Heredarán más de 300 cuentas pendientes de aprobación a la siguiente Legislatura local

Menudo lío es el que heredará la LX Legislatura del Congreso del Estado a los diputados entrantes, por la decisión del que fuera presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, y la presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garcicrespo, de retener la aprobación de más de 300 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018.

Dichas cuentas públicas o informes individuales, que corresponden a presidentes municipales, organismos públicos descentralizados y otras entidades y dependencias estatales, fueron elaborados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y remitidos al Congreso del Estado.

Sin embargo, la Comisión Inspectora nunca dictaminó esos informes ni los presentó al pleno de la Cámara para su aprobación o, en caso de daño patrimonial, remitirlos al Tribunal de Justicia Administrativa.

Inexplicablemente la presidenta de la Comisión Inspectora, la diputada Romero Garcicrespo, retuvo las cuentas públicas que recibió en 4 diferentes entregas: 30 de septiembre, 12 de noviembre y 19 de diciembre de 2020, y 30 de junio de 2021.

El asunto preocupa pues a la saliente Legislatura sólo le restan cuatro sesiones ordinarias, en las que difícilmente podrá aprobar las más de 300 cuentas públicas pendientes de 2018.

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Ahora que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) de Puebla anda investigando los delitos de desvío de recursos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada en que habrían incurrido funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, y contratistas de las obras del Centro Expositor, valdría la pena se echaran un clavado en una tesis de Arquitectura de la BUAP.

En ese documento vienen interesantes antecedentes de algunas de las empresas y empresarios involucrados en esa transacción de 107 millones de pesos.

Como ya se lo informé en anteriores entregas, los pagos salieron a nombre de personas y empresas distintas a las que obtuvieron los contratos por obras complementarias en el Centro Expositor de Puebla.

En la tesis presentada por José Alberto Urusquieta Alvarado titulada “Desarrollo Ejecutivo de Proyectos de Conservación y Urbanización del Estado de Puebla” se detalla cómo varios de los involucrados se conocieron hace más de 20 años como directivos o asesores jurídicos de Grupo Alvaro Ramos SA (ARSA), constructora en ese entonces dedicada a la perforación de pozos y la construcción de asfaltos y carreteras.

Entre ellos Óscar García Chargoy, quien era el gerente, y que hoy es socio de Constructora García Chargoy y Asociados SA de CV, y Eduardo Liceaga Marín, emparentado con Eduardo Liceaga García, empresario y apoderado de Instalación Inmobiliaria SA de CV y de las empresas asociadas a las obras del Centro Expositor, entre ellas Central de Construcciones y Asociados SA de CV y Liceaga & Sons Company SA de CV.

La tesis está fechada en noviembre de 2014 y los antecedentes que cito aparecen enunciados en el capítulo 2.