La diputada federal Blanca Alcalá Ruiz es otra de las decepcionadas por el síndrome Aquimichú del presidente municipal de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, sobre su nominación al gobierno del estado por la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD.
Blanca Alcalá pensaba que, si Eduardo Rivera contendía por la gubernatura y Mario Riestra Piñas por la presidencia municipal de Puebla, ella podría ayudar a ambos, como candidata al Senado, y ampliar las posibilidades del Frente Amplio Opositor en la entidad.
Sin embargo, hoy el escenario para ella se ha complicado, porque no aceptará ser nominada por el PRI a la gubernatura, como quisiera Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aprovechando que es la priísta poblana mejor evaluada, y porque está convencida que su partido por sí mismo tiene pocas o nulas probabilidades en los comicios locales del 2024.
Blanca Alcalá está siendo considerada por algunos actores políticos nacionales y locales de Morena como una potencial candidata ciudadana a la presidencia municipal de Puebla, en caso de que la coalición del PRI con el PAN fracase, y los priistas poblanos terminen en los hechos como aliados de la 4T.
A estas figuras les llamó la atención que Blanca Alcalá además de ser la priísta más conocida, salga bien evaluada en confianza, incluso por encima de algunos aspirantes de Morena a la gubernatura de Puebla, según la última encuesta del BEAP.
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Tómelo con reserva, pero el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, Carlos Palafox Galeana, podría ser invitado o conminado a separarse del cargo, ante el desgaste que enfrenta con varias instancias internas y externas del estado.
Entre los actores internos figuran algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y personal de juzgados a los que no les han autorizado los aumentos salariales que ofreció tras las protestas y paros que realizaron.
Y entre los externos la Fiscalía General del Estado y algunas autoridades ministeriales por las facilidades que ha dado para el cambio de medidas cautelares en beneficio de algunos presos para que lleven sus procesos en libertad, la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y la Auditoría Superior del Estado por disponer partidas presupuestales destinadas a otros propósitos o que se han empleado para cubrir los ajustes salariales que aprobó con el pretexto de la Reforma al Poder Judicial del estado.
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