LA CORTE DE LOS MILAGROS

Aún hay mucho que aclarar en el accidente donde murieron los Moreno Valle

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  • Por qué no hay procesos contra la empresa dueña del helicóptero
  • Negro panorama electoral para Antorcha Campesina

En la investigación del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, su esposo el ex gobernador y senador Rafael Moreno Valle, y tres personas más, el 24 de diciembre de 2018, hay todavía muchas cosas que las autoridades estatales y federales deben aclarar, a saber:

¿Por qué la empresa, socios y administrador de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SA (SAASA) no han sido responsabilizados, ni sujetos a proceso por ese fatal accidente, originado supuestamente por fallas mecánicas y deficiencias en los servicios de mantenimiento del helicóptero Agusta modelo A-109S Grand, matrícula XE-BON?

¿Por qué hasta ahora sólo han sido vinculados a proceso por ese accidente cinco personas (el dueño de la empresa Rotor Flight Services, José Antonio Torales y cuatro empleados de la misma, entre ellos los técnicos en mantenimiento mecánico Ricardo y Miguel, el técnico en mantenimiento electrónico Israel Olguín y la encargada de control de servicios, la ingeniera en aeronáutica Magdalena Raya)  y nadie de la empresa supuestamente propietaria de la aeronave, así como ningún ex funcionario del gobierno del estado involucrado con la autorización y los pagos mantenimientos de ese helicóptero particular?

¿Por qué nadie ha llamado a cuentas al director de Operaciones de la empresa (SAASA), capitán Alonso Díaz Vallejo, o investigado los negocios que éste tenía con el capitán Roberto Javier Cope Obregón, quien también murió en el accidente y fue titular de la Dirección de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle?

¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía de Puebla han citado a comparecer a los pilotos y mecánicos que laboraban en el hangar del gobierno del estado durante las gestiones de Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, para explicar qué ocurría con los mantenimientos de los tres helicópteros del estado y con el de la empresa SAASA?

¿Quién consentía o autorizaba que las piezas y refacciones del Agusta 109 S Grand, de color negro del gobierno del estado, se reutilizaran en el Agusta blanco de la empresa SAASA?

¿A poco eso lo decidían los del taller de mantenimiento Rotor Flight Services?

¿Si la actual administración estatal ya sabe y tiene evidencias que acreditan que los servicios de mantenimiento y refacciones del helicóptero de SAASA, así como algunos de los pilotos que lo conducían cuando Moreno Valle lo usaba, se cubrían con recursos públicos del gobierno del estado, por qué no hay funcionarios públicos sancionados por autorizar y pagar esos gastos?

¿A poco estos ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado no tienen responsabilidad?

¿Qué dependencia era la encargada de vigilar y supervisar los mantenimientos que prestaba Rotor Flight Services con cargo al gobierno del estado? ¿Quiénes eran los funcionarios que estaban al frente de la misma? ¿Quién o quiénes pagaban el alquiler del helicóptero Agusta blanco de Servicios Aéreos del Antiplano? ¿Quién o quiénes autorizaban que los tripulantes de esa aeronave privada cobraran como pilotos adscritos al hangar del Ejecutivo del estado?

¿Si el peritaje difundido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el pasado 27 de marzo de 2020, concluyó que el accidente aéreo nada tuvo que ver con un ataque o atentado, sino que obedeció al mal funcionamiento de la aeronave por fallas de la empresa operadora en en sus servicios de mantenimiento, por qué entonces la Fiscalía de Puebla sólo se concentró en Rotor Flight Services y no en Servicios Aéreos del Antiplano, su director de Operaciones, Alonso Díaz Vallejo, y los accionistas de la empresa?

Conste que son preguntas.

EN CORTO

El panorama político para los antorchistas poblanos, de cara a las elecciones de este año, no pinta muy prometedor, al menos en el ámbito federal donde desde hace por lo menos doce años tenían garantizado un distrito y una buena posición en la lista de candidatos de representación proporcional por la Cuarta Circunscripción.

Para el proceso electoral en curso se ve complicado, en el marco de la coalición Va por México integrada por el PRI, el PAN y el PRD, que Antorcha Campesina pueda encabezar uno de los 15 distritos de la entidad, ya que el 4 con cabecera en Ajalpan será para el perredista José Armando García Avendaño y el 14 con cabecera en Acatlán de Osorio para el priísta Jorge Estefan Chidiac.

El PRI no quiere siquiera ofrecerles una suplencia después de que el año pasado los antorchistas anunciaron que dejarían las filas del tricolor para constituir su propio partido, lo que no pudieron conseguir.

Cosa de recordar: En la LXII Legislatura federal, los antorchistas tuvieron dos diputados: Lisandro Campos Córdova y Soraya Córdova Morán; en la LXIII Legislatura también dos, Juan Manuel Celis Aguirre por el distrito 13 de Atlixco y Hersilia Córdova Morán, por la vía plurinominal; y en las elecciones de hace 3 años para integrar la LXIV Legislatura federal las candidaturas que el PRI cedió a los antorchistas fueron para Eleusis Córdova Morán y para Soroya Córdova Morán, pero sólo llegó el primero. La ola lopezobradorista barrió a Soraya y la dejó sin curul.

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