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La corrupción al parecer si será castigada

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Los presidentes municipales del estado ayer comprobaron que enfrentarán otra realidad en el proceso de fiscalización de sus cuentas públicas, pues los actuales diputados locales ya dejaron claro que no están en la posición de ofrecer protección para cubrir quebrantos financieros, excesos, irregularidades y violaciones a la ley como sucedió en el 2017, por lo que más de uno podría enfrentar un proceso penal y su remoción.

La soberbia y la actitud retadora que mostraron la mayoría de los alcaldes de los 60 municipios de la entidad que asistieron al Salón Blanco del Poder Legislativo a una reunión con los diputados locales miembros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización terminaron por desaparecer cuando comprobaron que sus oscuros arreglos para lograr la aprobación de sus cuestionadas cuentas públicas del 2017 no sobrevivirán, por lo que el daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) será revisado y en caso de persistir se procederá legalmente para recuperar esos recursos públicos.

La reunión celebrada por la tarde ayer se hizo con la intención de conocer las inquietudes de los presidentes municipales de Tlaxcala en materia presupuestal y para exhortarlos a mejorar sus procesos administrativos, así como corregir las inconsistencias en la presentación de sus cuentas públicas.

Sin embargo, los alcaldes se confundieron y empezaron a quejarse de los limitados recursos públicos que disponen y de los rigurosos procesos de fiscalización a los que son sometidos, actitud que provocó la molestia de los legisladores que al principio aguantaron pero después decidieron enfrentar los reclamos con señalamientos de anomalías.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Báez Lópéz, les recordó que muchos ediles han cometido excesos y lamentó que éstos tengan sometidos a sus síndicos, a quienes no les entregan legalmente y en forma ordenada las cuentas públicas para ser revisadas y avaladas, lo cual genera dudas y sospechas de presuntos malos manejos financieros en los ayuntamientos.

Los alcaldes no contentos con esos señalamientos siguieron quejándose y negaron que existan anomalías financieras en sus administraciones, pues las observaciones detectadas durante el año fiscal del 2017 fueron solventadas ante la anterior legislatura y aceptadas por el Órgano de Fiscalización Superior.

Lo anterior fue desmentido por los actuales legisladores locales que fueron encabezados por María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quienes les precisaron a los ediles que los quebrantos millonarios detectados persisten y que la información del OFS con la publicada en el Periódico Oficial del Estado no concuerda, de ahí que será verificada para aclarar esas inconsistencias.

Ustedes se arreglaron con los diputados locales de la anterior legislatura que utilizaron las instalaciones del OFS para negociar y vender la idea de que el órgano estaba avalando las solventaciones, pero eso no fue así porque los dictámenes técnicos de los auditores se mantienen intactos y ahí se detallan los quebrantos, expuso un legislador.

Y para que no quedara dudas de lo que se estaba hablando, el diputado local del PT Víctor Castro López empezó a mencionar los nombres de los ayuntamientos y los montos millonarios observados como Zacatelco con más de 31 millones de pesos, Apizaco con más de 13 millones de pesos, Calpulalpan con más de 14 millones de pesos, Contla con más de 8 millones de pesos, Huamantla con más de 13 millones de pesos, Texoloc con más de 11 millones de pesos, Panotla con más de 10 millones de pesos y otros más.

Lo intervención del legislador incomodó a los presidentes municipales presentes que para entonces ya habían perdido la sonrisa, la soberbia y su actitud retadora, al grado que la diputada del PRI Zonia Montiel Candaneda intentó frenar los señalamientos de su compañero bajo el argumento de que esos pequeños detalles no venían al caso.

Trascendió que las cuentas públicas del 2017 que dejaron aprobadas la anterior legislatura serán revisadas y de manera especial las que tenían un dictamen reprobatorio por parte del OFS y que terminaron siendo avaladas, con el propósito de verificar si los quebrantos fueron debidamente justificados o si es necesario enviar esos casos a otras instancias para que se proceda administrativamente y penalmente contra los presidentes municipales responsables.

Los alcaldes y sus cabildos que han votado para rechazar la reforma constitucional aprobada por los actuales diputados para modificar los tiempos legales para presentar las cuentas públicas podrían arrepentirse de su decisión, porque ayer les quedó claro que no tendrán aliados ni las mismas atenciones que recibieron de la pasada legislatura.

Ojalá la postura asumida por los nuevos diputados sea una primera señal de que ahora sí la corrupción será castigada en Tlaxcala.