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Planes y diagnósticos plagados de obviedades

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Si el presidente galán del Tribunal Superior de Justicia en el Estado Héctor Maldonado Bonilla y el torvo procurador de Justicia José Aarón Pérez Carro creen que con su Plan Estratégico Institucional y Diagnóstico de la PGJE plagados de obviedades transformarán sus áreas de influencia, están muy equivocados porque ambos hablan de puras buenas intenciones que al final no sirven de nada.

A Héctor Maldonado le tomo dos meses y medio realizar un diagnóstico y un análisis FODA para, según él, encontrar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrentaba el TSJE para ofrecer una mejora en la eficiencia y calidad en la impartición de justicia.

Los objetivos para lograr la transformación del Poder Judicial de Tlaxcala quedaron plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Sin embargo, el documento que ayer fue presentado ante un serio y distante gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, no incluye aspectos relevantes o innovadores, ya que sólo habla del establecimiento de cinco perspectivas, 25 objetivos estratégicos y 120 líneas de acción tan comunes y silvestres que al parecer sólo emocionaron a la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Georgette Pointelin González, quien nunca dejó de mostrar su exaltación a Héctor Maldonado que como cualquier galán del programa “Enamorándonos” de TV Azteca se dejaba desear.

Según el presidente del TSJE ese plan “tiene como eje central al justiciable, al usuario de los servicios y la búsqueda de hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia de manera ordenada, eficaz y eficiente, pero sobre todo con dignidad y cercanía”.

También se dijo que se constituirá en la vía moderna, adecuada y más humana que propiciará la descongestión judicial y contribuirá a la pacificación social.

Y para rematar y mostrar su agradecimiento a Georgette Pointelin que la hizo de jefa de logística, edecán, primera dama y presidenta de las porristas de Maldonado Bonilla, el magistrado destacó que “la mediación ya es una realidad en nuestra entidad; no obstante, se requiere del diseño y ejecución de políticas públicas que contribuyan a su consolidación, por ello se plantea alcanzar el 100% de cobertura estatal de los servicios de mediación, participar activamente con el Congreso del Estado en el proceso de armonización de la legislación local de mecanismos alternativos con la Ley General que en su momento se expida por el Congreso de la Unión, capacitar y certificar nuevos facilitadores públicos y privados”.

Podríamos seguir describiendo más aspectos intrascendentes del mencionado plan, pero sería una pérdida de tiempo porque habla de lugares comunes como la falta de capacitación y propósitos que son pura demagogia, como asegurar que el TSJE trabajará día a día con excelencia, honestidad, disciplina, calidad y humanismo institucional.

Y para seguir con su andanada de falacias, Héctor Maldonado se burló de los asistentes al evento cuando afirmó que para él es una prioridad institucional hacer efectiva la carrera judicial en los términos previstos en la Ley Orgánica del TSJE para efecto de llevar a cabo el ingreso, promoción, permanencia, evaluación y profesionalización de los servidores públicos, pues es obvio que los marianistas se han refugiado en el Poder Judicial y han logrado puestos sin tener trayectoria en el tribunal, es decir, llegaron a sus cargos por ser subordinados del ex gobernador Mariano González Zarur.

En fin, los trabajadores del TSJE dicen que si antes era una pesadilla soportar las actitudes de grandeza de la diminuta magistrada Elsa Cordero Martínez, ahora es insufrible aguantar la soberbia y arrogancia de Georgette Pointelin, mismas que superan por mucho su notable peso corporal.

Por lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ayer el titular de la dependencia se aventó la puntada de descubrir el agua tibia al reconocer que en su área de influencia es evidente la falta capacitación y personal, condiciones que impiden llevar a cabo un trabajo eficiente.

Para llegar a tan sesuda conclusión, Pérez Carro reveló que fue necesaria la participación de un grupo de alto rango para elaborar un estudio metodológico que encontró tales deficiencias que ahora serán atacadas para tener una procuraduría moderna que de resultados.

Si así va a trabajar el procurador y así va a perseguir a los delincuentes que operan con total impunidad en Tlaxcala, júrelo que los hampones se van a burlar de las autoridades y de sus modernas estrategias contra el crimen.

Por lo que se ve la PGJE seguirá funcionando con la misma ineficiencia que prevalece desde el gobierno pasado, con la diferencia de que ahora los ciudadanos tendrán que cuidarse más porque según José Aarón Pérez pronto contratarán a más policías ministeriales, peritos y médicos legistas.

El panorama que se ve en el TSJE y la PGJE está para llorar.

