Notarios de Moreno Valle, prueba de fuego para la Consejería Jurídica de la 4T poblana
- Siguen colándose panistas y oportunistas al gobierno de Miguel Barbosa en Cultura y la Consejería Jurídica
El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta y en especial el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz podrán demostrar en los próximos días hasta dónde están dispuestos a combatir la corrupción y los abusos de administraciones anteriores en un asunto tan sensible como las notarías que se otorgaron al final del sexenio de Rafael Moreno Valle.
La Consejería Jurídica recibió por parte del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido un voluminoso expediente sobre la investigación que se hizo en torno a la entrega de 29 notarías en beneficio de funcionarios y allegados del gobernador Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo.
Hasta donde se sabe, la investigación está ya concluida, por lo que la Consejería Jurídica sólo tendría que proceder a denunciar las irregularidades ante la Secretaría de la Función Pública del estado, para que ésta eche abajo los nombramientos de la mayoría de los notarios —por ilegales— y sancione a los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Dirección de Archivos y Notarías involucrados en la autorización de las patentes.
La principal ilegalidad, de muchas que están documentadas en el expediente, es que no existe decreto de creación de 25 de esas notarías, tal como se establecía en los artículos 17, 23 y 24 de la Ley del Notariado de entonces. En el caso de las cuatro restantes, sí hay decreto, pues estas ya existían, solo que estaban vacantes, es decir, carecían de notario titular.
El gobernador Moreno Valle tuvo que emitir un decreto de creación por cada una de esas 25 notarías, lo que no se hizo. Por ser de carácter general dichos decretos tuvieron que publicarse, tal como lo señala el artículo 34 fracción III y IV de la Ley Orgánica de la Administración Publica, en el Periódico Oficial del estado.
Durante la revisión de cada uno de los expedientes, los decretos nunca aparecieron, como tampoco los ejemplares del Periódico Oficial en que tuvieron que publicarse.
Lo anterior es como si el gobernador en funciones nombrara un secretario de aeronáutica, sin que en la Ley Orgánica de la Administración Pública existiera esta Secretaría o dependencia.
Como le decía líneas arriba, las irregularidades son muchas, algunas de las cuales ya se han comentado en esta columna. Entre ellas destacan: notarios que recibieron su nombramiento de titular, pese a carecer de patente de aspirante, que no acreditaron las prácticas profesionales de un año de manera ininterrumpida, que no presentaron exámenes ni pudieron acreditar los requisitos de la legislación en la materia.
Por todo lo anterior será importante saber qué acciones tomará la Consejería Jurídica o su titular Ricardo Velázquez, junto con la secretaria de la Función Pública, Karen Berlanga Valdés, para reparar tales anomalías, si estas llegarán hasta la cancelación o invalidez de las patentes, si habrá sanciones a los funcionarios que validaron y consintieron los nombramientos, a sabiendas que eran ilegales, y qué pasará con las escrituras, poderes y demás actos protocolarios que estos notarios de pacotilla han llevado a cabo en los últimos dos años.
EN CORTO
Los puros de la 4T ya detectaron a otra panista que logró colarse al gobierno de Miguel Barbosa. Se trata de la abogada Virginia Herrera Escobedo, quien al igual que Mónica Kuri Abdala también trabajó con el ex morenovallista Michel Chaín Carrillo, ex candidato a la gubernatura de Puebla del partido Nueva Alianza en los comicios de 2018.
Virginia es miembro activo del PAN, como puede consultarse en el Registro Nacional de Militantes de este partido. Antes de incorporarse a la Consejería Jurídica del gobierno del estado laboró en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico como directora general de Asuntos Legales y en el ayuntamiento de Gali Fayad como subordinada de Michel Chaín.
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Esta semana podría concretarse una incongruencia más de la 4T de Puebla, de confirmarse la versión de que Ernesto Cortés García será nombrado por la Junta de Gobierno de Museos de Puebla como director general, a propuesta del secretario de Cultura, Julio Glockner Rossainz.
Sí, nos referimos a la misma persona que fuera el director de Museos del morenovallismo, cuando el secretario de Cultura, Jorge Alberto Lozoya, lo hizo su brazo derecho para llevar a cabo la construcción del Museo Internacional del Barroco, entre otros museos.
¿Cómo quieren dar resultados distintos con las mismas personas, pero revolcadas?
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Este lunes podrían comenzarse a registrar brotes de inconformidad de maestros y alumnos de la Universidad Tecnológica de Tehuacán por el nombramiento de Rocío García Rosas, como responsable de Rectoría, en sustitución de Raúl Braulio Pacheco Garmendia.
La inconformidad es comprensible, ya que a Rocío García no se le reconocen méritos profesionales ni académicos, ya que venía desempeñándose —a pesar de ser ingeniera— como asistente de Rectoría.
El malestar del cuerpo docente es porque la institución ha venido convirtiéndose en coto de poder de la diputada local de Tehuacán Olga Garci Crespo, desde febrero de este año en que fue removido de la rectoría el doctor Francisco Valencia Ponce.
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Tómelo con reserva pero se dice que el nuevo director general de la Comisión Administrativa y de Presupuesto del Consejo de la Judicatura de Puebla, Diego González Cobián, estaría preparando un albazo para favorecer a un empresario mueblero con una asignación directa de 2.7 o 2.8 millones de pesos.
El asunto tiene inconformes a otros empresarios del ramo que también buscan ese contrato y que han comenzado a decir que el beneficiado será un empresario ligado al ex gobernador José Antonio Gali, por los nexos y sociedades que el funcionario del Poder Judicial tiene con el secretario de Infraestructura de aquél, Xabier Albizuri Morett y uno de los hijos del ex gobernador.
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