Juez chocolate tiene en la picota al Poder Judicial del Estado
El Poder Judicial de Puebla está por protagonizar un nuevo escándalo derivado de la falta —y falsificación— de la cédula profesional de uno de los jueces de consigna del morenovallismo: Alejandro León Flores.
Se trata del juez penal de Cholula, quien entre otras cosas mandó injustamente a la cárcel a la empresaria Dulce María Silva Hernández, quien el sábado 29 de septiembre se convertirá en la esposa del coordinador general de Política y Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez Centeno, y al activista social Adán Xicale Huitle, convertido hoy en el hombre fuerte de la futura alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.
Hasta dónde se sabe el juez Alejandro León Flores no sólo carece de título y cédula profesional, sino que es falsificada la que usa para ostentarse como abogado, ya que en realidad corresponde a un ingeniero.
El asunto ya es del conocimiento de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura que le abrió un procedimiento administrativo que podría concluir su inmediata remoción como miembro del Poder Judicial y el inicio de un proceso penal por diversos delitos como uso de documentos falsos, usurpación de profesión y obstrucción de la administración de justicia.
Se imagina el escándalo que se armará cuando la prometida de César Yáñez, uno de los funcionarios más cercanos a López Obrador, se entere que el juez libró la orden de aprehensión en su contra —por el delito de lavado de dinero— y por la cual permaneció casi un año en prisión, carece de cédula profesional, y por ende todas sus actuaciones como juez son nulas de pleno derecho.
El caso, que ya le costó la chamba al titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourget, podría cobrar nuevas víctimas, entre ellas el magistrado Roberto Flores Toledano, quien como presidente del TSJ, hizo de Alejandro León Flores un juez de consigna para mandar a la cárcel a todos los enemigos y críticos del morenovallismo.
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Magistrado del TEPJF en conflicto de interés para resolver el caso Puebla
Este martes la guerra postelectoral en Puebla entrará en una etapa de alta intensidad, cuando por un lado se conozca que uno de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es familiar de uno de los abogados de la defensa de la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, y por tanto debería excusarse de participar en la resolución del caso, y por otro académicos de la Universidad Iberoamericana presenten un estudio que documentaría serias inconsistencias entre las actas de escrutinio y los cómputos oficiales de la elección de gobernador.
La exhibida que se le dará al magistrado José Luis Vargas Valdez podría acabar con el mito de que los abogados de la esposa de Rafael Moreno Valle tienen asegurado el voto de 4 de los 7 integrantes de la Sala Superior.
Por lo que hace a la conferencia de prensa que este martes investigadores y académicos de la Univerisdad Iberoamericana, encabezados por el doctor Miguel Reyes, ofrecerán en un conocido hotel de la Ciudad de México, se sabe que en la misma se documentaron tres cuestiones que alteraron la voluntad popular de los poblanos en los comicios locales del 1 de julio: errores en el llenado de actas de escrutinio, manipulación en las cifras asentadas en los cómputos oficios del IEE y una combinación de ambos factores en casi el 17% de las casillas.
Quien también se reunirá con los medios de comunicación para fijar su postura sobre el conflicto postelectoral de Puebla es la gobernadora electa Martha Erika Alonso. Tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa a las 9:45 horas en el salón Tulipán, del hotel Marriot, muy cerca de su domicilio conyugal.
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