De omisiones, filtraciones, demandas selectivas y cosas peores
Algo que no se ha dicho sobre el proceso que sigue en contra de al menos siete funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, es quién es el segundo detenido además del magistrado Alfonso Siriako Guillén Almaguer.
Sólo ha trascendido que se llama Froylán Pedraza Bouchán y que al momento de su detención, el viernes 14 de los corrientes, el susodicho fungía como funcionario del Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia del Estado.
Froylán Pedraza fue detenido, acusado de cometer delitos contra la administración de justicia, por autorizar el finiquito de trabajos en el Centro Expositor y en el Centro de Convenciones a empresarios distintos a los que obtuvieron el contrato, en su calidad de encargado de despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura.
Con un agravante adicional, lo hizo a sabiendas que la liquidación de esas obras, por un monto de 107 millones de pesos, estaba en litigio en un Juicio de reconocimiento y ejecución de Laudo Arbitral, que se tramitó en el Juzgado 1° de Distrito.
Dicho juicio lo ganó la empresa titular del contrato, Instalación Inmobiliaria SA de CV, y no las constructoras representadas por Eduardo Liceaga García, entre las que figura la del ex presidente de la Delegación Puebla de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), José Antonio Hernández González.
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A propósito.
Los abogados gubernamentales que denunciaron a siete ex funcionarios de la Secretaría de Infraestructura ya también tramitaron solicitudes de información ante Poder Judicial del estado, valiéndose de un tercero, para conocer el currículum de dos ex colaboradoras de Froylán Pedraza.
Se trata de Ana Luz Díaz Sánchez y Karla N, que fueron subordinadas de aquél en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Infraestructura y que actualmente están adscritas a la Unidad de Estadística del Tribunal Superior de Justicia.
A ver si estas solicitudes de información sí proceden y no se demoran como ocurre con casi todas las que se presentan ante las unidades de transparencia de las dependencias y poderes públicos con el pretexto de la pandemia.
Los que saben del tema aseguran que vía Froylán Pedraza y sus colaboradoras, los sabuesos de la 4T poblana creen que pueden llegar a fincar responsabilidades al ex subsecretario de Obra Pública y Comunicaciones, Francisco Xabier Albizuri Morett, e inhibir al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, de cualquier filtración en beneficio de galistas.
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Los otros cinco funcionarios denunciados ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por el actual titular de la Secretaría de Infraestructura del estado, Juan Daniel Gámez Murillo, dentro de la carpeta de investigación FECC/3415/20202, son Martha Vélez Xaxalpa, Francisco Javier Albizuri, Francisco Javier Nava García, José Salvador Gómez Arredondo y Diego González Cobián Ballvé.
La primera era la titular de la dependencia; el segundo, subsecretario de Obra; el tercero y el cuarto fueron coordinadores Jurídicos, y el quinto, coordinador general Administrativo, todos ellos de la entonces Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes.
Son acusados de los delitos de abuso de autoridad, fraude, asociación delictuosa, peculado y tráfico de influencias.
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Una cuestión que el gobierno de la 4T de Puebla debería aclarar sobre sus acciones y demandas de combate a la corrupción es por qué hay funcionarios del morenovallismo, que fueron responsables directos de autorizar compras, contratos de prestación de servicios y el pago de obras y bienes a sobrecosto, a los que nadie molesta ni toca con el pétalo de una rosa.
Por ejemplo, Cabalán Macari Álvaro, que fue secretario de Administración y de Infraestructura; Roberto Juan Moya Clemente, que fue secretario de Finanzas; y Bernardo Huerta Couttolenc, que negoció y pagó el Teleférico, la Estrella de Puebla y el Tren Turístico Puebla-Cholula, por decisión del extinto gobernador Moreno Valle.
¿A poco para la 4T de Puebla o el gobernador Barbosa estos ex funcionarios son ajenos a la corrupción o son de esas raras aves que cruzan el pantano y no se manchan el plumaje?
Conste que es pregunta.
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