LA CORTE DE LOS MILAGROS

Aguas con lo que sucede en los mandos de la Secretaría de Seguridad

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Algo grave, pero muy grave, está ocurriendo en Puebla con los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que se han visto involucrados en cuestiones de posesión ilegal de drogas, protección de bandas de huachicoleros y huachigaseros, y delincuencia organizada.

El asunto no ha pasado inadvertido para el gobierno federal, incluso antes de la salida de los chiapanecos que llegaron a Puebla con Raciel López Salazar y Florencio Madariaga Granados y que prácticamente tenían el control de todos los cuerpos y áreas de seguridad del estado.

La detención del jefe de la Base de Operaciones de EsperanzaJuan Carlos Romero Abraham, por parte de miembros del Ejército la noche del martes, cuando estaba en posesión de 300 dosis de marihuana, cristal y cocaína que no pudo justificar, y la remoción del director de la Policía Estatal, Julián Palomar del Valle, por supuestamente haber sido omiso en el relevo  de aquél, son hechos que los cuerpos de inteligencia nacional siguen con detenimiento ante la presunción de que algo está sucediendo en los mandos policiacos de la entidad.

Un secreto a voces entre los mandos policiacos de Puebla es que el jefe de Operaciones de Esperanza estaba ahí, no por el removido director de la Policía Estatal, sino por el director de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, el comandante Saúl Gamboa Condado, y que éste mantiene una estrecha relación con Ardelio Vargas Fosado desde 2011.

En 2020 el comandante Saúl Gamboa fue ubicado en la estratégica Subdirección de Delitos de Alto Impacto de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, donde sus propios compañeros lo señalan como el responsable de hacer el trabajo sucio, sembrando dinero, drogas o pruebas a determinados personajes para incriminarlos, arraigarlos y consignarlos.

 Saúl Gamboa fue quien mantuvo a Romero Abraham —otro viejo conocido de Ardelio Vargas— como jefe de la Base de Operaciones de Esperanza.

Algo que vale la pena mencionar es que esta no es la primera vez que Romero Abraham aparece inmiscuido en asuntos de drogas y narcotráfico.

En el sexenio de Mario Marín Torres, su pareja, Paola N., alias “La Tita” fue detenida en un operativo en posesión de cocaína. Pero hubo algunas llamadas para interceder por ella, por lo que no le fueron levantados cargos.

La Tita es jefa de una banda de narcomenudistas que opera en la junta auxiliar Romero Vargas, así como en las Cholulas, Cuautlancingo y parte de Puebla capital.

Dicha información no es desconocida por algunos mandos policíacos, que ven el despido del director de la Policía Estatal, Julián Palomar del Valle alias “Tauro”, como una cortina de humo, un distractor, para encubrir a los verdaderos impulsores de Juan Carlos Romero Abraham como jefe de la Base de Operaciones ubicada en el municipio de Esperanza.

Si de verdad el gobernador Luis Miguel Barbosa no va a proteger, como dijo en su mañanera del martes, a ningún jefe policiaco involucrado en delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, lo primero que tendría que hacer es no dejarse engañar por quienes responsabilizaron al director de la Policía Estatal de la permanencia de Romero Abraham en la Base de Esperanza.


Pero también pedir la colaboración de los cuerpos de inteligencia nacional y comenzar a desconfiar de quien le miente o le dice verdades a medias sobre la Secretaría de Seguridad para deshacerse de unos mandos, para en realidad colocar a los suyos.

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Cuentan que en aras de ganar votos y algunos liderazgos en la zona de Tecamachalco y Quecholac, el dirigente del partido Pacto Social de Integración, Carlos Navarro Corro, está hablando de más al prometer cargos de dirección o administración en las universidades e institutos tecnológicos, si llega al Congreso del Estado como diputado local.

Y que lo mismo viene haciendo el ex presidente municipal Inés Saturnino López Ponce, quien pretende volver a gobernar el ayuntamiento de Tecamachalco, pero con las siglas del PSI.

La duda mata: ¿lo hacen con autorización de algún miembro del gobierno del estado, del que dependen los nombramientos en las universidades e institutos tecnológicos, o a título personal para ver a quién se chamaquean?.

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