El triunvirato que controla y se reparte el poder el TSJE

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Una sopa de su propio chocolate es la que recibió el viernes pasado la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Elsa Cordero Martínez, quien no le quedó otras más que ver como los magistrados Héctor Maldonado Bonilla, Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez son los que ahora mueven los hijos en el Poder Judicial de Tlaxcala.

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Con la soberbia por los cielos y con una prolongada borrachera de poder, Elsa Cordero intentó operar la ratificación de María Sofía Margarita Ruiz Escalante como representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura, posición que ya no pudo retener porque el triunvirato que hoy controla el TSJE decidió ponerle un alto a su insaciable ambición.

Primero los magistrados Héctor Maldonado, Rebeca Xicoténcatl y Mario Antonio de Jesús Jiménez conspiraron para que la evaluación aplicada a su compañera Ruiz Escalante saliera negativa y tuvieran el argumento legal para oponerse a su ratificación en el mencionado cargo, pues según ellos era indispensable cortar la uña que Elsa Cordero aún pretendía tener en el Consejo de la Judicatura .

Los magistrados Elsa Cordero, Elías Cortés Roa, Mary Cruz Cortés Ornelas y Leticia Ramos Cuahutle eran los que apoyaban la ratificación de María Sofía Margarita Ruiz en el Consejo de la Judicatura, sin embargo terminó imponiéndose el criterio de Héctor Maldonado, Rebeca Xicoténcatl, Mario Antonio de Jesús Jiménez y Felipe Nava Lemus, quienes se negaron a la permanencia de esa abogada por un periodo más en esa posición.

Una vez logrado ese primer paso, el triunvirato operó la llega de uno de los suyos al Consejo de la Judicatura. Entre las propuestas que se hicieron estaba el nombre del magistrado Elías Cortés Roa, el del ex contralor Hugo René Temoltzin Carreto y el de Noé Cuecuecha, secretario proyectista de la influyente Rebeca Xicoténcatl.

Sin embargo, ninguno logró el consenso y fue entonces que Héctor Maldonado propuso a su secretaria particular Martha Zenteno Ramírez, quien al final logró el respaldo unánime del pleno del TSJE para convertirse en la representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura.

Rebeca Xicoténcatl y Mario Antonio de Jesús Jiménez han jugado muy bien sus cartas para aumentar su influencia y poder en el TSJE. En 45 días han disminuido al máximo la pujanza de Elsa Cordero, quien ya siente la frialdad de la soledad.

Héctor Maldonado junto con Xicoténcatl y Jiménez controlan las sales penal y civil del TSJE, así como el Consejo de la Judicatura. Martha Zenteno y Leticia Caballero Muñoz, representante de los jueces ante ese mencionado órgano son garantía de lealtad, pues ambas le deben a María Inés Bonilla Sosa, mamá del presidente del TSJE su crecimiento profesional.

Hasta ahora ningún cambio apunta a una mejorar o una transformación del Poder Judicial de Tlaxcala. Simplemente el nuevo grupo en el poder busca cobrar las afrentas recibidas y afianzar su influencia.

El cambio del presidente del TSJE no sirvió de nada, porque las cosas siguen igual o peor.

Pobre Tlaxcala.

La farsa de la legalidad al interior del TSJE

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El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Héctor Maldonado Bonilla, no pierde oportunidad para presumir y destacar la supuesta legalidad que prevalece en ese poder, misma que no existe porque está tan arraigada la corrupción, el amiguismo, el oportunismo y el tráfico de influencias que todos se prestan para encubrir esas sucias prácticas.

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Estamos a años luz de ver una transformación del Poder Judicial de Tlaxcala.

Las malas prácticas y pésimas costumbres se encuentran incrustadas en su ADN. Hoy se vive un nuevo periodo de complicidad e impunidad que pretenden solapar el libertinaje de la ex presidenta del TSJE Elsa Cordero Martínez y cumplir los caprichos de los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez.

Acostumbrado a la sumisión y a obedecer órdenes, Héctor Maldonado aceptó como buen mozo convertirse en la tapadera de Cordero Martínez, quien al final de su pésimo periodo como representante del Poder Judicial de Tlaxcala logró al menos 10 basificaciones, de las cuales 5 fueron para personajes ligados a sus intereses.

También a la soberbia abogada le dio tiempo para subir la categoría a 20 trabajadores del TSJE sin rendir cuentas a nadie. Vaya, no le importo que las finanzas del TSJE se encuentren dañadas.

En los últimos días de poder, Elsa Cordero no tuvo empacho en despacharse con la cuchara y grande y sumar cómplices de sus excesos. Por esa razón, permitió que la magistrada María Sofía Margarita Ruiz Escalante incrustara a un familiar más en la nómina de TSJE.

