Adjudican en 16 millones la distribución de los uniformes escolares
Los cuestionados procedimientos del gobierno del estado para la adquisición de uniformes y zapatos escolares siguen viento en popa, con el silencio de las cámaras y organismos empresariales, y la complicidad de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado.
No solo porque es la hora en que la Secretaría de Administración sigue sin hacer públicos los fallos mediante los cuales adjudicó hace casi un mes los contratos de calzado, faldas y pantalones, así como playeras y suéteres, sino porque tampoco explica por qué el costo de estos bienes fue superior al que se pagó en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
En números redondos: el año pasado la SEP pagó 400 millones de pesos por el paquete de uniformes y zapatos escolares, y ahora la administración barbosista pagará por estos mismos bienes 560 millones de pesos.
A pesar de lo anterior, la titular de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obra Pública, Verónica Eva Farfán García, acaba de adjudicar un nuevo contrato para la distribución de los uniformes y zapatos escolares.
Sin llevar a cabo una licitación pública, esta dependencia de la Secretaría de Administración asignó de manera directa un contrato de 16 millones de pesos a la empresa Transportes Especializados Programados SA de CV para el reparto de un millón 28 mil paquetes escolares en las escuelas públicas de la entidad.
La Unidad de Adquisiciones tampoco ha justificado por qué la distribución de los uniformes y zapatos escolares se hizo mediante un oscuro procedimiento de invitación restringida, sin consultar a las cámaras y asociaciones empresariales especializadas, replicando lo ocurrido con los concursos de zapatos de niños y niñas, adjudicado a Calzado Grismar SA de CV; de faldas y plantones, entregados a Impulsora Textil Mexicana SA de CV; y de playeras y suéteres, adjudicado a Becc Manufacturas SA de CV.
Otra cuestión que tampoco ha quedado clara es cuál la causa mayor que han invocado las secretarías de Administración y Educación para no concursar mediante licitaciones públicas nacionales los uniformes, el calzado y la distribución de los paquetes escolares.
El artículo 20 fracción II de la Ley de Adquisiciones establece que sólo se pondrán evitar las licitaciones públicas cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, casos fortuitos o de fuerza mayor.
¿A poco el Covid ha puesto en peligro la estabilidad del estado o alterado el orden social? ¿Qué urgencia había para fabricar o comprar zapatos y uniformes escolares, si los estudiantes no están yendo a las clases en las escuelas?
¿A poco esta situación puede calificarse como un desastre producido por un fenómeno natural?
¡Por favor!
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