UDLAP: La guerra por los dineros de la Fundación Mary Street Jenkins
El pleito por el control del Patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla es, en realidad, el telón de un conflicto mayor por los dineros (algo así como 720 millones de dólares) de la Fundación Mary Street Jenkins, y porque éstos regresen y se apliquen en Puebla, respetando la voluntad de su creador y mecenas William Oscar Jenkins Biddle.
William Jenkins creó la Fundación en memoria de su esposa, legó la totalidad de su fortuna para obras de beneficencia en México, y especialmente en Puebla, y estableció que sus donaciones debían enfocarse a mejorar la suerte de los pobres, a través de la construcción de escuelas y hospitales.
De más está mencionar que su voluntad no se ha respetado a cabalidad, que los presidentes y miembros del patronato de la Fundación han sido omisos con su filosofía, lo mismo que los gobiernos e instituciones encargadas de su vigilancia como la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla y sus antecesoras.
Todos los gobernadores de Puebla han tratado de beneficiarse con sus aportaciones y donaciones, y el actual, Luis Miguel Barbosa Huerta, no es la excepción, solo que lo hizo aliándose con una de las partes en conflicto, Guillermo Jenkins de Landa —quien tiene demandada a su madre y cuatro hermanos—, y con la asesoría jurídica de su amigo, el también ex senador Roberto Gil Zuarth.
Si la estrategia y el método empleados para que regrese a Puebla la Fundación Mary Street Jenkins y sus multimillonarios fondos son legales, legítimos o idóneos, es algo discutible y polémico que los tribunales tendrán que resolver en su momento.
Lo lamentable del conflicto es que éste se ha trasladado a una de las mejores instituciones educativas de Puebla y el país, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que ayer martes fue tomada por la policía estatal para dar posesión a un nuevo Patronato, cuyos integrantes —quién sabe cómo y bajo qué criterios fueron designados por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada— carecen de experiencia en el manejo de instituciones educativas y están absolutamente desvinculados esa comunidad universitaria.
De ahí que el calificativo de espurios que el rector Luis Ernesto Derbez y los patrones desplazados les endilgan no es del todo equivocado.
La toma de UDLAP se inscribe, pues, en este pleito de los Jenkins y en la alianza que el gobernador Barbosa ha hecho con uno de sus integrantes, Guillermo Jenkins de Landa, para sacar provecho de las donaciones de la Fundación creada por un empresario estadounidense que en los cincuenta y sesenta fue considerado uno de los hombres más ricos y poderosos de México y que por voluntad propia decidió donar su fortuna para obras de beneficencia, desheredando a sus cinco hijos y descendientes.
El pretexto legal o la estrategia jurídica que un Juez de Control del estado de Puebla argumentó para sacar a Derbez de la UDLAP y a los hermanos Jenkins de Landa de su patronato es restituir a la Fundación Universidad de las Américas Puebla la posesión jurídica y material de las instalaciones de esta institución, como parte de un acto de recuperación del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
Ojalá y esta batalla por el Patronato de la UDLA, que es parte de una guerra por los dineros y el dominio de la Fundación Mary Street Jenkins, no lleve entre las botas de sus combatientes a una de las mejores universidades de Puebla, y el país.
Ojalá.
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Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se presentó la mañana de este miércoles al domicilio fiscal de una de las empresas de Antonio Grajales para ejecutar un embargo.
Entre los bienes asegurados, destaca un Jeep Wrangler color verde militar, que por lo regular era conducido por Antonio Grajales Salas, que estaba estacionado frente a las instalaciones de Radio Oro y el periódico ContraRéplica.
Las causas del embargo se desconocen, pero trasciende que se deriva de impuestos no declarados o pagados del ejercicio fiscal de 2017 o de una venganza del contador Leobardo Corona al que los Grajales habían escamoteado su liquidación.
Para no indemnizarlo los Grajales se habrían aprovechado de una denuncia de acoso sexual y de impresiones de pantalla de mensajes de WhatsApp que el contador habría enviado a una empleada haciéndole proposiciones indecorosas.
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A propósito.
Se sabe que además de los problemas fiscales que enfrentan los Grajales con el SAT, tienen dificultades para cubrir al gobierno federal el refrendo de sus estaciones radiofónicas y desacuerdos con su gerente Francisco Olaya, por los derechos y pagos que tiene Radio Oro tiene que hacer para convertir su estación del 92.9 del cuadrante de Frecuencia Modulada en Radio Disney.
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