Karla Margarita Moreno Ruiz, hija de la mencionada magistrada y recién egresada de la licenciatura fue designada como Oficial de Partes Juzgado Tercero de lo Civil, violando la ley que establece que para desempeñar ese cargo es necesario comprobar una experiencia mínima de 3 años, lo cual se logra a partir de que se obtiene la cédula profesional.

Sin embargo, la buena suerte de la magistrada María Sofía Margarita Ruiz estaría por terminarse, pues al parecer Héctor Maldonado está siendo presionado por los magistrados Rebeca Xicoténcatl Corona y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez para impedir que la primera se siga desempeñando como miembro del Consejo de la Judicatura, cuyo periodo vence el 17 de marzo de este año.

La abogada será sometida a una evaluación que incluso fue abierta al personal del TSJE y  a litigantes para determinar si debe o no continuar como representante de los magistrados ante el mencionado consejo.

Antes del 16 de marzo se conocerá el resultado, pero la intención es que Ruiz Escalante sea rechazada para que el pleno del TSJE nombre a otro representante de los magistrados, que por ley puede ser un miembro del Poder Judicial o un externo.

Esa posición la quieren la ambiciosa Rebeca Xicoténcatl Corona y el hábil Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, pues su intención es que el sobrino del segundo Ramón Jiménez Casco, Juez Primero de lo Penal asuma ese encomienda para que empiecen a tener injerencia en el Consejo de la Judicatura.

Esos dos magistrados están convertidos en los más influyentes al interior del TSJE, de ahí que la magistrada Rebeca Xicoténcatl no tiene ningún problema en llegar tarde y dejarse ver por pocas horas en su centro de trabajo, pues según ella nadie le puede decir algo porque Héctor Maldonado le debe la presidencia del Poder Judicial.

Pero no crea que Xicoténcatl Corona no ha aprovechado su posición, pues ha logrado que Yeniséi Esperanza Flores Guzmán se mantenga como jueza pese a que nunca presentó el examen de oposición que se requiere para ocupar ese puesto.

Y la que de plano anda insoportable en el Poder Judicial es la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Georgette Pointelin González, quien asume actitudes de primera dama luego de las múltiples atenciones que le brinda el poblano Héctor Maldonado.

Así las cosas en el TSJE.

Maldonado Bonilla el pelele de Cordero y Jiménez

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Muy poco le duro al marianismo el control del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en la figura del blandengue magistrado presidente Héctor Maldonado Bonilla, quien a un mes de haber asumido a la máxima representación del Poder Judicial se encuentra rebasado por la fuerza y control que ejercen los magistrados Elsa Cordero Martínez y Mario Antonio Jiménez Martínez.

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El triunvirato que existe al interior del TSJE ya empezó a generar molestia y desconfianza entre el personal del Poder Judicial de Tlaxcala, debido a que está claro que de ahora en adelante los amigos y aliados de los magistrados Héctor Maldonado, Elsa Cordero y Mario Antonio Jiménez serán los que obtengan ascensos, privilegios y proyección.

Al marianista Maldonado Bonilla le han dejado creer que ejercerá el poder absoluto en el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sin embargo en los hechos su influencia es relativa.

Los que en realidad están fortaleciendo su influencia y control en el Poder Judicial son Elsa Cordero y Mario Antonio Jiménez, quienes lograron llevar a cabo sin ningún problema una rotación de jueces.

La escasa carrera y arraigo en el Poder Judicial de Héctor Maldonado han provocado que sea un vil espectador más del reparto de privilegios, pues la rotación de jueces fue aprovechada por Cordero y Jiménez para castigar a aquellos funcionarios que se han mostrado desleales a sus proyectos, por lo que hubo impartidores de justicia que fueron alejados a juzgados retirados como Calpulalpan y Huamantla.

El cambio se venía consensando desde hace cinco meses entre Elsa Cordero y Mario Antonio Jiménez, por lo que la semana pasada se concretaron esos movimientos una vez que obtuvieron el aval del títere de Héctor Maldonado, quien lejos de intervenir o proponer algún cambio optó por aprobar esa rotación sin chistar nada.

Quedaron libres de algún cambio las juezas consentida de Elsa Cordero y que son Marisol Barba Pérez y Angélica Aragón Sánchez, así como el sobrino del magistrado Mario Antonio Jiménez, el juez Ramón Jiménez Casco, así como otros incondicionales del eterno aspirante a la presidencia del TSJE.

