LA CORTE DE LOS MILAGROS

El Sistema Estatal Anticorrupción, un elefante blanco en la 4T

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La secretaria de la Función Pública del estado, Laura Olivia Villaseñor Rosales, no sólo ha sido incapaz de procesar a los “peces gordos” de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, sino que ahora se ha convertido en el principal obstáculo para el funcionamiento y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

De hecho, los organismos que integran el Sistema están varados, algunos sin presupuesto para operar y otros sin nada qué hacer porque la contralora se había rehusado —hasta ayer— a reunirse con los integrantes del Comité Coordinador Estatal, la Secretaría y Comisión Ejecutiva, y los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

Sin embargo este martes y miércoles, muy a su pesar, tuvo que hacerlo después de que los cinco comisionados del Comité de Participación Ciudadana promovieron sendos amparos contra su decisión de recortarles sus honorarios, y la justicia federal ordenó dejar sin efecto tales descuentos.

Los comisionados que a través de diferentes vías han tratado de hacer efectiva en la entidad la rendición de cuentas, mediante la aprobación de lineamientos de política estatal anticorrupción y la puesta en marcha de una Plataforma Digital Estatal —en la que se transparentarían las declaraciones públicas de los funcionarios y la relación de aquellos servidores públicos, contratistas y proveedores que han sido sancionados—, se han topado con pared.

Todas sus iniciativas y proyectos están congelados.

Por esa razón desde noviembre del año pasado no ha sesionado el Comité Coordinador Estatal del SEA que integran el presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior del Estado, el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y la secretaria de la Función Pública.

Por eso el proyecto de Política Estatal Anticorrupción sigue en proyecto, por eso no existen informes de avances y logros, ni canal de YouTube, ni las sesiones de sus integrantes —como la de ayer y hoy— se transmiten en internet y por eso a ninguno de sus asistentes se les permite usar ni entrar con celular.

Por esa razón Olivia Villaseñor boicotea el trabajo de los comisionados, opera para que les bajen los honorarios de 100 mil a 75 mil pesos mensuales so pretexto de la austeridad republicana, y quiere desaparecer la participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al paso que va la titular de la Secretaría de la Función Pública no sólo seguirá sin castigar a los funcionarios del morenovallismo y galismo que se enriquecieron y sin dar resultados en materia de combate a la corrupción, sino que pondrá a Puebla y al gobierno de Miguel Barbosa Huerta en los últimos lugares en asuntos de transparencia, rendición de cuentas y avances referentes en la construcción y consolidación de su Sistema Estatal Anticorrupción.

Y si no al tiempo.

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