Por qué tanta complacencia del gobierno hacia la empresa de las fotomultas
La tolerancia que ha mantenido el gobierno del estado (en particular la Secretaría de Planeación y Finanzas) hacia la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual contrató la operación del programa monitoreo vial a través de 157 radares de velocidad, por un monto de 773.6 millones de pesos con IVA incluido, ya da qué pensar.
La empresa que ha incumplido de manera sistemática con las cláusulas del contrato de prestación de servicios —comenzando por el número de cámaras de detección de exceso de velocidad y de monitoreo de placas y alertas de vehículos involucrados en delitos que debían estar en funcionamiento— no ha conseguido en los 18 meses que lleva de operación, la meta de generar 380 mil fotomultas mensuales.
Sin embargo, tal situación no le ha impedido cobrar más 21 millones de pesos mes con mes, o ser penalizada en los términos de la cláusula décimo tercera del contrato.
La Secretaría de Planeación y Finanzas tampoco le ha hecho efectiva la póliza de garantía por incumplimiento, que es de 67 millones de pesos o el equivalente al 10% del monto del servicio convenido; ni le ha rescindido el contrato firmado el 30 de diciembre de 2019.
Inexplicablemente el gobierno estatal ha venido justificándola.
El viernes, para no ir muy lejos, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta admitió en su conferencia de prensa que la recaudación del programa Monitor Vial estaba lejos de lo esperado, pero que éste se mantendría hasta el final de su administración porque estaba siendo de gran utilidad en materia de seguridad.
“… las fotomultas se quedan porque están sirviendo para muchas cosas, no son un tema recaudatorio”, dijo el gobernador.
Lo que no explicó es porqué Intecproof no está cumpliendo con la meta de generar 380 mil fotomultas al mes. En mayo la empresa jalisciense, que tiene como representante o administrador único a Pablo Arturo Cárdenas Mora, levantó unas 71 mil 500 fotoinfracciones, y hasta el 23 de junio solo llevaba unas 53 mil fotomultas.
Las causas que explican por qué el proveedor ha incumplido con las obligaciones del contrato de prestación de servicios son muchas, y casi todas atribuibles a Intecproof.
De entrada, hay que señalar que los monitores instalados carecen de las cámaras adecuadas para captar imágenes a color de vehículos que excedan los límites de velocidad, así como para tomar al menos una foto de sus placas de circulación para identificar el auto infractor, la ubicación del equipo que captó la fotomulta, la velocidad, el carril y el sentido en que la unidad era conducida en un rango de 10 a 300 kilómetros por hora.
Otra razón radica en que varios de los equipos instalados en las principales autopistas y vialidades estatales han sido vandalizados o robados, llevándose las cámaras o dañándolas, por lo que éstas están apagadas o no funcionan.
Según el contrato, el proveedor tenía la obligación de proteger estos equipos, de arreglarlos, darles mantenimiento y, en caso extremo, de sustituirlos en un plazo no mayor de 15 días.
En un muestreo realizado hace unos días en la Vía Atlixcáyotl y la autopista Siglo XXI, el llamado Anillo Periférico Ecológico, el Bulevar Forjadores de Puebla, se pudo comprobar que 21 de esos puntos estaban siniestrados, que en 17 los postes carecían de cámara y en cuatro más que los cinemómetros estaban apagados.
Se sabe que en algunos puntos enunciados, las fallas o descomposturas de los monitores viales vienen desde enero de este año, es decir tienen casi seis meses sin funcionar, no obstante que el contrato firmado por Intecproof SA de CV y el gobierno del estado a través de la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y el entonces secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, establece que los radares de velocidad en caso de daño o descompostura deben repararse o sustituirse en 15 días.
Vuelvo a preguntar:
¿Por qué tanta tolerancia y complacencia hacia la empresa jalisciense Intecproof SA CV?
¿Por qué la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, no aplica las penalizaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios o hace efectiva la garantía de 67 millones de pesos?
¿Por qué el gobernador Miguel Barbosa no solo no rescinde este contrato, que vence hasta el 31 de diciembre de 2022, dados los incumplimientos y violaciones en que el proveedor ha incurrido, sino que incluso deja entrever la posibilidad de ampliarlo hasta el fin de su administración?
¿Quién apadrina a esta empresa, que vino a sustituir a Autotrafic SA de CV, y que ofreció mejorar lo que esta hacía?
Son preguntas, que conste.
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EN CORTO
Este domingo falleció de un infarto, al parecer de un intento de robo en su casa, el médico José Alberto Vázquez Benítez, asiduo colaborador de e-consulta con notas culturales y a través de su blog Toros, toros, toros.
José Alberto Vázquez fue un poblanólogo, amante de la Angelópolis y su cultura, fue médico cirujano, funcionario público y juez de plaza en Puebla, Tlaxcala, Teziutlán y otras ciudades.
Es autor de varias publicaciones y un cuento autobiográfico titulado Los Vientos de San Bernardo, que cuenta la historia de un hospital enclavado en el caribe colombiano, donde el doctor Vázquez Benítez fue médico residente al final de la década de los setenta del siglo pasado.
El libro se presentó en marzo de 2016 en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.
Descanse en paz.
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Quien también falleció este fin de semana fue el ex presidente municipal de Puebla, Victoriano Álvarez García, en el trienio de 1981 a 1984.
Murió en Cancún a donde se fue a vivir después de concluir su gestión que no es bien recordada.
Victoriano Álvarez García fue alcalde de Puebla en la primera mitad del sexenio del gobernador Guillermo Jiménez Morales, gracias al entonces dirigente nacional del PRI, Gustavo Carvajal Moreno.
Al momento de su muerte tenía 75 años.
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