El malestar por la rotación existe y no dude que pronto se empiecen a ventilar asuntos de corrupción ligados a los jueces consentidos, pues es evidente que esos cambios dañaron intereses entre el personal del Poder Judicial de Tlaxcala.

Sin embargo, es probable que esas acusaciones no tengan ningún efecto porque las pocas voces críticas que había al interior del Consejo de la Judicatura ya fueron compradas y hoy se encuentran satisfechas con las migajas que lograron conquistar, al grado que ya olvidaron su lealtad al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.

Para nadie es un secreto que los consejeros Mildred Murbatián Aguilar y Álvaro García Moreno obtuvieron las plazas que querían y ahora se mueven al compás que les tocan.

Dicen que pronto habrá cambios en el TSJE y que llegará un marianista más a la estructura del Poder Judicial de Tlaxcala. Aunque no está pelón adivinar de quien se trata, se menciona que dicho personaje está encargado de limpiar todos los expedientes de los ex funcionarios del gobierno de Mariano González Zarur que por alguna razón han sido observados por los órganos de control y vigilancia.

Antes de dejar su cargo en la pasada administración, ese abogado que no tiene un pelo de humildad maniobró para que un despacho externo ligado a sus intereses fuera contratado a fin de determinar si los procedimientos contra servidores públicos eran viables. El negocio fue redondo porque es obvio que cobró y al mismo tiempo exculpó a los ex funcionarios involucrados en algún tema delicado.

Lamentable es lo que pasa en el TSJE o no.

El combate a la corrupción puede esperar

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La omisión de los diputados locales de aprobar el Sistema Estatal Anticorrupción fue solucionada en fast track para evitar más señalamientos en su contra, sobre todo cuando un número importante de legisladores anda tras la reelección, por lo que ayer avalaron cambios legales que darán vida a un esquema que intentará castigar el enriquecimiento inexplicable de los servidores públicos.

corrupción tlax
A los diputados locales de Tlaxcala les encanta ser exhibidos y exhibirse, al grado que solitos se ponen en evidencia ante sus representados, como sucedió ayer con la aprobación de las reformas y leyes del anhelado Sistema Estatal Anticorrupción.

Es obvio que los legisladores tenían la intención de posponer el tiempo que fuera posible la creación del mencionado sistema y que el plazo constitucional establecido para aprobar dichos cambios jurídicos y que venció a finales del año pasado nunca les importó, pues está claro que en Tlaxcala simplemente no hay voluntad política para combatir la corrupción.

Las reformas y dictámenes para dar paso al Sistema Estatal Anticorrupción siempre estuvieron listos y en manos del ladino diputado priista Enrique Padilla Sánchez, pero por alguna extraña razón los representantes populares de los tlaxcaltecas prefirieron esconderlas y guardarlas hasta que el jefe de los diputados diera la instrucción de procesar esos cambios, tal y como sucedió en la sesión ordinaria de ayer.

Pero para lograr que esa orden llegara, fue necesario que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concediera la semana pasada un amparo a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por el cual se pudo obligar al Congreso del Estado a expedir las reformas que sustentarán al sistema legal que castigará las malas prácticas de los servidores públicos.

Si usted piensa que tenemos legisladores eficientes y responsables que en menos de cinco días se pusieron a trabajar para elaborar las reformas y dictámenes que fueron avalados ayer se equivoca, ya que esos documentos tenían semanas o meses listos y se ocultaron a fin de prolongar el mayor tiempo posible la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Y aunque ya se aprobaron los cambios y reformas, será hasta finales de agosto cuando ese andamiaje jurídico funcione en Tlaxcala. Una vez que sea publicada la reforma en el Periódico Oficial, el Congreso del Estado deberá conformar el Tribunal de Justicia Administrativa, para lo cual tendrá que designar a dos magistrados a propuesta del gobernador.

El tercer miembro de ese cuerpo colegiado será el gris magistrado Elías Cortés Roa, quien funge como encargado de la Sala Electoral Administrativa del TSJE.

El Tribunal de Justicia Administrativa empezará a funcionar dentro de seis meses, al igual que el Comité de Participación Ciudadano que se conformará por cinco representantes de la sociedad civil.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado tendrá que crear la fiscalía especializada en materia de corrupción, proceso que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 60 días después de haber sido publicado el decreto correspondiente.

Como podrá ver en Tlaxcala no existe ninguna prisa por castigar la corrupción, la cual al parecer sólo existe en la imaginación de los tlaxcaltecas y uno que otro mal pensado periodista. Es mentira que haya funcionarios que llegan con una mano adelante y otra atrás y cuando dejan el cargo presumen propiedades, carros de lujo y viajes en el extranjero.

