Lo que el DAP puso en evidencia
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Muchas son las cuestiones que puso en evidencia la discusión del Derecho por Alumbrado Público (DAP) y la negativa de aprobarlo para los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pecho Cholula.
Dicho derecho se aprobó para 144 municipios que lo incluyeron en sus leyes de ingresos, pero se rechazó para la capital y las Cholulas, no obstante que la fórmula para calcularlo es exactamente la misma que de los anteriores.
La evidencia más obvia es que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y sus homólogos de las Cholulas no controlan, ni mandan a los diputados de su bancada en la LXI Legislatura del Congreso del estado. De los nueve legisladores panistas, solo tres votaron a favor del DAP: Eduardo Alcántara Montiel, Oswaldo Jiménez López y Karla Rodríguez Palacios.
Como consecuencia de lo anterior esos tres ayuntamientos panistas se verán obligados a contratar deuda pública y ajustar a la baja sus presupuestos de egreso.
Otra cuestión que también mostró esa votación de 34 sufragios en contra y solo 3 a favor, es que la alianza política de Eduardo Rivera con varios de los dirigentes partidistas que en los comicios locales de junio de 2021 lo apoyaron, es poco sólida. El edil capitalino fue uno de los principales impulsores del DAP; necesitaba ese derecho para recaudar unos 140 millones, de los 450 millones de pesos que anualmente paga el ayuntamiento de Puebla por alumbrado público a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, su petición no fue secundada por los diputados Néstor Camarillo Medina y Carlos Froylán Navarro Corro, quienes a su vez son dirigentes del PRI y PSI respectivamente, partidos que en los comicios intermedios de este año avalaron su candidatura a la presidencia municipal de la capital.
Lo ocurrido en la sesión extraordinaria del viernes por la madrugada también dejó entrever que el gobernador Luis Miguel Barbosa puede entronizar al alcalde capitalino, o complicarle su proyecto político futuro en función de la actitud y el comportamiento de los dirigentes y legisladores panistas.
Varios diputados contaron al que esto escribe que el gobernador Barbosa cree que Eduardo Rivera no hizo lo suficiente para que los diputados del PAN aprobaran las reformas fiscales para dar forma al DAP, y para que éstos lo aprobaran en las leyes de Ingresos de los municipios.
Según un legislador panista, que votó en contra del DAP, y mantuvo una comunicación constante con los legisladores de Morena que también lo rechazaron, la lógica del gobernador para darle la espalda el presidente municipal de Puebla en la aprobación de este derecho fue la siguiente: “Si tú no puedes con los tuyos, yo por qué te voy a dar los míos”.
Otro diputado del bloque mayoritario, pero que no es parte de Morena, interpretó que la negativa de aprobar el DAP en las leyes de ingresos de los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula se debió a un desacuerdo entre el gobernador y Eduardo Rivera: “Yo creo que hubo una fricción porque en la última semana el 01 le dijo que, si no convencía a su propia bancada panista, el DAP se le caía. ¡Y así fue!
Por eso mandaron hasta el final a esos 3 municipios, únicamente para ver cómo votaban los del PAN los tres bloques anteriores”.
Un diputado de Morena, que desde un principio manifestó su rechazo al DAP, dijo que antes de la sesión ya corría el rumor que tal derecho no se aprobaría para la capital, porque los Morena no estaban dispuestos a asumir todo el costo político de una decisión que al final ni los legisladores del PAN avalarían, siendo que los principales favorecidos serían sus ayuntamientos.
Este diputado no descartó que la dirigencia nacional de Morena hubiera intervenido para que el DAP fuera rechazado en Puebla y las Cholulas, y dijo que ello explicaría el voto en contra de la legisladora Tonantzin Fernández Díaz en las reformas al Código Fiscal y en los cuatro bloques de leyes de Ingresos municipales, a pesar de su cercanía al grupo del gobernador. “Tonantzin es la cuota de Mario Delgado Carrillo”.
Hacía el interior de los grupos parlamentarios del Poder Legislativo local, el DAP también tuvo repercusiones.
En el bloque de Morena el llamado G5 ya se percató que los legisladores barbosistas pueden ser susceptibles de presiones y hasta desacatar la línea de Casa Aguayo, cuando sus iniciativas y decretos sean contrarios a los intereses de la 4T o del presidente López Obrador.
En la fracción panista lo que se observa es que su coordinador Eduardo Alcántara Montiel viene perdiendo consenso entre sus compañeros, sobre todo cuando éste tiene que asumir en ciertos temas el rol de opositor al gobierno del estado.
Y en la bancada del PRI lo que trasciende es que el pacto de su coordinador cameral Jorge Estefan Chidiac con el gobernador Miguel Barbosa y el presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, es más sólido que la alianza del presidente de este partido, Néstor Camarillo, con el presidente municipal de Puebla, y con los diputados de su propio instituto político.
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