Antes de entrar en materia debo confesar que yo era de los que creían que los arcos de seguridad que se construyeron en el gobierno de Rafael Moreno Valle no habían servido para el objetivo para el cual fueron diseñados y que los casi 700 millones que se invirtieron en ellos habían sido dinero tirado a la basura.
Sin embargo, una fuente policiaca harto confiable me sacó de mi error y me demostró que éstos no sólo cumplieron el propósito, sino que contribuyeron a disminuir los asaltos en carreteras y a transportistas, sino los robos de vehículos en general e incluso las cifras de homicidios dolosos en la entidad poblana.
Antes de los seis arcos de seguridad construidos en la administración morenovallista, en Puebla se contabilizaron —según el Sistema Nacional de Seguridad Pública— 552, 422 y 387 robos en carreteras y a transportistas en los años de 2010, 2011 y 2012.
Con los arcos levantados en la autopista México-Puebla-Orizaba, a la altura de los municipios de Huejotzingo y Palmar de Bravo; en la autopista Siglo XXI, a la altura de Atlixco; en la carretera a Izúcar de Matamoros; a Cuapiaxtla de Madero y Altepxi, estos ilícitos bajaron a 387, 237 y 237 en los años de 2013, 2014 y 2015.
En el último año de la gestión morenovallista, 2016, los robos en carreteras y a transportistas repuntaron.
¿Qué pasó?
Hubo cambios en las áreas de Seguridad Pública y los policías que diseñaron, instrumentaron y coordinaron la logística y operatividad de los arcos de seguridad fueron removidos.
Llegó Jesús Rodríguez Almeida que no tenía experiencia en el manejo de estas estaciones, ni era experto en seguridad en carreteras, pues venía de ser secretario del ramo en la Ciudad de México.
La gente a la que encargó los arcos de seguridad tampoco eran expertos, ni siguieron los protocolos que se les dejaron y tampoco mantuvieron la coordinación con la Marina, el Ejército, la Policía Estatal Preventiva, las policías municipales, los ministerios públicos y la Policía investigadora Ministerial, ni se preocupó por la actualización y mantenimiento de los equipos de rastreo y detección de placas, así como de monitoreo de unidades y vehículos a través de rayos x y otras tecnologías especializadas.
Lo mismo pasó con los secretarios de Seguridad de los gobiernos de José Antonio Gali, Guillermo Pacheco Pulido y Miguel Barbosa.
Los arcos de seguridad fueron estigmatizados por tratarse de una obra de Moreno Valle, los presupuestos y partidas destinados a éstos fueron castigados, el software no se actualizó y los equipos dejaron de recibir mantenimiento.
Eso explica por qué los robos carreteros y asaltos al transporte han ido a la alza, sobre todo en el último año de gobierno de José Antonio Gali, donde se llegó a la cifra de 2,737 atracos y en el último año de gestión de Miguel Barbosa donde los robos carreteros llegaron a 1,801.
En los primeros siete meses de 2023, los asaltos carreteros siguen a la alza, van 1,577.
De ahí la importancia del anuncio que este martes hizo el Ejecutivo estatal de rescatar los arcos de seguridad y de invertirles 300 millones de pesos en equipo, cámaras, lectores de matrícula, rastreadores y rayos x y otras tecnologías.
Ojalá estas inversiones vayan acompañadas de una selección adecuada de quiénes estarán a cargo de ellos y del personal que manejará los equipos de rastreo, monitoreo, identificación y revisión de unidades y de las cargas y mercancías que transportan
De lo contrario ese dinero se perderá o desaprovechará.
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Este miércoles rindió protesta como nueva delegada regional de Infonavit, María Eugenia Marín Deloya, en sustitución de Antonio Kuri Alam.
Marín Deloya cuenta con estudios de derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha sido directora de Tenencia de la Tierra del Gobierno de Puebla y secretaria particular del titular de Comunicación Social del Gobierno de Puebla.
En la delegación del Infonavit se desempeñó como gerente de Crédito y de Servicios Jurídicos.
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