Y ya que hablamos de funcionarios, le cuento que hay algunos responsables de importantes dependencias federales que andan operando en contra del virtual candidato del PRI a la diputación federal por el distrito uno, Mariano González Aguirre.

Los responsables de esas delegaciones relacionadas ambas con la vivienda dicen que no trabajarán por el aun diputado local y que no permitirán que disponga de recursos y de personal para su campaña. Con esos amigos para que quiere enemigos el hijo del ex gobernador.

Los excesos y errores de los funcionarios estatales

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Muy pronto se acostumbraron los funcionarios estatales a la buena vida, porque son contados los que se esfuerzan por llevar a cabo un trabajo digno que contribuya al desarrollo de Tlaxcala. Están alejados de la grilla política y al parecer ninguno tiene el interés de involucrarse en las actividades proselitistas para apoyar al PRI.

funcionarios menistas

Con 13 meses en el gobierno, la gran mayoría de los funcionarios estatales entró a su zona de confort y ha empezado a recurrir a excesos que al final terminarán afectado la imagen de la actual administración.

Si bien el pago de bonos y la contratación de familiares fueron dos medidas que se cancelaron al inició del gobierno menista, la realidad es que los meses pasaron y hubo funcionarios con dotes de poeta que aprovechando la cercanía con el mandatario revivieron la entrega de “estímulos”, pero con la salvedad de que éstos sólo fueron para una docena de directivos que no tuvieron empacho en dejar evidencias de los mismos, situación que tiene muy molesta a la estructura administrativa de esa dependencia por el favoritismo existente.

Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Educación Pública enfrenta un desorden administrativo del cual poco se sabe y se habla, porque por varios meses fue cubierto por la ex secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, sin embargo hoy su circunstancia es diferente y no dude que pronto salgan a la luz algunas inconsistencias operativas en esa dependencia.

Hace casi un año se conoció que Mauricio Rugarcía fue despedido de la dirección Administrativa del Despacho del Gobernador, posición que llegó a ocupar Erika María Nande Islas, hermana de la actual titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Alejandra Nande Islas. Su llegada al primer círculo de confianza y poder le habría facilitado las cosas para contratar a su esposo, quien cada quincena acude puntualmente a firmar la nómina.

Mauricio Rugarcía fue cesado porque no sólo tenía una larga lista de aviadores en la nómina del Despacho del Gobernador que autorizó el hacendado Mariano González Zarur, sino porque llevaba un manejo poco claro de los recursos públicos que disponía.

Los excesos que existían en esa área de la administración estatal al parecer se mantienen y hoy se estarían cometiendo algunos “errores” que implican gastos no justificables, como la contratación de equipos de sonido a particulares para la sonorización de varios eventos del gobierno cuando el área de logística y giras tiene la capacidad técnica y equipo para evitar dicho desembolso.

Son muy pocos los funcionarios estatales que están comprometidos con su jefe y con el nuevo coordinador del gabinete Tito Cervantes Zepeda, secretario de Gobierno, pues cuando se enteraron que el mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez no estaría en el evento de la celebración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución, muchos se ausentaron y no giraron las instrucciones para que directivos y otros empleados acudieron al acto oficial, razón por la cual se tuvieron que quitar la mitad de las sillas instaladas.

Tito Cervantes debe mostrar mayor liderazgo y control del gabinete, porque no es posible que sus compañeros empiecen a extrañar a la ex titular de esa dependencia, Anabel Alvarado Varela, quien dejó el cargo para convertirse en candidata del PRI al Senado.

Otra muestra de la falta de interés por parte de los funcionarios menistas, es que a la fecha ninguno se ha involucrado directamente en labores políticas para apuntalar las campañas de los candidatos priistas rumbo a los comicios del 1 de julio.

A cinco meses de las elecciones la actitud de los colaboradores del gobernador es de valemadrismo como si el partidazo encabezara en Tlaxcala las preferencias y tuviera una cómoda ventaja sobre sus rivales, lo cual no es así porque en la competencia por la presidencia de México, por el Senado y por las diputaciones federales el tricolor se ubica en la tercera posición.

Hoy es más que evidente que el PRI va por un lado y el gobierno por otro, situación que tiene muy contentos y felices a la oposición.

Los marianistas abandonaron a José Antonio Meade

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Los focos de alarma por la falta de crecimiento y el estancamiento que registra la campaña del ciudadano José Antonio Meade Kuribreña se han encendido en Tlaxcala, porque el virtual candidato presidencial del PRI, PVEM y el Panal no logra despegar y es la fecha que no tiene en el estado a ningún representante o coordinador oficial.

