo de compra o contrato para atender la contingencia sanitaria provocada por los contagios de Covid-19.
El resultado de este ejercicio fue decepcionante en términos de transparencia y rendición de cuentas: De los 1 mil 86 millones de pesos invertidos por la administración barbosista para hacer frente a la pandemia durante el año 2021, únicamente transparentó el 1.08% de los contratos, es decir compras por un monto de 11.8 millones de pesos.
En otras palabras: La opacidad se mantuvo sobre 99% de los recursos erogados por el gobierno de la 4T poblana para combatir el coronavirus en sus diferentes variantes. La información sobre quiénes fueron los proveedores beneficiados con contratos y compras de bienes y servicios por 1 mil 74 millones de pesos no solo se ocultó, sino que se reservó por cinco años, según la investigación del periodista René Valencia.
Lo mismo sucede con la licitación lanzada por la Secretaría del Medio Ambiente para concesionar 34 verificentros en diferentes municipios de la entidad. Los plazos marcados por la convocatoria no se respetaron, el fallo del concurso debía darse a conocer el 5 de enero, pero fue hasta ayer que la dependencia informó que 18 concesiones por un plazo de 20 años fueron adjudicadas y 16 declaradas sin ganador o desiertas.
Estas concesiones que también rebasan el periodo del actual gobierno estatal no fueron autorizadas por el Congreso local, pese a que extenderán por tres sexenios. A diferencia de lo que ocurre con las concesiones de estructuras publicitarias que pretende realizar el ayuntamiento de Puebla por 10 años, en esta licitación nadie levantó la voz, ni se quejó de que el gobernador Barbosa no hubiera solicitado al Poder Legislativo su permiso para tales concesiones.
La Secretaría del Medio Ambiente se rehusó a revelar qué empresas o particulares ganaron los 16 centros de verificación vehicular que sí fueron adjudicadas, argumentando que esta información estaba en poder de las áreas jurídicas.
Un tercer evento que pone de manifiesto la opacidad con que se conducen algunos actores políticos de la 4T poblana, entre ellos la diputada morenista Olga Lucía Romero Garci Creso, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.
Esta comisión que ahora se denomina de Control, Evaluación y Vigilancia sesionó ayer a puerta cerrada, es decir, sin permitir el acceso de los representantes de los medios de comunicación para conocer cuáles fueron las faltas graves en que habría incurrido Francisco José Romero Serrano para ser removido como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Los periodistas tampoco pudieron saber cuáles fueron los argumentos que presentó Romero Serrano para defender su permanencia en el cargo, pese a encontrarse preso en el Cereso de Puebla acusado de delitos de violencia familiar y de manejar recursos de procedencia ilícita.
La legisladora de Tehuacán solo dijo que Romero Serrano no presentó alegatos contundentes para evitar su destitución, la cual tendrá que ser aprobada por el pleno de la LXI Legislatura en un periodo extraordinario de sesiones.
El cuarto y último acontecimiento es la sesión del órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) donde los integrantes de Comité Coordinador discutirían la terna de candidatos a la Secretaría Técnica enviada por los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana.
Dicha sesión efectuada el 17 de febrero se realizó también en lo oscurito, y eso que se trataba de la designación de quien en los hechos hace las funciones de secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante el vespertino encuentro virtual los integrantes del Comité Coordinador rechazaron a los tres candidatos propuestos para la Secretaría Técnica, porque a su juicio ninguno cumplía con los requisitos de la convocatoria, lo que molestó al presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, Francisco Javier Mariscal Magdaleno.
Éste exigió que su negativa la fundaran y motivaran, pero los integrantes del órgano de gobierno del SEA lo ignoraron y por seis votos contra uno, el de Francisco Javier Mariscal, resolvieron rechazar la terna y la reposición del procedimiento.
Todo eso se sabe de oídas, por declaraciones de los involucrados, pero no consta en actas, ya que además las sesiones del órgano de gobierno del SEA no son públicas, ni se transmiten en redes sociales.
¡Viva la opacidad!
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