Ordenan cancelar Rvoes autorizados por Nacho Alvízar
Un verdadero caos es el que se vive en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado por la decisión de la subsecretaria América Rosas Tapia de revisar de manera exhaustiva los más de 400 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior (Rvoes) autorizados por Ignacio Alvízar Linares durante la gestión del gobernador José Antonio Gali Fayad.
El asunto tiene indignados a los dueños y directivos de las 115 instituciones de educación superior que se vieron favorecidas con esos Rvoes no sólo por las revisiones, sino porque los están instruyendo a no inscribir alumnos para el siguiente semestre.
Pero sobre todo por qué no les dan una fecha de cuándo concluirán las revisiones y qué pasará con los alumnos ya inscritos y que tienen uno o dos semestres de licenciatura o maestría.
Para los propietarios y directivos de las instituciones de educación superior afectadas, el propósito que anima las revisiones no es corregir o subsanar errores que pudieron existir en la aprobación de los Rvoes, sino un ajuste de cuentas con Gali Fayad y algunos de sus secretarios como Ignacio Alvízar.
Los particulares dicen que si el gobierno de Miguel Barbosa tiene evidencias de que el ex gobernador José Antonio Gali y algunos de sus colaboradores se beneficiaron de Rvoes, y la creación de nuevas universidades, como UniLomas, por qué no los denuncia ante las instancias correspondientes por presuntos actos de corrupción, en lugar de afectar a todas las demás instituciones.
El dueño de UniLomas y el Centro Mexicano de Estomatología (CME), Víctor Hugo Toledo Minuti obtuvo en la recta final del gobierno de Gali 28 Rvoes, 20 de licenciatura y 8 de maestría.
Hasta dónde se sabe, la SEP ya suspendió la mayoría de estos.
Trascendió que algunos dueños y directivos de universidades privadas han comenzado a valorar la posibilidad de defenderse jurídicamente, primero con un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado y luego con un amparo indirecto.
Varios de ellos no están cerrados a que se revisen sus expedientes y a completar la documentación que supuestamente les hace falta o no aparece, pero no a quedar en estado de indefensión con alumnos inscritos, ni a perder los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior, que en su momento pagaron y les fueron autorizados por la propia dependencia que ahora pretende quitárselos sin ningún fundamento legal.
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