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Las tendencias electorales no mienten y los últimos sondeos para medir el posicionamiento de José Antonio Meade confirmaron que el ciudadano que encabeza a los priistas en este proceso está estancado en Tlaxcala con un rango de preferencias que oscila entre el 17 al 20 por ciento, cuando la tendencia que obtiene Andrés Manuel López Obrador se mueve entre 38 y 42 puntos porcentuales.

La alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que apostaron al panista Ricardo Anaya Cortés se ubica en el segundo lugar de las preferencias de la elección presidencial, sin embargo su rango que va de los 26 a los 30 puntos no le alcanza para disputar en estos momentos el triunfo al tabasqueño.

En Tlaxcala es imperceptible el trabajo político que quizá existe a favor del virtual candidato de PRI a la presidencia de México. La dirigencia estatal que controló por varios meses Florentino Domínguez Ordoñez se preocupó más por su promoción personal a fin de convertirse en candidato al Senado que en trabajar por las aspiraciones del ex secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Roberto Lima Morales, quien desde hace unos días se desempeña como líder del PRI en Tlaxcala tampoco muestra un interés por la campaña de su abanderado presidencial, pues por lo que se ve está más enfocado en apapachar a los sectores y dirigentes del partidazo que en promocionar a Meade Kuribreña.

Los marianistas que el domingo 10 de diciembre del año pasado salieron a formarse y anunciar la creación del grupo “Tlaxcala con Meade” fue una llamarada de petate, porque aunque tenían el aval del ex gobernador Mariano González Zarur nunca recibieron la venia del actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez que optó por bloquearlos.

Ernesto Ordoñez Carrera, ex secretario de Gobierno con Mariano González era la cabeza visible de ese grupo, el cual se desarticuló a los pocos días de su presentación al ser excluido de la precampaña de José Antonio Meade, quien ha de estar arrepentido porque los marianistas de haber sido incorporados si estarían trabajando por su causa.

El precandidato priista que visitó Tlaxcala el pasado 29 de diciembre fue recibido por los empleados del gobierno estatal que fueron citados y trasladados al salón “Joaquín Cisneros” del recinto ferial para arropar al ex funcionario federal, lo cual sucedió pero no trascendió porque después de ese evento nadie se movió más para apuntalar la figura de Meade en la entidad tlaxcalteca.

Hoy un cercanísimo operador del gobernador anda visitando a los presidentes municipales en funciones para pedirles que apoyen al PRI y a su candidato presidencial a cambio de recibir apoyos para obras y otros programas sociales. Lo malo es que esos alcaldes que hoy reciben esas tentadoras propuestas fueron maltratados el año pasado por los funcionarios estatales cuando solicitaban alguna ayuda de la administración estatal, por lo que la mayoría tiene dudas en aceptar esos ofrecimientos porque además han comprobado que Meade tiene muy poca aceptación entre los ciudadanos.

En diez días más terminará el proceso de precampañas de los aspirantes a la presidencia de México y Meade Kuribreña deberá preocuparse porque en Tlaxcala muy pocos o nadie está trabajando para su proyecto que al parecer se empieza a hundir.

La sucesión del TSJE

De no existir alguna complicación de última hora será el magistrado Elías Cortés Roa el que asuma este día la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, proceso que implicó una dura negociación entre menistas y marianista que terminó beneficiando a la aún representante legal del Poder Judicial Elsa Cordero Martínez.

Los detalles saldrán a la luz, pero antes habrá que confirmar si el dócil Cortés Roa se sienta en la silla principal del TSJE, posición que ocupará para tapar todo el cochinero que dejó la magistrada Cordero Martínez.

Cómo estarán las cosas en el TSJE que todos extrañan la forma de administrar y dirigir al Poder Judicial por parte del ex magistrado Justino Hernández.

Pésima señal enviaron los diputados locales

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Los legisladores locales fueron incapaces de ajustarse a los lineamientos establecidos en una sentencia de amparo y por arte de magia llegaron a la conclusión que el ex magistrado Fernando Bernal fue improductivo y que por esa y otras razones no merecía ser reincorporado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).

fernando bernal

La sesión extraordinaria celebrada ayer para desahogar el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar representa un pésimo antecedente para el inminente análisis y aprobación del marco legal que dará vida al Sistema Estatal Anticorrupción, así como al nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y del Fiscal Anticorrupción.

