Lloverán fotomultas en el gobierno de la 4T poblana
A mediados de diciembre 16 organizaciones especializadas en el tema de movilidad le hicieron llegar al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta una carta advirtiéndole sobre los riesgos de instalar radares de velocidad con fines recaudatorios, y no como instrumentos de prevención de accidentes por exceso de velocidad.
En la misiva que fue recibida por la Oficialía de Partes del Gobernador, las ONGS sostienen que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen documentado que la velocidad excesiva o inadecuada es la causa de una de cada tres víctimas de accidentes de tránsito en el mundo.
“Nunca un programa de control de infracciones de tránsito mediante el uso de dispositivos tecnológicos debe tener como objetivo central captar más y más infractores. Esta es una de las razones por las cuales estos programas fallan o son percibidos por la ciudadanía de manera incorrecta, ya que más que cuidar la vida e integridad, lo que buscan es generar ingresos adicionales para los gobiernos, es decir, son recaudatorios”.
A pesar de lo anterior, el gobierno del estado optó por hacer del programa de monitoreo de velocidad un negocio recaudatorio mediante una amañada licitación nacional con dedicatoria a favor de la empresa Intecproof SA de CV que cobrará por 36 meses 733.6 millones de pesos.
El objetivo central del programa no es prevenir y evitar accidentes viables por exceso de velocidad, sino aplicar un mínimo de 380 mil infracciones mensuales, meta que la empresa jalisciense debe cumplir si quiere recibir los 17 millones de pesos que pactó en su contrato con la Secretaría de Administración del gobierno del estado.
El gobernador Miguel Barbosa y la secretaria de Planeación y Finanzas del estado, María Teresa Castro Corro, han defendido la adjudicación de este contrato con el prurito de que Intecproof instalará 157 radares fijos, es decir, 460% más de los que operaba la empresa Autotraffic SA de CV que tuvo este contrato de 2013 a 2019.
Sin embargo, ni la secretaria de Planeación y Finanzas, ni la empresa beneficiada de esta licitación han podido explicar o mostrar un estudio que justifique por qué el número de infracciones esperadas no puede bajar de 380 mil al mes.
Lo ideal sería que a partir de la implementación de un programa de monitoreo de velocidad vial y una campaña de concientización a la ciudadanía sobre los riesgos de conducir con exceso de velocidad, las víctimas fatales, los accidentes, los lesionados, los daños materiales y las infracciones de tránsito disminuyeran.
Pero la política pública de esta administración va por otro lado, en sentido contrario al bien común.
¿Si con el programa Monitor Vial aplicado por los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, a través de la empresa Autotraffic, supuestamente se logró reducir 89% el número de muertos y 85% el número de lesionados en accidentes viales, para qué instalar cinemómetros por todos lados y fijar en 30 y 50 kilómetros por hora los máximos la circulación vehicular en las principales calles del Centro Histórico y avenidas de la ciudad?
¿Si con 28 radares fijos y móviles que tenía Autotraffic supuestamente se consiguieron esas metas, por qué ampliar el número a 157? ¿No es un exceso?
¿A poco el gobierno estatal y la empresa Intecproof reducirán a cero el número de víctimas fatales (peatones, ciclistas y automovilistas) y el número de lesionados por accidentes de tránsito?
La verdad es que no, que no existe un estudio de vialidad serio que garantice que con 129 cinemómetros adicionales, los muertos y accidentes por exceso de velocidad en la capital del estado desaparecerán.
El programa de monitoreo vial no tiene como objetivo principal abatir los accidentes de tránsito y las víctimas fatales de éstos, sino recaudar a costa de los automovilistas de Puebla millones de pesos en beneficio de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el propio proveedor del servicio.
Por esa razón el programa no tiene como propósito hacer consciencia en la ciudadanía de respetar los límites de velocidad para evitar accidentes, lesiones y muertes de peatones, ciclistas y automovilistas y acompañantes.
El objetivo de esta política es esencialmente recaudatorio, pues lo que busca es que Intecproof aplique sanciones por 186 millones de pesos al mes.
Por eso el número de infracciones pasará de 20 mil 814, que aplicó en promedio Autotraffic durante 2018, a un mínimo de 380 mil mensuales.
Y eso que el hoy gobernador Luis Miguel Barbosa ofreció en campaña acabar con las fotomultas.
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