LA CORTE DE LOS MILAGROS

Archiv para 11 octubre, 2020

La 4T poblana y el combate a la corrupción

.

 

  • Karina inaugura hoy el sistema de videovigilancia de San Andrés Cholula
  • Barbosa da por concluido el DIM y pasa sus funciones a Gobernación

Mucho me temo que las investigaciones y denuncias que se están haciendo en esta gestión en contra de funcionarios de pasadas administraciones sean un asunto más mediático que efectivo, en otras palabras un tema de campaña del gobernador, sus candidatos y aliados para ganar los comicios locales del año próximo, que un compromiso serio con el combate a la corrupción.

La verdad es que la 4T de Puebla poco o nada ha hecho por sancionar por la vía administrativa —entiéndase a través de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado— a quienes abusando de sus cargos en el gobierno desviaron y malversaron recursos públicos o se enriquecieron de manera escandalosa.

Hasta ahora todo ha quedado en declaraciones de prensa y frases chuscas como “¡Qué se creyeron estos cabrones!” “¡Malditos, cómo abusaron de nuestra Puebla!” y “Donde quiera que se escarba hay corrupción, en cada obra, en todas las dependencias. ¡Esto es monstruoso!”

Las declaraciones del gobernador no siempre han ido acompañadas de datos duros y consistentes, o de procesos administrativos y penales para fincar responsabilidades y mandar a la cárcel a los servidores públicos responsables de esos abusos y corruptelas.

Con frecuencia, da la impresión que el propósito de esas acusaciones mediáticas es desacreditar a los opositores, cobrar venganza de los enemigos o pasar factura a los adversarios políticos del gobernador Barbosa, ya que los señalamientos sólo se focalizan en algunos actores.

Extraña —y mucho— que el Ejecutivo haya omitido en sus declaraciones a personajes del pasado que también se enriquecieron, abusaron del poder y fueron cómplices de aquellos, pero que hoy soy aliados suyos como Marcelo García Almaguer, que estuvo al frente de Puebla Comunicaciones y la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital; Gerardo Islas Maldonado, que fue secretario de Desarrollo Social y responsable de los trabajos de reconstrucción con motivo de los sismos de 2017; o el diputado y ex dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, que se despachó con la cuchara grande en la Secretaría del Medio Ambiente con los funcionarios que ahí puso durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

O que en la actual coyuntura, sus legisladores y el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, sean tan puntillosos con las compras, licitaciones y obras realizadas por el ayuntamiento de Puebla presidido por Claudia Rivera Vivanco o el encabezado por el alcalde preso de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, y tan laxos o miopes con su homóloga de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, pese a que es el dominio público que ha favorecido con millonarios contratos adjudicados de manera directa a empresas recomendadas de su marido o a constructores que fueron sus patrocinadores en la campaña de 2018.

También extraña la poca importancia que este gobierno ha dado al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a los organismos, dependencias, institutos y tribunales que integran su órgano de gobierno, así como a la transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados.

Si el combate a la corrupción fuera un compromiso serio, al margen de coyunturas electorales o políticas, la Secretaría de la Función Pública ya tendría que haber sancionado e inhabilitado a decenas de funcionarios, o por lo menos a los mencionados por el gobernador en sus mañaneras, y observado varias adquisiciones y licitaciones realizadas de esta administración contratadas a sobreprecio, como el arrendamiento de patrullas, la compra de uniformes escolares y vales o tarjetas de gasolina, y la adquisición e instalación de radares de velocidad.

Si de verdad la 4T poblana quisiera castigar a los “malditos” y “cabrones” que se enriquecieron, las denuncias y carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción no tendrían que hacer distinciones, ni ser selectivas, y las auditorías y actuaciones de la ASE tendrían que ser parejas y no sólo dirigidas a ciertos entes críticos o antagónicos del gobernador como el rector de la BUAP, la alcaldesa capitalina, el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, y un largo etcétera etcétera.

O al menos, así me lo parece.

 

EN CORTO

Ya son tres los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción que obtienen suspensiones definitivas contra el acuerdo de reducirles sus emolumentos. Los únicos dos comisionados cuyos amparos aún siguen analizándose en juzgados federales son Daniel Alejandro Valdés Amaro y Francisco Javier Mariscal Magdaleno.

Sin embargo, lo más probable es que también obtengan la suspensión y al igual que sus otros tres compañeros (Eira Zago Castro, José Alejandro Guillén Reyes y María del Carmen Leyva Báthory) ganen los amparos que anulen los recortes a sus ingresos aprobados por el anterior secretario ejecutivo del SEA, Héctor Reyes Pacheco.

***

A propósito.

El próximo mes de noviembre concluye el periodo para el cual fue designado como comisionado del CEPC, Daniel Alejandro Valdés Amaro, sin que hasta la fecha se sepa cómo se nombrará a quien lo sustituirá en el Comité.

Y la razón es que el Congreso del Estado aún no designa a la Comisión de Selección, ni emite siquiera la convocatoria para el nombramiento de sus integrantes, que deben ser académicos de prestigio y gente con reconocimiento social y profesional.

Lo único claro y eso porque está reglamentado es que la presidencia del CEPS la asumirá la comisionada Maricarmen Leyva, después de que Daniel Alejandro Valdés rinda el 14 de noviembre su último informe como comisionado y presidente tanto del Comité Estatal de Participación Ciudadana como del Comité Coordinador Estatal del SEA.

***

Este lunes la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, intentará apagar el escándalo de la asignación directa de cámaras de seguridad — por un monto de casi 43 millones de pesos— a una empresa recomendada de su marido, con la inauguración del Sistema Municipal de Video.

La inauguración será a las 9 de la mañana en el Complejo de Seguridad Pública o las instalaciones del C4.

Ojalá la presidenta municipal aproveche el acto para hacer público el contrato a favor de la empresa E-TEK Proveedores de Informática y Servicios SA de CV, explicar por qué se canceló la licitación nacional que había convocado con ese fin, por qué su marido Javier Elías Amaxal corrió a la empresa Ska Tracking and Security SA de CV, y por qué la compañía de su esposo se encargó de colocar los postes de las cámaras del sistema de videovigilancia que este lunes inaugurará.

***

El pasado viernes un centenar de empleados del programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) fueron informados que por acuerdo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esta instancia desaparece, y que las funciones que venía desempeñando serán asumidas por la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

La decisión generó, por supuesto, molestia entre el personal adscrito al DIM que no esperaba ser despedido o quedarse sin empleo en plena pandemia.

Los empleados del abrogado DIM fueron citados para mañana lunes y el martes para que entreguen a funcionarios de la Secretaría de Gobernación la documentación y los bienes que están en su poder.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Visitas : 0
Popups Powered By : XYZScripts.com