Los legisladores dieron cumplimiento a la sentencia de amparo que un juez federal emitió para salvaguardar los derechos del ex magistrado, sin embargo no respetaron los lineamientos que se fijaron para llevar a cabo la evaluación y optaron por ver “las graves inconsistencias” que según ellos tuvo Fernando Bernal como integrante del Poder Judicial en Tlaxcala.

Lo curioso del caso es que los diputados dieron a conocer que existen motivos razonables, sustanciales y objetivos para no ratificar a Fernando Bernal Salazar, pues se logró acreditar que el evaluado no conservó los atributos de excelencia profesional, laboriosidad, diligencia y profesionalismo que su carácter de magistrado le exigía, es decir, llegaron a la conclusión de que fue improductivo y un mal impartidor de justicia.

Los diputados comandados por el obstinado priista Mariano González Aguirre encontraron hasta la tercera sesión que celebraron para tratar de desahogar el asunto múltiples fallas en el supuesto desempeño de Fernando Bernal.

Si se aplicaran esos mismos criterios de evaluación a otros magistrados que si fueron ratificados, como fue el caso de Elsa Cordero Martínez, se encontraría que la hoy presidenta del TSJE tendría la misma improductividad e inconsistencias que le reprochan a Fernando Bernal, de ahí que el proceder de los diputados locales no se apega a la verdad ni a la ley.

Aunque para la mayoría el caso del ex magistrado está concluido porque ahora sí está sustentado en un acto soberano, falta ver si el ex magistrado se inconforma y si el juez federal acepta o no el dictamen aprobado por los legisladores, pues existe la posibilidad de que sea rechazado si se comprueba que no se acataron los lineamientos que se dieron para resolver ese caso que inició desde el 2014.

Con este pésimo antecedente se llegará al análisis y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados lejos de avalar un marco jurídico de avanzada lo más seguro es que opten por ver su conveniencia y su recompensa económica.

En el caso del ex magistrado Fernando Bernal por lo menos había diez diputados de oposición que estaban a favor de la ratificación, pero ayer sólo tres se mantuvieron firmes y el resto cambio su postura y su sumó a los votos del PRI y sus aliados para sacar ese tema.

Con esos dobleces y actitud sumisa de algunos diputados opositores, el PRI y sus aliados impondrán el Sistema Estatal Anticorrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y el Fiscal Anticorrupción, que desde hoy le puedo asegurar que no llegarán personajes independientes y con la capacidad para garantizar el correcto funcionamiento de esa estructura que al final será un adorno más en el gobierno.

Lo grave es que la actual legislatura presume que es la mejor de los últimos tiempos.

De grillas priistas hasta grillas baratas entre magistrados

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Las grillas al interior del Partido Revolucionario Institucional están a todo lo que dan y las diferencias que existen entre aspirantes a las candidaturas al Senado pronto se harán visibles y se demostrará que la unidad priista en Tlaxcala es pura simulación.

priistas

Anabel Alvarado Varela, la actual secretaria de Gobierno y ex compañera de los actuales diputados federales Ricardo García Portilla y Rosalinda Muñoz Sánchez, es ubicada por los legisladores como la responsable del bloqueo político y mediático, así como del golpeteo que sufren, con la clara intención de frenar sus aspiraciones.

El maltrato que dicen enfrentar los legisladores desde hace algunos meses, incluida la oriunda de Chiautempan, Fabiola Rosas Cuauhtle, quien llegó a ocupar el lugar que dejó Anabel Alvarado para convertirse en la mano derecha del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, ha sido notificado al líder de los diputados federales del PRI, César Camacho Quiroz, quien les ha pedido paciencia y prudencia.

Ricardo García y Rosalinda Muñoz no saben si el bloqueo es una instrucción del jefe de Anabel Alvarado o una decisión personal de la funcionaria, quien según las palabras de los legisladores federales está obsesionada con ser la candidata que encabece la fórmula del Senado por el PRI en Tlaxcala.

Ambos legisladores se sienten con derechos de buscar y de ser considerados como aspirantes a las candidaturas al Senado. Ricardo García se bajó de la lucha por la candidatura a la gubernatura y fue el coordinador de la campaña del hoy mandatario Mena Rodríguez.

Lo malo para la secretaria de Gobierno es que en pocos meses ha acumulado muchas afrentas entre los priistas, quienes buscarán cobrarse esos insultos si es que la funcionaria estatal se convierte en candidata al Senado para los comicios del 2018.

De entrada le puedo asegurar que ninguno de los tres diputados federales trabajará para la campaña de Anabel Alvarado si es que se confirma su nominación en los próximos días, posición que también asumiría el grupo del ex gobernador Mariano González Zarur que no baja a la secretaria de Gobierno de ser una desleal y malagradecida.

