Sale una mafia y entra otra a controlar el penal de San Miguel
Hay funcionarios que no ayudan a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y uno de ellos es el síndico Gonzalo Castillo Pérez y su secretaria técnica Mónica Martínez Flores, quienes pretenden armar mil kit’s de salud incluyente para repartir entre personas de escasos recursos que viven en inspectorías y de zonas de la periferia de la ciudad, pero a costa de los empleados de esta dependencia.
A cada empleado de la Sindicatura se le pidieron tres tubos de pasta dental de 125 gramos cada uno, y a los jefes de departamento y directores de área cuatro tubos del mismo peso.
Cabe mencionar que a otras secretarías y dependencias del ayuntamiento de Puebla se les hicieron requerimientos similares con otros artículos y productos de higiene personal.
Pregunta: No sería mejor que el ayuntamiento de Puebla armara con sus propios recursos estos kit’s de salud incluyente, en el marco de la contingencia por el Covid-19, sin sangrar a su personal.
¿Qué acaso no tiene en sus cuentas bancarias más de 1,509 millones de pesos que no ha sabido gastar ni invertir en beneficio de la capital del estado?
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A propósito de lo que ayer le comenté sobre los miserables kits de apoyo que el Sistema Municipal DIF repartió en las juntas auxiliares de la capital, para evitar la propagación del coronavirus, me informan que el regidor Jacobo Ordaz Moreno se vio más dadivoso.
Y es que mientras el DIF municipal entregó a cada presidente auxiliar un galón de gel antibacterial, 50 cubrebocas y una cajita de guantes de látex, el regidor panista repartió días antes una cubeta de 19 litros de gel (equivalente a 5 galones) y 100 cubrebocas.
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Cuentan que en el Cereso de Puebla, también conocido como penal de San Miguel, la mafia que lo controlaba ya fue desmantelada, enviando a sus principales cabecillas a otros centros penitenciarios como el de Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, entre ellos Arturo Romero Aparicio “El Cachibombo” y Eduardo Flores “Lalo Cabaña”.
Pero que ahora el penal está en manos de otro grupo mafioso que incluso cuenta con la protección de los directivos del Cereso y de algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
El poderoso en turno es Eulalio Flores, conocido como “El Michoacano”, preso por el delito de secuestro, y que antes de su regreso a Puebla había sido trasladado, por su gran peligrosidad, a un penal federal del estado de Oaxaca.
De acuerdo con fuentes confiables, El Michoacano ya tiene el control de la droga y la venta de alcohol al interior del penal y de los principales negocios que en su momento pertenecieron al grupo del Cachibombo, como la paletería, los dos restaurantes y las tiendas de abarrotes en los dormitorios.
También ha comenzado a controlar la renta de celulares, de 500 pesos a la semana, devolviendo incluso algunos aparatos a quienes se los habían decomisado en los recientes operativos, entre ellos a Ernesto Wilfrido Ramírez Cerón, preso por el secuestro del hijo de la diputada Mónica Lara Chávez y el abogado Miguel Jiménez Castillo.
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