Una entelequia el Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla
- Ninguno de los funcionarios del SEA ha presentado su 3 de 3 ni hecho públicos bienes
- El Congreso deja vacante en el Consejo Estatal de Participación Ciudadana
Para qué le sirve a Puebla un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) opaco, caro, que no coordina nada, que menosprecia la participación ciudadana, pero que además no da resultados. O usted sabe de algún caso relevante en que sus integrantes hayan intervenido para prevenir, detectar o castigar alguna corruptela o de alguna política pública que hayan implementado con éxito para castigar algún abuso o para hacer más eficiente y eficaz la rendición de cuentas.
Verdad que no.
El Sistema es un elefante blanco, compuesto por siete organismos, seis de ellos gubernamentales y uno ciudadano que la Cuarta Transformación poblana ha venido minando, con recortes salariales y presupuestales a sus comisionados y a la Secretaría Ejecutiva del organismo a la cual se encuentran adscritos.
De hecho, de los cinco comisionados que deberían integrar el Consejo Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) sólo hay cuatro, ya que el Congreso del Estado decidió no nombrar a la Comisión de Selección encargada de proponer la terna de la que tendría que salir el sucesor de Daniel Alejandro Valdés Amaro, quien concluyó su gestión en diciembre pasado.
A esta omisión se sumaron las universidades y colegios profesionales de Puebla que tampoco propusieron integrantes para la Comisión de Selección. Dicha Comisión debió constituirse a mediados en noviembre y el Congreso haber nombrado en diciembre al nuevo comisionado de la CEPC, sin embargo nada de eso ocurrió.
La opacidad de las seis instancias gubernamentales que integran la junta de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción —denominada Comité Coordinador Estatal (CCE)—, es el vivo ejemplo de que no podemos pedirle peras al olmo, o de nadie da lo que no tiene.
Ninguno de los titulares de estas seis instancias tiene publicada la versión pública de su declaración patrimonial, y ya no digamos su tres de tres. Ni de 2019, ni de 2020.
Y eso lo ha pasado por el alto el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaipue), que en sus evaluaciones regala dieces a estos entes sin revisar la calidad de la información que suben a sus portales de transparencia.
La Secretaría de la Función Pública del estado reporta 190 personas que cobran algún sueldo o salario, sin embargo en el apartado de declaraciones patrimoniales sólo aparecen 31 burócratas y ninguno tiene disponible su versión pública.
En la Auditoría Superior del Estado (ASE) sucede lo mismo. De los 903 servidores públicos que reporta, únicamente 103 presentaron su declaración y ninguna de estas es pública.
En el Instituto de Transparencia (Itaipue), que debía ser ejemplo en esta materia, se sabe que hay 43 servidores públicos con declaración patrimonial, pero ninguno con versión pública.
La historia se repite en el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial del estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado.
En el Tribunal hay 104 personas que reciben un salario proveniente de recursos públicos y sólo cuatro presentaron su declaración de bienes y ninguno para consulta pública. (Los que declaran son escribientes y auxiliares, no tomadores de decisiones).
En el caso del Poder Judicial del estado de 1 mil 953 empleados, sólo 63 presentaron su declaración de bienes y de ellos en sólo 7 casos —entre actuarios, notificadores y escribientes— hay versión pública.
De los 2 mil 48 empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE), no se sabe cuántos ni quiénes están adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y por ende es imposible saber cuántos de sus servidores públicos presentaron declaración de situación patrimonial y cuántas de éstas se pueden consultar.
Con esta opacidad de las autoridades y funcionarios responsables del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿cree que pueda haber en Puebla transparencia y rendición de cuentas o que el combate a la corrupción y la impunidad sea eficiente y efectivo?
EN CORTO
Preocupación y temor de ser despedidos en plena pandemia han generado algunos oficios enviados a empleados de gobierno, en los que les solicitan presentarse este lunes a las dependencias donde se encuentran adscritos.
Sobre todo por la instrucción que tienen varios secretarios y directores administrativos de reducir gastos y la nómina de personal en al menos 10% ante los recortes en las participaciones federales y la caída de los ingresos propios como resultado de la crisis económica y la emergencia sanitaria que trajo consigo el Covid.
Entre los empleados más preocupados se encuentran los del organismo público descentralizado Museos Puebla que este lunes fueron citados en la Secretaría de Cultura.
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Una funcionaria de la Secretaría de Salud del estado con mal ambiente entre el personal de la dependencia por sus malos tratos, y por la contratación de parientes y empleados sin título profesional es la subsecretaría Laura Cecilia Jaramillo y Cuautle.
A la subsecretaría le atribuyen la contratación de 12 empleados, entre ellos su hermana Guillermina Jaramillo y Cuautle y su hijo Alfonso Carrillo Jaramillo, así como al hermano del director de Carreteras de Cuota, Jorge Adrián Chávez Escudero y a quien supuestamente es su pareja Antonio Enrique Hernández Martínez.
Otros empleados a los que también habría favorecido pese a carecer de cédula profesional son José María González Paz, Jonatan de Jesús Romero, Marisela Sánchez Rodríguez, Maritza Ramírez Guzmán y Jesús Omar Benítez Elizondo.
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