Si el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no quiere que su auditor superior corra la misma suerte de Víctor Manuel Hernández Quintana, David Villanueva Lomelí, Francisco José Romero Serrano y Amanda Gómez Nava debería optar por olvidarse de poner en esa posición a un incondicional, y ceñirse al procedimiento establecido por la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.
Comenzando por lo que dice la fracción I del artículo 116, pero sin inducciones y sin manipular el proceso de selección para que sean las universidades e instituciones de educación superior, así como los colegios profesionales de contadores, abogados, economistas y administración, los que propongan libremente y sin línea a los candidatos.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura tendría que transparentar el proceso, eliminando de entrada a los que no acrediten los requisitos para ser auditor superior, abriendo al escrutinio público las entrevistas y los mecanismos de evaluación a que sean sometidos los aspirantes para que la terna que se proponga al pleno del Congreso del estado se integre realmente con los mejores, y no con los recomendados.
Si lo anterior que está regulado en la Ley realmente se lleva a cabo, es más que probable que cualquiera de los finalistas obtenga la aprobación de las dos terceras partes de los diputados locales.
Pero si por el contrario el gobernador siembra a su favorito, encubriéndolo como propuesta de la BUAP o de alguna otra institución universitaria o colegio profesional, tal maniobra no tardará en descubrirse, lo que posiblemente complique que el recomendado alcance el 75% de los votos de los legisladores.
Aun suponiendo que lo consiga, lo que tampoco es descabellado a juzgar por las votaciones de los diputados miembros de la LXI Legislatura, que por unanimidad y sin iniciarle ningún procedimiento aceptaron la renuncia de Amanda Gómez y designaron a Francisco Fidel Teomitzi Sánchez como encargado de despacho de la ASE, nada garantiza que el próximo gobernador quiera nombrar a su propio auditor superior.
Así ocurrió con el gobernador Rafael Moreno Valle, que removió y hasta maniobró para que se librara una orden de aprehensión al auditor nombrado por Mario Marín Torres, Víctor Manuel Hernández Quintana.
Moreno Valle también impuso a su auditor, el yerno del gobernador Melquiades Morales, David Villanueva Lomelí, quien renunció en mayo de 2019 —faltando siete meses de que concluyera su segundo periodo al frente de la ASE—a la muerte de su padrino y cuando vio venir la embestida que ya preparaba el gobernador Luis Miguel Barbosa.
El extinto gobernador morenista nombró a dos auditores, a Francisco Romero Serrano, al que encarceló y luego destituyó el marzo de 2022, y a la que fuera su secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, quien esta semana renunció. Fueron electos para siete años, pero sólo duraron en el cargo 17 meses, uno y otra.
La historia podría repetirse con el nuevo gobernador, si Sergio Salomón y los diputados de la LXI Legislatura optan por nombrar a un auditor superior a modo, recomendado por el dúo de Jorge Estefan Chidiac y Antonio López Malo Capellini, y no a un profesional prestigiado y reconocido en materia de fiscalización, avalado por las universidades y los colegios profesionales.
Desde ahora puedo apostarle que si el procedimiento para designar al nuevo auditor parte de la simulación y el cuatachismo, el próximo gobernador removerá al que quede, tal como sucedió con Rafael Moreno Valle y Luis Miguel Barbosa.
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