LA CORTE DE LOS MILAGROS

Ajalpan: ¿persecución al crimen organizado o fabricación de delitos a modo?

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Aunque el presidente municipal de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, dos de sus hijos y ocho policías municipales han sido acusados de complicidad con el crimen organizado, en concreto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cierto es que hasta el momento no existen pruebas sólidas que los incriminen.

Lo que sí ha sido contundente es la subordinación de jueces y juezas del Poder Judicial para obsequiar órdenes de aprehensión en contra del alcalde Ignacio Salvador Hernández, dos de sus hijos Leonardo Salvador Tirzo y Valentín Franz Salvador Montalvo y ocho policías municipales, actualmente detenidos y vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de policías ministeriales de la FGE.

Las evidencias que la Fiscalía ha conjuntado en cinco cateos, uno en el Palacio Municipal y los otros en cuatro de las ocho propiedades del alcalde Ignacio Salvador en Ajalpan y Tehuacán, para comprobar la vinculación del presidente municipal y sus hijos con el crimen organizado, son absolutamente insulsas.

El único nexo es la amistad y el compadrazgo de Ignacio Salvador con el ex presidente municipal de Eloxochitlán de Méndez, Leoncio González Mendoza, quien ha sido vinculado con diferentes criminales como El Bukanas, El Mamer y El Caguamo.

A los policías municipales de Ajalpan tampoco han podido acreditarles nexos, subordinación o complicidad con la delincuencia organizada o el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que la Fiscalía sólo pudo acusarlos de usurpación de funciones y portación ilegal de armas.

Su defensa tramitó un amparo y un juez federal ordenó su liberación, pero cuando eso estaba a punto de suceder, policías ministeriales los detuvieron y esposaron subiéndolos a cuatro patrullas para presentarlos en la FGE.

En el trayecto del C5 de Tehuacán a la ciudad de Puebla los detenidos supuestamente se rebelaron y estuvieron a punto de matar y ahorcar a los policías ministeriales que los traían, por lo que se les abrieron nuevas carpetas de investigación, ahora por del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de servidores públicos.

 

Pese a lo inverosímil de la acusación, las juezas de control del Tribunal Superior de Justicia, Rosalva Elena Zárate Herrera e Idalia Arciniega Arias los vincularon a proceso dentro de las carpetas CDI: 1317/2020/Tehuacán. C.P 778/2020/Puebla, CDI: 1316/2020/Tehuacan. C.P. 782/20202/Puebla, CDI: 1318/2020/Tehuacán. C.P. 785/20202/Tehuacán, y CDI:1315/2020/Tehuacan. C.P.781/2020/Puebla.


Las causas que motivaron esta investigación al edil, sus hijos y policías de Ajalpan son poco claras, sólo se sabe que estas tienen su origen en un enfrentamiento ocurrido al mediodía del 30 de marzo entre policías municipales y un grupo armado de la banda de “El Coyote” quienes llevaban entre sus pertenencias chalecos, gorras y equipo táctico con las siglas de CJNG, al que supuestamente habían querido extorsionar.

Como consecuencia del enfrentamiento, en el que murió el policía municipal Antonio Sandoval González, el gobernador Luis Miguel Barbosa ordenó una investigación bajo el supuesto de que las autoridades municipales de Ajalpan estaban vinculadas al crimen organizado.

Por esa razón el presidente Ignacio Salvador pidió licencia y fue sustituido por su hijo Leonardo Salvador Tirzo, quien era el presidente municipal suplente. Ambos están prófugos.

Por esa razón la Secretaría de Seguridad Pública del estado tomó el control de la policía en Ajalpan y ocho de sus elementos están detenidos, ya no por complicidad con el crimen organizado o usurpación de funciones, sino por tentativa de homicidio en contra de servidores públicos.

Y por esa razón tres choferes de Ignacio Salvador que el miércoles fueron a darle de comer a unos perros en una de las propiedades del edil prófugo, en la colonia San Rafael de Tehuacán, fueron privados de su libertad, de sus teléfonos celulares, y de la raya del día.

Y todo eso ante la complacencia de jueces de control del Poder Judicial del estado, que en lugar de revisar a profundidad el caso y las irregulares detenciones de policías y choferes, se han puesto al servicio de la Fiscalía y el Ejecutivo del estado en algo que ya parece práctica común: la fabricación de delincuentes.

 

EN CORTO

Qué bueno que de última hora se impuso la cordura y los casi 300 empleados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que este lunes tendrían que presentarse a laborar, a pesar de la contingencia por la pandemia, finalmente se quedarán en sus casas hasta nuevo aviso.

El acuerdo, prolongando la suspensión de actividades en la ASE hasta nuevo aviso, fue firmado por el auditor Francisco José Romero Serrano el viernes pero fue hasta hoy domingo que se publicó.

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Un subsecretario que este fin de semana subió a redes sociales un video donde informa que ha repartido más de 35 mil kilos de carne en 160 colonias de la ciudad y que en los próximos días extenderá este programa de ayuda a los damnificados de la pandemia a 10 municipios más de la entidad, es José Antonio López Ruiz, de la Secretaría de Bienestar del estado.

El video ha generado polémica, pues pareciera que el funcionario que arrancó en la administración estatal como subsecretario de Vinculación y Políticas de Bienestar, se está promoviendo para un cargo de elección popular en el futuro cercano.

El actual subsecretario de Vivienda no dice de dónde salen los recursos o los miles de kilos carne que entregó en el último mes a familias de escasos recursos. Sólo precisa que por esta ayuda se obtuvo una cuota de recuperación equivalente a 525 mil pesos, y que el programa —no se sabe si personal o institucional— se ampliará a los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

 


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