Novedades del proceso contra funcionarios galistas de Infraestructura
El proceso que tiene en la cárcel a dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura durante el gobierno de José Antonio Gali Fayad (Alfonso Siriako Guillén Almaguer y Froylán Pedraza Bouchán), por haber autorizado el pago de más de 107 millones de pesos a personas y empresas distintas a las que obtuvieron los contratos por obras complementarias en el Centro Expositor de Puebla, tiene varias novedades.
La primera es que tanto el ex coordinador jurídico, Alfonso Siriako Guillén, como el ex encargado de Despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura, Froylán Pedraza, siguen recluidos en el penal de San Miguel de la capital poblana, a pesar de los recursos legales que han promovido para su liberación.
Como se recordará, el primero fungía como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y el segundo como funcionario administrativo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, al momento de la detención de ambos el viernes 14 de mayo de este año.
La segunda novedad es que cinco ex funcionarios más de la Secretaría de Infraestructura siguen en calidad de prófugos de la acción de la justicia, entre ellos la que fuera titular de la dependencia Martha Vélez Xaxalpa, y el subsecretario Francisco Xabier Albizuri Morett, así como Francisco Javier Nava García, José Salvador Gómez Arredondo y Diego González Cobián Ballvé.
De éstos se sabe, con base reportes de la Interpol, que al menos dos abandonaron el país, para esconderse en Europa.
La tercera noticia es que el ex presidente de la Delegación Puebla de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José Antonio Hernández González, promovió un amparo, el 531/2021, pero que por la gravedad de los delitos un juez federal se lo negó, y que lo mismo ocurrió con Eduardo Liceaga García, empresario y apoderado de las empresas asociadas a la titular del contrato, Instalación Inmobiliaria SA de CV.
También se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación a Eduardo Liceaga, quien en lugar de entregar el dinero que recibió de la Secretaría de Infraestructura para la empresa Central de Construcciones y Asociados SA de CV, y apoderados representantes legales José Antonio Hernández y José Alberto Vázquez Matamoros, lo trianguló a diversas firmas que nada tuvieron que ver con los trabajos realizados en el Centro Expositor.
Esta triangulación sería para lavar el dinero recibido (más de 107 millones de pesos) y para que éste regresara “limpio” a ciertos servidores involucrados en este desvío de recursos públicos, por el que se iniciaron procesos penales por los delitos de abuso de autoridad, fraude, asociación delictuosa, peculado y tráfico de influencias.
La última novedad es que entre las empresas de fachada y particulares que habrían sido usados para esta cuantiosa transa figuran Constructora TORRHNOS SA de CV, Impulsora de Obras Viales SA de CV, Constructora TALTEKIT SA de CV, Constructora García Chargoy y Asociados SA de CV, Ricardo Tovar Eliosa, Gunder S de RL de CV, y Liceaga & Sons Company SA de CV.
Algo que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) de Puebla y la Unidad de Inteligencia Financiera también están investigando en si ese pago de más de 107 millones de pesos se desvió hacia alguna campaña política por las fechas en que ocurrieron los hechos.
Hasta aquí las novedades de este caso que tiene una clara dedicatoria para el exgobernador José Antonio Gali y uno de sus funcionarios consentidos, Xabier Albizuri.
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