Daniel Iván Cruz, cuarto secretario de Seguridad y no parece que sea el último
La decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de remover al secretario de Seguridad Pública y al subsecretario de Centros Penitenciarios, y de sustituirlos por nuevos funcionarios de bajo perfil, no es ninguna garantía de que la seguridad vaya a mejorar o de que la corrupción en los penales de la entidad vaya a desaparecer.
Y menos cuando el gobernador sigue sin coordinarse con la Federación en estos temas, o tomando decisiones al margen de los secretarios de Marina y la Defensa Nacional, pese a la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde que el gobernador Barbosa pretendió nombrar al almirante Marco Antonio Ortega Siu como secretario de Seguridad del estado, sin consensuar primero esa designación con el jefe de aquel, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el Ejecutivo estatal ha optado por distanciarse de la Federación en esta materia, equivocándose una y otra vez.
Primero nombrando al cuñado del secretario de Marina, el vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, sin ninguna experiencia operativa en asuntos de Seguridad Pública; luego sustituyéndolo a los seis meses por el chiapaneco Raciel López Salazar, precedido de una pésima fama a su paso por Delegación de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del estado de Chiapas.
A Raciel López lo reemplazó después de 14 meses Rogelio López Maya, quien venía desempeñándose como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y quien tampoco tenía experiencia operativa, pues se especializó en la aplicación de evaluaciones de control de confianza.
Por esa situación, a López Maya lo rebasaron los problemas de inseguridad, sobre todo después de que Ardelio Vargas Fosado, quien lo recomendó, renunció a la Subsecretaría de Gobernación dejándolo en la orfandad política.
Ahora el gobernador Barbosa designó a Daniel Iván Cruz Luna, quien se convierte en su cuarto secretario de Seguridad en los 28 meses que lleva su gestión.
Su nombramiento carece del Visto Bueno del gabinete de seguridad federal, a pesar de que haya ocupado posiciones menores en la Secretaría de la Marina Armada de México. Y algo aún más preocupante, carece de experiencia en cuestiones tácticas y operativas de seguridad, en el sistema penitenciario y de readaptación social de los reclusos.
En su currículum no hay un solo dato que apunte que el asesor jurídico, y hasta ayer administrador de los juzgados de oralidad penal y de ejecución del Tribunal Superior de Justicia, sea la persona idónea para sacar a Puebla de la crisis de inseguridad en que se encuentra, y para limpiar a fondo los añejos vicios del sistema penitenciario local.
A la distancia, da la impresión de que el gobernador Barbosa se apostó por una figura sin cola, sin antecedentes que cuestionen o pongan en entredicho su designación.
En lugar de optar por un policía con oficio, con experiencia y mando, el ejecutivo me parece que vuelve a equivocarse al inclinarse por un teórico, por un abogado que ha sido asesor de militares, pero sin ningún logro que presumir sobre cómo enfrentar a la delincuencia o depurar las cárceles de la entidad, ante la grave crisis y descrédito en que se encuentran después del escándalo del bebé que ingresó muerto al penal de San Miguel y luego fue tirado en un contenedor de basura sin que nadie se percatara de ello, y sin que alguna autoridad explique hasta ahora cómo pudo ocurrir.
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