LA CORTE DE LOS MILAGROS

Archiv para 25 junio, 2020

El Sistema Estatal Anticorrupción no lo dominan morenovallistas puros, sino la 4T barbosista

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Por lo declarado esta mañana por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respecto a los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) da la impresión que el Ejecutivo recibe información incorrecta o alguien lo engaña. 

De entrada los comisionados no cobran 140 mil pesos mensuales, sino 104 mil y la decisión de pretender bajarles su remuneración a menos de 50 mil no la tomó la Junta de Gobierno del SEA, que no existe, sino la aplicó el secretario ejecutivo, Héctor Reyes Pacheco, que hace las veces de secretario técnico del Sistema.

Sin embargo éste sólo acató una instrucción que le dieron los que realmente controlan el SEA, los funcionarios del Comité Coordinador Estatal, es decir la secretaria de la Función Pública Laura Olivia Villaseñor Rosales y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco José Romero Serrano.

Pero la de la idea, bajo la bandera de la austeridad republicana y la honestidad valiente, fue la secretaria de la Función Pública.

El Comité Coordinador Estatal tiene otros integrantes, pero que no pesan ni mandan como el comisionado presidente del CEPC, Daniel Alejandro Valdés Amaro, el Fiscal Especializado de Combate la Corrupción, Ulises Sandal Ramos Koprivitza, la presidenta del Instituto de Transparencia Laura Marcela Carcaño Ruiz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María de Lourdes Dib y Álvarez.

Estos dos últimos, por su pasado galista, asisten pero como convidados de piedra.

El que sí aceptó el recorte a su salario, sin chistar, fue el secretario ejecutivo del SEA, Héctor Reyes. Éste sí cobraba sobre 140 mil pesos mensuales y aceptó que se lo redujeran a más o menos 70 mil.

Ganaba como secretario de Gabinete y aceptó un sueldo de director de Organismo Público Descentralizado.

También aceptó que le quitaran a su director administrativo, Tomás Alarcón Morales y a su director de Vinculación, Alejandro Upton Pérez, quien en realidad era un recomendado de Jorge David Rosas Armijo, secretario particular de la extinta gobernadora Martha Erika Alonso.

Ambas posiciones fueron ocupadas por gente del auditor Francisco Romero.

Héctor Reyes Pacheco recibió la instrucción de recortar los sueldos de los comisionados ciudadanos de la controlara y el auditor. No de la Junta de Gobierno del SEA que no existe. Y lo hizo sin chistar porque no quiere problemas, ya que el próximo año estaría en condiciones de jubilarse con su actual sueldo.

De hecho en la sesión de este martes y miércoles lo instituyeron a resolver el problema de los comisionados, en medio de fuertes reclamos por no avisarles que éstos se ampararían.

Una verdad a medias del gobernador Barbosa es que el Sistema Estatal Anticorrupción y los comités que lo integran están dominado por morenovallistas puros. 


En realidad, como ya lo escribí líneas arriba, el SEA lo controlan los funcionarios de su gobierno, en especial la titular de la Función Pública, quien se ha rehusado a investigar un caso que documentaría con creces la corrupción de Moreno Valle y varios de sus principales funcionarios con la llamada Ciudad Modelo, el banco de tierras, las obras a sobrecosto que ahí se hicieron, hoteles y otros desarrollos inmobiliarios.

Los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana sólo son 5, y sólo su presidente forma parte del Comité Coordinador Estatal del SEA, donde realmente se toman las decisiones. 

Y vale la pena mencionar que estos comisionados, a los que el gobernador Barbosa calificó como “morenovallistas puros” sí han querido atender la investigación del desarrollo de la llamada Ciudad Modelo, no así su secretaria de la Función Pública, que se ha convertido como lo escribí ayer en el principal obstáculo para el funcionamiento y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

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Aunque presionados y exhibidos por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados locales por fin ordenaron a los regidores del ayuntamiento de Tehuacán llamar a Andrés Artemio Caballero López para que asuma la presidencia municipal en sustitución de Felipe Patjane Martínez, actualmente preso.

Ahora será interesante ver si el director general de Gobierno del estado, Julio Miguel Huerta Gómez, y sus operadores en el ayuntamiento de Tehuacán, lo dejan gobernar y le facilitan las cosas. 

Y saber si el nuevo presidente municipal sustituto de Tehuacán mantiene en sus cargos al secretario general, al tesorero, al contralor, al director de obras y a la presidenta del DIF que le impusieron a los regidores y a la Comisión Especial Transitoria.

Por lo pronto Artemio Caballero ya tiene conocimiento que el secretario general Eduardo Ramos Santos no es muy de fiar, pues asienta lo que quiere en las actas de Cabildo, aún contra la voluntad de los regidores.

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El gobernador Barbosa debería checar qué tanto sus propios secretarios cumplen sus decretos, pues aunque él instruyó que los servidores públicos mayores de 60 años o con alguna enfermedad con morbilidad fueran enviados a laborar en sus casas, la verdad es que eso en la práctica no se cumple.

Son varios de los secretarios de su gabinete que este decreto no cumplen, entre ellas una de sus consentidas la secretaria de Administración, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, quien tiene su oficina de la 11 Oriente atestada de burócratas que laboran sin sana distancia, y sin cubre bocas.

Otros que también incumplen el decreto son la secretaria de la Función Pública, el secretario de Seguridad, Raciel López Salazar, y la secretaria de Bienestar, Lizbeth Sánchez García, que se contagió de Covid-19.

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