Entre los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado hay malestar porque las instalaciones de la nueva sede del Poder Legislativo, construidas en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, presentan varios problemas, a saber: carecen de internet y servicio telefónico, algunas oficinas se inundan y otras están cerradas, como las salas de comisiones y el sótano 2.
Estas últimas se inundaron como resultado de las lluvias de hace un par de semanas, lo mismo que el Salón de Protocolos, por lo que las alfombras se echaron a perder y ahora hay que reemplazarlas.
Los diputados se quejan de que en sus oficinas no hay servicio telefónico por fallas en las conexiones y la red, que sólo les dejaron un par de contactos para conectar a la electricidad sus equipos de cómputo y de oficina, y de que el servicio de internet comenzará a funcionar hasta el mes de febrero.
Otros narraron a este reportero que con motivo de las lluvias de la segunda semana de enero el sótano 2 se inundó, al igual que el área donde se ubican las salas de comisiones, por lo que éstas fueron cerradas mientras se arregla el desperfecto y se sustituyen las alfombras que resultaron dañadas por el anegamiento de esa parte del nuevo Congreso del Estado.
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Ya despachan en el IPPI pero aún no llegan sus nombramientos
He aquí algunos nombres de personas que ya despachan en las oficinas del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) con Apolinaria Martínez Arroyo, pero que todavía no reciben su nombramiento.
Pablo Ruiz González se perfila como director de Patrimonio Cultural, Investigación y Educación para la Equidad; Luz Teresa Méndez Santos como directora de Diálogo y Concertación, y Lucero Salas Pérez como directora de Academia de Lenguas Indígenas.
Otros que también esperan ser favorecidos con una Dirección —ya sea la de Desarrollo con Identidad Indígena o la de Oficinas de Representación— son Rubén Piña y Essau Castelán.
De estos cinco, la única que tiene experiencia y ha realizado labores a favor de las comunidades indígenas es Lucero Salas, que es de la junta auxiliar de San Miguel Canoa.
Pablo Ruiz es licenciado en matemáticas y Luz Teresa Méndez abogada y su mayor mérito es haber participado en la campaña del hoy gobernador.
La directora general del IPPI ya tuvo su primer encontronazo con algunas representantes de grupos indígenas, por su pretensión de desconocer el Consejo Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas que, según los artículos 98 y 99 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es el órgano consultivo y deliberativo y con representación en la Junta de Gobierno del IPPI.
Y también por la negativa de Apolinaria Martínez de continuar con el levantamiento del Catálogo de Pueblos y Comunidades indígenas, que dejó avanzado el anterior director general Rafael Bringas Marrero.
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Otra funcionaria que tampoco se siente cómoda con los subsecretarios y directores que le nombraron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado es Ana Laura Altamirano Pérez.
De ahí que no pierde oportunidad de asignar a sus asesores Roberto Ruiz y Julio Rosete tareas que en realidad deberían ejecutar los funcionarios designados por el gobernador Alejandro Armenta.
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