Notitas que pasarán a nototas

 Este día un grupo de empleados de confianza y de base del Instituto Electoral del Estado (IEE), podrían protagonizar un paro laboral en demanda de mejoras salariales y prestaciones económicas.

Su inconformidad radica en que sus salarios siguen siendo los mismos de hace tres años, a diferencia de lo que sucede con los consejeros electorales, directores, coordinadores y jefes de departamento del Instituto, y representantes de los partidos políticos.

En el último año, las dietas de los consejeros han subido dos veces, de 68 mil a 70 mil y de 70 mil a 72 mil pesos mensuales, al igual que las compensaciones de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, al pasar a 13 mil y luego a 15 mil pesos mensuales.

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El jueves de la semana pasada, el gerente general de Grupo Acir Puebla, antes Corporación Puebla de Radiodifusión, Jaime Briseño Orozco, fue materialmente puesto de patitas en la calle por los enviados del dueño de ese corporativo nacional, Francisco Ibarra López.

Esta situación tiene nerviosos a los empleados de Acir Puebla, pues no se sabe qué otros cambios se darán, ni quién vendrá a ocupar la gerencia general del grupo radiofónico compuesto por cinco estaciones radiofónicas de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

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Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado acordaron fijar para el viernes 19 de los corrientes a las 10 horas, la comparecencia del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, pero en su calidad de presunto responsable de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia.

En el proceso administrativo de inició de responsabilidades, Juárez Acevedo tendrá que explicar y demostrar –lo que hasta ahora no ha conseguido ante el Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– porque dice que no era secretario general de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, al momento de su nombramiento como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004, a pesar de todas las evidencia documentales y testimoniales que demuestran lo contrario.

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Otro influyente miembro de La Hermandad que se incorpora a la Dirección de Vialidad del estado, gracias a los buenos oficios de su jefe político Héctor Guerra Montiel, es José Luis Segrestre.

Segreste, quien prestaba sus servicios para la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla, primero como jefe de sector y luego como subdirector operativo, hasta que una organización de transportistas de materiales lo acusó de extorsión, labora ya como supervisor general de la Dirección de Vialidad del estado.

Su contratación deja una pésima lectura en materia de impunidad, pues en lugar de que estos elementos salgan del servicio público, siguen en él y lo único que hacen es pasar de la administración municipal a la estatal y viceversa.

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Continúan los problemas en la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. A un mes del inicio de ciclo escolar, la institución aún no logra cubrir su plantilla docente, por lo que los alumnos carecen de un horario corrido y tienen que esperar varias horas después de salir de una materia para cursar otra.

Esta deficiencia no ha sido obstáculo, sin embargo, para que los directivos de la Cuauhtémoc, apliquen a los estudiantes recargos mensuales del 20% si no pagan a tiempo su colegiatura.

Otra situación que tiene inconformes a los alumnos es la política de becas aplicada arbitrariamente por la Universidad a pesar de la existencia de un reglamento interno que supuestamente regula su entrega.

Según dicho reglamento, sólo pueden acceder a becas al 100% aquellos estudiantes que después de al menos un año de inscritos en cursos regulares alcancen promedio de diez en sus materias del último semestre, cuestión que de manera frecuente es violentada por el propio rector Francisco Martínez Briones, quien asigna esas becas a alumnos de nuevo ingresos, que son hijos de políticos o recomendados de algún funcionario de gobierno.

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