La campaña de desprestigio de Elsa y Mariano

Alguna mala señal recibieron el diputado Mariano González Aguirre y la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Elsa Cordero Martínez, quienes están más que dispuestos a llevar y financiar una campaña de desprestigio contra la magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona para impedir que asuma la titularidad del Poder Judicial en el 2018.

La intención es sembrar la idea de que la impartición de justicia en materia penal se vende al mejor postor y que la responsable de esa supuesta y mala práctica sería Rebeca Xicohténcatl que encabeza una de las salas penal del TSJE.

Pronto verá como las críticas mediáticas se centrarán en la magistrada y nadie hablará del desempeño del otro magistrado y presidente de la sala penal, Héctor Maldonado Bonilla, quien pretende dirigir el Poder Judicial con el apoyo de Mariano González y Elsa Cordero.

Vaya, son tan obvios que uno de los chalanes de Elsa Cordero tuvo la encomienda de difundir que Rebeca Xicohténcatl se sometió hace unos días a una cirugía estética para mejorar su figura y sus atributos, procedimiento que llevó a cabo en Puebla y que es muy similar a los que la actual presidenta del TSJE se ha hecho para supuestamente mejorar su apariencia.

Ese es el nivel de la grilla en Tlaxcala.

Ni hablar.

Un millonario final tendrá caso de ex magistrado

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Si alguien aún piensa que los diputados locales podrían ser multados y destituidos por no acatar una sentencia de un juez federal por el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, déjeme decirle que eso no pasará y que en unas semanas más el conflicto entrará en una ruta que conducirá a su solución.

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Legalmente nadie puede obligar a los diputados locales a lograr una votación de mayoría calificada para aprobar un dictamen que establezca la ratificación o no del ex magistrado Fernando Bernal Salazar, por lo que los legisladores ya libraron la multa y la separación del cargo que tiene implícita una inejecución de una sentencia de amparo.

Por esa razón, es muy probable que los diputados sometan de nuevo a votación el caso del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien desde el 2014 inició un litigio para lograr su permanencia como miembro del Poder Judicial de Tlaxcala, pero sin tener la presión de lograr la votación mínima requerida o de cumplir con un tiempo fatal para acatar el fallo de la justicia federal.

Lo que es un hecho es que Fernando Bernal no será reincorporado como magistrado, porque es una decisión que el ex gobernador Mariano González Zarur está empeñado en mantener para demostrar que aún tiene influencia y poder en Tlaxcala.

Dicen que el hacendado habría recurrido nuevamente a la asesoría de su amigo el magistrado del Tribunal Colegiado, Othón Manuel Ríos Flores, para encontrar una solución al conflicto que afecta a su hijo Mariano González Aguirre, quien cobra como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política en el Congreso del estado.

El mencionado magistrado federal que fue un aliado clave de Mariano González en el pleito legal que sostuvo con los ortinotarios que fueron suspendidos en sus funciones durante su administración, habría recomendado mantener la simulación que existe en el cumplimiento de la sentencia de amparo hasta que se promueva un incidente de inejecución, pues ese procedimiento abrirá la puerta para ponerle punto final a ese conflicto.

Cuando se llegue a ese punto, quedará establecido que los diputados locales no podrán ser multados ni separados de sus cargos por no acatar un fallo de un juez federal, sin embargo la justicia a través de un Tribunal Colegiado tendrá facultades para ordenar que Fernando Bernal sea resarcido económicamente, es decir, que reciba una liquidación y el pago de sus prestaciones a las que tendría derecho como magistrado del TSJE.

Así como algunos ex magistrados han recibido su haber de retiro, Fernando Bernal podría obtener el suyo, así como el pago de todas las prestaciones que han cobrado los actuales magistrados, lo cual tendría que abarcar desde el 2014 a la fecha en que se emita esa nueva y probable resolución judicial.

De esa forma los diputados locales se librarán del problema que al final terminará en el Poder Judicial de Tlaxcala, pues los recursos para cumplir con esos pagos tendrán que salir de sus saqueadas finanzas.

El diputado Mariano González Aguirre y Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia podrán presumir que ganaron ese pleito y que tienen asegurado el control del Poder Judicial, aunque se hayan evidenciado como malos operadores para solucionar un problema que ellos mismos complicaron por sus exagerados ímpetus de protagonismo y venganza.

Fernando Bernal cumplió con su objetivo de evidenciar al ex gobernador y a los diputados. Su proceso de no ratificación como magistrado fue ilegal, sin embargo ya no dirá nada cuando reciba su abultada compensación económica.