Otra grave irregularidad que ya se le documenta a Joakim Eugenio Téllez Samperio al frente del rastro municipal, que oficialmente se denomina Industrial de Abasto Puebla (IDAP), son los ingresos no reportados por ocho locales que forman parte del patrimonio del organismo y que se localizan a pie de la carretera federal Puebla-Tlaxcala.
Lo que hasta ahora se sabe es que un hermano del entonces administrador general de IDAP, de nombre Joel y de los mismos apellidos, Téllez Samperio, era el encargado de cobrar entre 2 mil y 2 mil 500 pesos mensuales en efectivo por local, pero sin entregar recibos y sin que esos recursos se registraran en las cuentas del rastro.
Otra situación que también se conoce es que hay otros siete locales en el mismo predio, pero que éstos no pagan renta pues sus inquilinos se entienden con el presidente de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, Ángel Soto Limón.
Bajo qué figura jurídica están estos locales es una cuestión que los actuales directivos de Industrial de Abasto Puebla ya investigan para determinar qué procede y recuperar la posesión y el usufructo de los mismos.
Otra línea de investigación que los abogados de la Contraloría y la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla estudian, para iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas y una demanda penal por desvío de recursos públicos en contra de Joakim Téllez Samperio, son las transferencias que enviaba a sus hijos que estudian o viven en París y Nueva York.
La intención de tal pesquisa es evaluar si hay congruencia entre el monto de esas transferencias y su sueldo de 81 mil pesos mensuales que, por cierto, se autoasignó sin contar con la autorización del Consejo de Administración del organismo público descentralizado.
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Qué bueno que el secretario de Gobernación del estado, Javier Aquino Limón, admitió que sí existe una carpeta de investigación, la FECC/CORRUPCION/705/2023, por el probable delito de ejercicio indebido de la función pública en contra del actual director general del Registro Civil del estado de Puebla, José Francisco de la Fuente Flores.
Como ayer se lo comenté, José Francisco de la Fuente se dedicó entre octubre de 2023 y febrero de 2024 a celebrar casamientos civiles a domicilio o en salones y restaurantes como Casa Reyna, pese a que había sido relevado como juez del Registro Civil en el módulo estatal ubicado en Hospital Integral de San José Chiapa.
Por esa situación fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando a las oficinas del Registro Civil llegaron evidencias de que éste y otros funcionarios menores instruidos por él se hacían pasar por jueces para efectuar bodas a domicilio o en salones de fiesta sin estar facultados para ello.
Ojalá y en lo que se indaga el asunto, José Francisco de la Fuente sea temporalmente suspendido de sus funciones y la Fiscalía Anticorrupción de Puebla informe cuál es el estatus jurídico que guarda esta carpeta de investigación iniciada a finales de febrero de este año.
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Sorprendente la rapidez con que se realizó la primera de cuatro etapas de construcción de Ciudad Universitaria 2 de la BUAP en terrenos de la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, que este miércoles se inauguró.
La primera etapa tuvo una inversión de 1.200 millones de pesos, que se aplicaron en el acondicionamiento del predio y en la edificación de siete edificios de aulas y laboratorios de ingenierías, ciencias naturales y exactas.
La segunda etapa se concluirá antes de que concluya la administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina el 13 de diciembre de este año, con la construcción de cuatro nuevos edificios.
La larga inauguración de CU2 tuvo una amplia convocatoria, pues logró reunir además de directores de unidad y consejeros universitarios de la BUAP, a funcionarios del gobierno del estado, federal y del municipio de Puebla; a diputados locales, rectores de universidades particulares y dirigentes del sector empresarial; así como al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, a dueños y directivos de medios de comunicación y representantes del gobernador electo Alejandro Armenta Mier.
En su intervención el gobernador Sergio Salomón Céspedes dijo que su administración decidió apoyar esta importante obra, única en el país, para ampliar las oportunidades de los 35 mil estudiantes que cada año quedan fuera de la BUAP por falta de cupo y que en su inmensa mayoría carecen de recursos para pagar una colegiatura en una universidad privada.
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Entre estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la BUAP, que simpatizan con Morena y la Cuarta Transformación, hay molestia por la decisión de no facilitar el auditorio José María Morelos para que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, pudiera impartir este viernes una conferencia sobre la Reforma al Poder Judicial.
El evento fue organizado por la llamada Comisión de la Verdad y de la Justicia para los Próceres Universitarios Poblanos, que integran jubilados que a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta participaron en el movimiento del 68 y otros en el que perdieron la vida en enfrentamientos con el gobierno del estado y los fúas Joel Arriaga, Alfonso Calderón y Enrique Cabrera.
Por la cancelación de la conferencia de la ministra Lenia Batres en la BUAP, ahora ésta se efectuará el mismo viernes a las 9:45 horas pero en el auditorio de la Universidad Benito Juárez, que es particular y se encuentra incorporada a la Benemérita.
La Universidad Benito Juárez se ubica en la 12 Oriente 3211-B de la colonia Resurgimiento.
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