LA CORTE DE LOS MILAGROS

Archiv para 16 diciembre, 2020

Sospechosas excepciones notariales

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Sin duda uno de los logros del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta es la cancelación de 21 de las 29 notarías otorgadas de manera irregular y al margen de la ley en la materia por Rafael Moreno Valle al final de su sexenio.

Eso es importante, pero por qué sólo 21 y no las 29. ¿A poco las ocho restantes, entre las que se encuentra la del hermano del secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, cumplieron con todos los requisitos?

¿Por qué en un principio el consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz, descalificó al notario 10 de Cholula, Miguel Martínez García, llamándolo prestanombres del ex secretario de Turismo, Ángel Trauwitz Echeguren, y después se olvidó del asunto

¿Por qué su patente no ha sido revocada o cancelada como las de otros ex funcionarios morenovallistas? ¿A poco este ex subsecretario de Turismo sí cumplió, a diferencia de sus compañeros, con sus prácticas notariales ininterrumpidas de doce meses y con todos los requisitos que exige la Ley del Notariado?

¿No será que su caso se percibió distinto después de que su hermano, José Antonio, fue nombrado secretario de Salud en el gobierno de Barbosa? ¿Por qué de momento dejó de ser considerado prestanombres del ex secretario de Turismo Ángel Trauwitz?

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Y a propósito de notarios.

Mucho pero mucho llama la atención que la Consejería Jurídica del estado se haya hecho como el Tío Lolo para investigar y sancionar a los funcionarios que en el sexenio de Rafael Moreno Valle fueron los responsables del proceso de otorgamiento de 29 notarías públicas.

Entre ellos el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, a quien no han molestado ni con el pétalo de una rosa, y Margarita Mena Caritá, quien era la responsable de recibir y dar seguimiento a las quejas que se presentaban en la Dirección de Archivos y Notarías, que estuvo a cargo de Mauricio García León.

Margarita Mena se desempeña hoy, en el gobierno de la 4T poblana, como directora general del Notariado, dependiente de la Consejería Jurídica haciendo las funciones de operadora de Ricardo Velázquez para que los notarios irregulares se pongan a mano con su jefe.

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Otra cosa que está pendiente y mucha expectativa levantó en el gremio notarial es la iniciativa de reformas a la Ley del Notariado que el gobernador Luis Miguel Barbosa anunció en una de sus conferencias mañaneras.

El ejecutivo estatal adelantó que la intención de dicha reforma era convertir a estos fedatarios en sujetos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Su declaración despertó inquietudes, ya que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que claramente establece que los notarios no son funcionarios públicos ni pueden estar subordinados a la administración pública centralizada, desconcentrara o descentralizada. 

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