Si en verdad las autoridades del Poder Judicial y la Secretaría de la Función Pública se aplican, el gobierno de Puebla podría asestar un fuerte golpe a una banda dedicada a cometer fraudes inmobiliarios con la complicidad de notarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y de la Dirección de Catastro del Municipio de Puebla.
Para hacerlo solo tendrían que jalar el hilo del proceso civil y la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, así como las pruebas y testimonios que presentó el abogado Rafael Ramírez Soto durante el pasado mes de abril, en relación a una casa suya en La Calera y que hoy por una escritura falsa es propiedad del chofer de su inquilino.
El fraude cometido en su agravio es elocuente de las relaciones, influencias y complicidades que los integrantes de esta banda tienen con notarios, analistas y registradores del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP) y del Catastro del municipio de Puebla, así como con instituciones bancarias como BBVA.
De otra manera no se entiende cómo una persona que no es propietaria de un bien inmueble puede lograr quitar y poner avisos preventivos en las escrituras del Registro Público de la Propiedad, cómo el Registro inscribió un contrato de compra-venta apócrifo, cómo distintas notarias pudieron dar por válidos contratos de enajenación y otras operaciones ficticias falsificando firmas y suplantando identidades de vendedores y compradores, y cómo esta misma banda logró gestionar un crédito ante BBVA dejando en garantía una casa producto de un contrato de compra-venta apócrifo y una escritura a todas luces falsa.
Todas esas operaciones se efectuaron en un tiempo récord de seis meses, desde que el propietario de la casa ubicada en el número 10 de la calle Hispano Suiza en el fraccionamiento La Calera, Rafael Ramírez Soto, se la rentó al matrimonio formado por Francisco Humberto Cancino y su esposa Aristhela Gennyee Figueroa Rivera, hasta que el chofer de éste, Levid de los Santos Arias se convirtió en el dueño de ésta —mediante una escritura falsa, supuestamente emitida por María Elydeth Murillo Monroy, notaria 1 de Atotonilco El Grande, estado de Hidalgo—y gestionó un crédito bancario ante Gustavo José Castañeda Hill, de BBVA , dejando en garantía el inmueble arriba descrito edificado en una superficie de 525 metros cuadrados.
Entre los implicados en este millonario fraude figuran por supuesto la notaria de Atotonilco El Grande, María Elydeth Murillo, que ya respondió que ella no elaboró ninguna escritura ni el contrato apócrifo de compra-venta a favor de Levid de los Santos supuestamente dentro del instrumento 13,023 del libro 527, de fecha 13 de septiembre de 2023.
Por supuesto el arrendatario Francisco Humberto Cancino, su aval y su chofer Levid de los Santos y su ex pareja sentimental, Denisse Martínez, quien laboraba como empleada doméstica y la que le habría dado a firmar distintos documentos en diferentes fechas y lugares.
Por cierto el aval del arrendatario y su chofer presentaron comprobantes con el mismo domicilio en el estado de Hidalgo.
Otros implicados serían el registrador público de la propiedad y el comercio de Puebla, el analista Abel Tlatelpa Juárez, la directora del Catastro del municipio de Puebla, Adriana Amelia Andrade Mozo, y los notarios Mariana Castro Cué Aguilar, de la 18 de Puebla, y José Hugo Zárate Mercado, de la 27 de Puebla.
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Tania Trejo: sus actividades no eran desconocidas por el PRI y el PAN
Más allá del costo político que para los candidatos y dirigentes de la coalición Mejor Rumbo para Puebla tiene el caso de la priísta Tania Trejo, es evidente que las actividades de ésta no eran desconocidas por la dirigencia estatal saliente y entrante del PRI (Néstor Camarillo Medina y Delfina Pozos Vergara), o que las advertencias sobre sus nexos con personas peligrosas o del crimen organizado fueron ignoradas incluso por autoridades panistas.
Entre los políticos de la oposición que habrían ignorado esta amenaza se encontraría el candidato del PAN a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a juzgar por lo que escribió la regidora del municipio de Puebla, Christian Lucero Guzmán Jiménez, en su cuenta de X.
Al responder una crítica de la exsíndico del ayuntamiento de Puebla, Guadalupe Arrubarrena García, que posteó una foto de Tania Trejo con Christian Guzmán, ésta última reviró: ¡Que lastima que te prestes a estas cosas! Yo di aviso oportuno de lo que ocurría a @eduardorivera01, jamás sería cómplice de algo así. Saludos!
Otra situación que ha salido a la luz, es que los seis detenidos con Tania Trejo en una casa de la colonia Tres Cerritos propiedad del exdirigente priísta Juan de Dios Bravo Jiménez no eran operadores de la campaña de aquella a una diputación local por la vía plurinominal, aunque en videos aparezcan haciendo prácticas militares con sombrillas de campaña del PAN.
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Fue un buen debate, lástima que el IEE sólo se conformó con uno.
Es una lástima que Puebla el Instituto Electoral del Estado (IEE) solo haya tenido capacidad para organizar un debate de candidatos a la gubernatura de Puebla, a diferencia del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México que pudieron armar tres de candidatos presidenciales y tres de candidatos a jefes de gobierno de la capital del país.
Pese a lo acartonado del formato, creo que el debate de este domingo en el Teatro del Complejo Cultural Universitario fue un buen ejercicio democrático donde Fernando Morales, Alejandro Armenta y Eduardo Rivera pudieron hacer propuestas, criticarse y cuestionar aspectos de su desempeño y actuación en los distintos cargos que han ocupado.
También porque evidenció que hay asuntos que los candidatos a la gubernatura de Puebla prefieren eludir o evadir, como la relación de Armenta con El Grillo y el abogado de éste, sus vínculos con figuras clave del marinismo, la opacidad sobre sus bienes, por qué aprobó la desaparición del Fortaseg y las estancias infantiles y por qué guardó silencio sobre la falta de obra pública en la gestión de López Obrador y el gobierno del desaparecido Miguel Barbosa.
O por qué en la gestión de Eduardo Rivera creció la inseguridad, cuánto dinero del ayuntamiento se destinó a la proyección de su imagen, por qué se alió con el PRI y algunos candidatos de negro historial y sus propiedades en el fraccionamiento La Vista.
En fin, creo que el debate cumplió, que fue un buen ejercicio —aunque los consejeros del IEE se hayan negado a replicarlo—, pero que éste no cambiará las tendencias electorales que hoy perfilan al morenista Alejandro Armenta como el ganador de los comicios del próximo 2 de julio.
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Vinculan a Tania y a los que allanaron el fraccionamiento La Carcaña
Jueces por separado vincularon a proceso este domingo a la candidata priista Tania Trejo y a los seis integrantes de su banda, y a los dos detenidos que el sábado 4 de mayo irrumpieron en el fraccionamiento donde vive el candidato del PAN a la gubernatura, lesionando a tres de sus vecinas.
A los dos detenidos se les vinculó a proceso por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, por lo que seguirán presos en el Cereso de Puebla. Sobre la denuncia que presentó Eduardo Rivera, en el sentido de que los delincuentes que irrumpieron en el fraccionamiento La Carcaña iban por el él, el juez aún no se pronuncia, ni descarta el móvil político.
En el Centro de Justicia de la 11 Sur, Tania Trejo y otros cinco de sus colaboradores, también fueron vinculados a proceso por los delitos de cohecho, delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de narcóticos, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y portación de inhibidor de señal.
El juez de control que lleva el caso determinó retirarle a Tania Trejo el cargo de homicidio en grado de tentativa. Esta y los cinco detenidos seguirán su proceso en prisión en el Cereso de Puebla.
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