A juzgar por la impunidad prevaleciente en los principales casos de corrupción en la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa, los montos de escándalo del probable daño patrimonial, el número de presidentes municipales salientes involucrados en estos y el cómplice silencio que guardan los diputados locales de la LXI Legislatura sobre los 327 informes individuales de auditoría que la semana pasada entregó la Auditoría Superior del Estado (ASE), es evidente que en Puebla el combate a la corrupción es un mal chiste, una quimera.
De otra manera no se entiende cómo la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, no ha sido sancionada ni sujeta a procedimientos administrativos y penales, pese a ser responsable de la pérdida de 606 millones de pesos, invertidos en una institución financiera quebrada como Accendo Banco, y de autorizar que más de 6 mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se invirtieran en Fóndika, entidad financiera que nunca entregó los rendimientos que ofreció al gobierno del estado.
Teresa Castro fue también quien recomendó la contratación de la empresa Intecproof, que durante tres años operó sin éxito el sistema de fotomultas y dejó a la hacienda estatal un quebranto cercano a los 300 millones de pesos.
Otra exfuncionaria protegida por el manto de la impunidad es la exsecretaria de la Función Pública del gobernador Barbosa y posterior titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, a quien los escándalos de corrupción y hoyos financieros de esa administración le pasaron de noche, entre ellos la pérdida de 606 millones de pesos de Accendo Banco.
Cuando los diputados locales la llamaron a cuentas por sus omisiones frente al quebranto, ésta en represalia les mandó auditorías para que justificaran y acreditaran los recursos que en su gestión habían recibido por concepto de apoyos legislativos.
Dicha situación provocó su caída el 27 de octubre de 2023, no obstante que en mayo de 2022 fue elegida para un periodo de siete años.
Algo igual o peor de preocupante son los montos de observaciones, pliegos y probables daños patrimoniales que acumulan la mayoría de los presidentes municipales salientes, según los informes individuales del ejercicio 2022 que la semana pasada entregó el encargado de despacho de la ASE, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y a los sujetos auditados.
En no pocos casos los montos de probables daños patrimoniales son monumentales, a saber: el municipio de Puebla tiene 9, por 214 millones de pesos; el de Tehuacán 4, por 46.4 mdp; el de San Andrés Cholula 9, por 230.7 mdp; el de Huejotzingo 18, por 154.1 mdp; el de Amozoc 28, por 16.8 mdp; y el de Chignahuapan 35, por 7.7 mdp.
De los 217 municipios auditados por la ASE sobre el ejercicio fiscal 2022, 146 tienen observaciones, pliegos y probables daños patrimoniales.
Esta alarmante situación, que revela los excesos y abusos cometidos por los presidentes municipales que terminan su función el 15 de octubre, ha sido minimizada por los diputados salientes que el viernes aprobaron —casi a ciegas— los dictámenes que contienen los 327 informes individuales elaborados por la ASE sobre las auditorías del ejercicio 2022 realizadas a los 3 poderes, a los 217 ayuntamientos y demás sistemas operadores municipales de agua potable, entidades paramunicipales, empresas paraestatales y organismos públicos descentralizados.
Y es que a pesar de las irregularidades y millonarios daños patrimoniales que en estas auditorías se documentan, los diputados guardaron un cómplice silencio aprobando los dictámenes, en espera de que en 30 días los sujetos auditados solventen, aclaren o comprueben los pliegos y observaciones que se les notificaron en la semana que termina.
***
Se cae concesión de monitoreo de verificación vehicular
La licitación que el pasado lunes 2 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado para concesionar a una empresa el servicio de monitoreo remoto de verificación vehicular será declarada desierta.
La razón es simple: la encargada de despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Norma Angélica Sandoval Gómez, se fue por la libre sin consultarle al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina sobre esta concesión.
Si bien es cierto que hace falta un correctivo para que los propietarios de vehículos en el estado de Puebla verifiquen sus unidades, considerando que solo cuatro de 10 vehículos cumplen con la norma, la licitación parecía más bien una maniobra para favorecer al concesionario de la mayoría de los verificentros que se otorgaron durante la gestión del gobernador Luis Miguel Barbosa.
La intención de esta fallida licitación era que un privado, seguramente ligado al dueño de los verificentros, se encargara de identificar, mediante cámaras y otros recursos tecnológicos, a los autos que no cumplen con la norma ambiental, con el propósito de aumentar sustancialmente en el estado de Puebla el porcentaje de fuentes móviles verificadas.
***
Mala fama están creándose los diputados electos locales de Puebla al confirmar su participación en eventos a los cuales no llegan.
Fueron convocados a participar en un evento organizado por la Asamblea Social del Agua, el sábado 31 de agosto en la Casa del Libro, y de los 20 legisladores confirmados sólo llegó Francisco Javier Vargas Nava, del PAN.
Este sábado ocurrió lo mismo en un foro organizado en el Benemérito Instituto Normal del Estado por el diputado federal Juan Antonio González Hernández para discutir la posible sustitución de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.
De los casi 20 legisladores invitados y que confirmaron su asistencia, sólo llegaron el panista Francisco Javier Vargas y los morenistas Claudia Rivera Vivanco, Gissel Santander Soto y Rosario Orozco Caballero.
***
Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y [email protected]
