A la deficiente intervención del constructor del sexenio, se suma el atropello al que se somete a una población incapaz de ser escuchada, con sus caminos interrumpidos y hoy, decepcionados por la pésima calidad de las cacareadas reparaciones.
Vértice es el nombre de la constructora que en presunto contubernio con la Secretaría de Obras de Tlaxcala (Secoduvi) usa materiales inadecuados y en cantidades insuficientes. El desastroso resultado puede verse en obras como el reencarpetamiento de la carretera que comunica a Santa Inés Tecuexcomac y Santa Justina Ecatepec, en Ixtacuixtla.
Casi seis millones de pesos costó la obra. Personal de Secoduvi la cerró, no dio alternativas a los vecinos y, a la voz de abre vereda por donde puedas, tapó por meses los accesos con maquinaria pesada, según una nota del periódico El Sol de Tlaxcala.
Vértice tiene mucho que explicar porque su trabajo presenta evidentes fallas, a las cuales -según trabajadores de esa firma- se pudo haber evitado mediante la compactación y nuevos niveles de los tramos más deteriorados. Sólo así se evitan los consabidos encharcamientos que, hoy muestran el grave deterioro de una obra cara por donde se le quiera ver.
Vértice podría ser alguna de las firmas de reciente creación, sometidas al tradicional 8 por 3.
¿Qué significa esto?
Existen evidencias y testimonios del presunto cobro de una comisión que podría llegar al 24 por ciento.
Abundamos: un ocho por ciento del total presupuestado iría a mandos superiores (usted sabe, esto del gobierno es un negocio y hay que cumplir con los jefes); el otro ocho se quedaría con don Robert (Romano, sí, el titular de Secoduvi); ah, y el restante ocho… ¡también!.
¿Sabe?, un político pobre es un pobre político.
De ello está muy bien enterado mister Romano. Y dispuesto a ahuyentar a toda costa al fantasma de la miseria. Sí señor, este es un sistema de jauja… la abundancia sobre las miserias que significan administrar el recurso con un mínimo de honestidad.
Las marranadas (perdón por la expresión, pero se trata de un término ingenieril) permitidas por la Secoduvi hicieron que el presidente de Tepetitla, Pánfilo Pérez, pusiese el grito en el cielo, pues a su vez tiene sobre sí la presión de sus gobernados, dispuestos a torcer el rabo al responsable de haberlos engañado con semejante saña.
Por cierto, el gobierno estatal dispone de un área encargada de investigar este tipo de, «marranadas». Claro, es la Secretaría de la Función Pública, a cargo de un titular que parece un cerillo… así de rápido se enciende, es bravo y delicado… implacable con sus enemigos (hasta dicen que hay antecedentes… delicados).
Pues esa instancia debería intervenir de inmediato para sancionar al responsable de la merma bajo la norma 8 X 4, atribuida al secretario a quien sus íntimos conocen como el chavo del ocho (por cuatro).
Si somos un poco más perspicaces, caeremos en la cuenta de que la conducta de el secretario, «chavo del ocho» tiene algo de amañada en otros temas (no nada más en la carretera de Tepetitla).
Tenga usted presente este dato: 50 millones de pesos en butacas y demás enseres de la Plaza Bicentenario se están pudriendo en bodegas de la Secoduvi. ¿Que hace la SFP?… hasta ahora nada.
El propio edificio de la Plaza Bicentenario ha sido presuntamente saqueado en su interior, bajo una táctica hormiga.
Así que no continuar esa obra mezcla el interés de algún particular, beneficiado con el latrocinio, y la inflexibilidad política del gobierno hacia su adversario, autor de dicha obra.
Lo que no entiendo es la pasividad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) para reclamar el bien sobre el cual tiene potestad mediante el comodato asignado por el gobierno anterior.
A estas alturas, gobierno y universidad pecan de pasivos en la reactivación de una obra exageradamente cara, social y económicamente. Viera usted que a la gente poco le importan los intereses de uno y otro grupos involucrados en este lío de carácter grupal.
Pero no son las única quejas contra el constructor del sexenio.
Recordemos la destrucción del cuarto de máquinas del Hospital General de Huamantla, cuya reposición habría tenido la ligera equivocación de un cero, pero a la derecha, elevando presuntamente su costo, de ocho millones de pesos, a ochenta millones de pesos.
Como puede usted ver, habría razones legales de peso y suficientes como para meter a la cárcel al responsable de esta pachanga en el ámbito de la construcción.
Mas he de decirle que es uno de los consentidos del sexenio.
Será su eficiencia para la el cobro y distribución del 8X4. O será la confianza de venir del jurásico priísta a reencontrarse con los grandes negocios a costa de un estado saqueado y un pueblo lastimado.
Con un contralor a modo, estas muestras de cínicos robos tienen en su contra a la carabina de ambrosio.
Todo a cuenta del erario.
Grito desesperado de los empresarios
Con justificada razón, la clase pudiente de Tlaxcala está inquieta y temerosa. La extorsión se multiplica y los secuestros son una amenaza que desconcentra, angustia y decepciona.
Sin embargo nos seguimos llamando el estado más seguro del país.
Esto es incierto. No somos el estado más seguro, sí en cambio una entidad con una tremenda simulación que, a los empresarios ya colmó.
Vivimos la temporada de los decapitados, de los robos, de la extorsión.
¿Somos un estado seguro?
Claro que no.