Complicidades y pago de favores en el Poder Judicial
Si alguien debería pagar los platos rotos del escándalo que envuelve al Poder Judicial del Estado por el caso de José Refugio Alejandro León Flores, el juez penal de Cholula que no debió hacerlo, es el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano.
El magistrado Flores Toledano, que llegó a la entidad del brazo de Rafael Moreno Valle, es quien se ha opuesto desde hace por lo menos año y medio a que “el ingeniero” León Flores sea removido y sujeto a un proceso administrativo.
El amigo y compañero de la infancia de Rafael Moreno Valle, encabeza desde el 12 de febrero de 2018 la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, instancia que conoció de manera directa las quejas en contra de Alejandro León Flores por carecer de título y cédula profesional de abogado y por falsificar documentos para ostentarse como tal.
Sin embargo se rehusó a tomar cartas en el asunto, en reciprocidad por los servicios y favores políticos que le hizo para encarcelar a algunos de los principales críticos y opositores de Rafael Moreno Valle a lo largo de su sexenio.
Como juez de consigna, León Flores envío a prisión a la empresaria Dulce María Silva, esposa de César Yáñez; al ex líder sindical del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez; al líder de la “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”; a los activistas de Cholula, Adán y su hijo Paúl Xicale; y al líder del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís, entre otros.
Flores Toledano es quien ha protegido al juez que no debió serlo por no contar con título ni cédula profesional de abogado, quien aceptó el incidente de éste para impedir su suspensión como juez penal de Cholula en el verano de 2018, y quien lo ha sostenido contra viento y marea dentro del Poder Judicial.
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A propósito.
Cuentan los enterados que Roberto Flores Toledano podría dejar de ser magistrado y estar haciendo maletas para regresar a la Ciudad de México.
Aseguran que los motivos podrían ser dos: el primero, que ya no tiene el manto protector de los Moreno Valle, y segundo que a cambio de su renuncia, la cuenta pública de su último año de gestión como presidente del Tribunal Superior de Justicia podría destrabarse en el Congreso local y la Auditoría Superior del Estado.
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Un grupo de diputados de la LX Legislatura acaba de promover una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, para garantizar una jubilación digna a los jueces.
El proyecto prevé que los jueces se jubilen con un salario de 40 mil pesos durante los primeros dos años posteriores a su retiro y un estimado de 28 mil pesos en los cinco años siguientes, ingreso al que se le sumará los derechos de jubilación correspondientes.
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