Así como el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina operó los relevos en el Poder Judicial, de Carlos Palafox Galeana como presidente del Consejo de la Judicatura y de Margarita Gayosso Ponce como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, lo mismo debería hacer con la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava.
No por su origen barbosista, sino porque su manifiesta incapacidad técnica, legal y profesional para desempeñar su trabajo que no es menor: fiscalizar, auditar y revisar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos, fondos, bienes o valores de la hacienda pública estatal o municipal.
Amanda Gómez, como ella misma lo ha declarado, se encuentra imposibilitada para conocer, comentar, auditar y supervisar asuntos de carácter gubernamental de la administración barbosista, lo que incluye a 17 dependencias estatales y 65 Organismos Públicos Descentralizados (OPDs), por el conflicto de interés en que estaría envuelta al haber sido la titular de la Secretaría de la Función Pública en esa gestión.
Pero además, porque carece de autoridad moral para desempeñar su labor ante los entes o sujetos obligados de rendir cuentas a la Auditoría Superior, pues ella misma, junto con el entonces titular de la Consejería Jurídica, Carlos Palafox Galeana, operó con presidentes municipales, directores de universidades públicas y otros OPDs, así como con secretarios de dependencias, un boicot contra la ASE y el que fuera su auditor General, Francisco José Romero Serrano.
Eso ocurrió en febrero de 2022 y por tales hechos Romero Serrano —actualmente recluido en el penal de San Miguel— iba a presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) el martes 15 de ese mes y año una denuncia por obstrucción de las funciones fiscalizadoras de la ASE sobre recursos públicos estatales y federales en contra de la entonces secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, y el consejero jurídico del Ejecutivo, Carlos Palafox Galeana.
Lo anterior fue documentado por la revista Proceso y su corresponsal en Puebla, Gabriela Hernández, en un reportaje titulado “Despacho de Gil Zuarth, en la persecución al auditor de Puebla”, en el cual se detalla la participación de Fernando del Villar Treviño, como parte de la firma de abogados Accuracy Legal & Consulting, en el boicot a la Auditoría Superior del Estado.
Fernando del Villar elaboró un documento que ayuntamientos, órganos descentralizados y universidades usaron para dilatar la entrega de informes contables a la ASE, para boicotear al entonces auditor y provocar su remoción anticipada, toda vez que su periodo concluía en noviembre de 2026.
No está de más apuntar que esta maniobra fue instrumentada y avalada por Amanda Gómez Nava.
Por eso insisto que si ésta no puede auditar ni informar sobre lo ocurrido en la administración estatal barbosista de la que fue parte por el conflicto de interés que alega, como la pérdida de 606 millones de pesos transferidos a un banco en quiebra y el hoyo fiscal de 722 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni tiene autoridad moral para meter al orden a los presidentes municipales y directores de OPDs a los que antes alentó a cumplir en tiempo y forma con la entrega de informes a la ASE, lo mejor sería que renunciara.
Digo lo mejor porque en otros escenarios se expone a ser inhabilitada y procesada por omisiones, desvío de recursos y peculados que se dieron en la gestión de Luis Miguel Barbosa y de la cual ella era secretaria de la Función Pública.
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Si la influencia de Irma Patricia Leal Islas en la actual administración estatal es grande, su poder podría aún ser mayor —sin ser formalmente parte del gobierno— en caso de que José Eduardo Hernández Sánchez se convierta en presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla.
En marzo pasado el abogado Eduardo Hernández —quien en el gobierno morenovallista se desempeñó como coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría con Eukid Castañón Herrera y Patricia Leal Islas— fue nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Antes el susodicho también fue impulsado por la senadora Patria Leal como candidato a magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa y como titular de la Unidad de Sistemas y Soporte Técnico del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
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El expanista Raymundo Cuautli Martínez, que persiste en su intentona de ser presidente municipal de San Andrés Cholula, ahora por Morena, se reunió el viernes con los condóminos de Adamant 1. Su participación en la asamblea vecinal donde se busca remover al presidente de la mesa directiva no fue bien recibida por todos los condóminos, ya que en los estatutos del edificio eso no está permitido.
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La regidora Ana María Jiménez Ortiz no será la coordinadora estatal de la campaña de la virtual candidata a la presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.
Lo anterior lo aclaró la propia regidora, quien en llamada telefónica con este reportero precisó que su participación como representante propietaria del Comité Local concluye con el proceso interno de selección del coordinador nacional Frente Amplio por México.
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En lugar de los pobres mítines de apoyo que este domingo se efectuaron en la capital y otras cabeceras municipales de Puebla, los dirigentes partidistas y de las organizaciones convocantes mejor se hubieran concentrado en un solo evento para mostrar músculo.
Como lo llevaron a cabo se pueden hacer dos lecturas, que Xóchitl Gálvez es mucha candidata para los partidos y organizaciones del Frente Amplio por México y que los presidentes del PAN, PRI y PRD están haciendo en Puebla muy poco para ganar las elecciones de 2024.
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