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La corrupción al parecer si será castigada

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Los presidentes municipales del estado ayer comprobaron que enfrentarán otra realidad en el proceso de fiscalización de sus cuentas públicas, pues los actuales diputados locales ya dejaron claro que no están en la posición de ofrecer protección para cubrir quebrantos financieros, excesos, irregularidades y violaciones a la ley como sucedió en el 2017, por lo que más de uno podría enfrentar un proceso penal y su remoción.

La soberbia y la actitud retadora que mostraron la mayoría de los alcaldes de los 60 municipios de la entidad que asistieron al Salón Blanco del Poder Legislativo a una reunión con los diputados locales miembros de la Comisión de Finanzas y Fiscalización terminaron por desaparecer cuando comprobaron que sus oscuros arreglos para lograr la aprobación de sus cuestionadas cuentas públicas del 2017 no sobrevivirán, por lo que el daño patrimonial detectado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) será revisado y en caso de persistir se procederá legalmente para recuperar esos recursos públicos.

La reunión celebrada por la tarde ayer se hizo con la intención de conocer las inquietudes de los presidentes municipales de Tlaxcala en materia presupuestal y para exhortarlos a mejorar sus procesos administrativos, así como corregir las inconsistencias en la presentación de sus cuentas públicas.

Sin embargo, los alcaldes se confundieron y empezaron a quejarse de los limitados recursos públicos que disponen y de los rigurosos procesos de fiscalización a los que son sometidos, actitud que provocó la molestia de los legisladores que al principio aguantaron pero después decidieron enfrentar los reclamos con señalamientos de anomalías.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, Víctor Báez Lópéz, les recordó que muchos ediles han cometido excesos y lamentó que éstos tengan sometidos a sus síndicos, a quienes no les entregan legalmente y en forma ordenada las cuentas públicas para ser revisadas y avaladas, lo cual genera dudas y sospechas de presuntos malos manejos financieros en los ayuntamientos.

Los alcaldes no contentos con esos señalamientos siguieron quejándose y negaron que existan anomalías financieras en sus administraciones, pues las observaciones detectadas durante el año fiscal del 2017 fueron solventadas ante la anterior legislatura y aceptadas por el Órgano de Fiscalización Superior.

Lo anterior fue desmentido por los actuales legisladores locales que fueron encabezados por María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, quienes les precisaron a los ediles que los quebrantos millonarios detectados persisten y que la información del OFS con la publicada en el Periódico Oficial del Estado no concuerda, de ahí que será verificada para aclarar esas inconsistencias.

Ustedes se arreglaron con los diputados locales de la anterior legislatura que utilizaron las instalaciones del OFS para negociar y vender la idea de que el órgano estaba avalando las solventaciones, pero eso no fue así porque los dictámenes técnicos de los auditores se mantienen intactos y ahí se detallan los quebrantos, expuso un legislador.

Y para que no quedara dudas de lo que se estaba hablando, el diputado local del PT Víctor Castro López empezó a mencionar los nombres de los ayuntamientos y los montos millonarios observados como Zacatelco con más de 31 millones de pesos, Apizaco con más de 13 millones de pesos, Calpulalpan con más de 14 millones de pesos, Contla con más de 8 millones de pesos, Huamantla con más de 13 millones de pesos, Texoloc con más de 11 millones de pesos, Panotla con más de 10 millones de pesos y otros más.

Lo intervención del legislador incomodó a los presidentes municipales presentes que para entonces ya habían perdido la sonrisa, la soberbia y su actitud retadora, al grado que la diputada del PRI Zonia Montiel Candaneda intentó frenar los señalamientos de su compañero bajo el argumento de que esos pequeños detalles no venían al caso.

Trascendió que las cuentas públicas del 2017 que dejaron aprobadas la anterior legislatura serán revisadas y de manera especial las que tenían un dictamen reprobatorio por parte del OFS y que terminaron siendo avaladas, con el propósito de verificar si los quebrantos fueron debidamente justificados o si es necesario enviar esos casos a otras instancias para que se proceda administrativamente y penalmente contra los presidentes municipales responsables.

Los alcaldes y sus cabildos que han votado para rechazar la reforma constitucional aprobada por los actuales diputados para modificar los tiempos legales para presentar las cuentas públicas podrían arrepentirse de su decisión, porque ayer les quedó claro que no tendrán aliados ni las mismas atenciones que recibieron de la pasada legislatura.

Ojalá la postura asumida por los nuevos diputados sea una primera señal de que ahora sí la corrupción será castigada en Tlaxcala.

Se agotó la herencia marianista

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La herencia marianista sobre la captación de nuevas inversiones y la instalación de nuevas empresas se agotó en doce meses, pues la tendencia que dejó la pasada administración permitió presumir en el 2017 avances en esos rubros, sin embargo en este año no se ve ningún resultado tangible.

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Más allá de los resultados que arrojen las elecciones federales y locales, será a finales de este año cuando los tlaxcaltecas vuelvan a poner los ojos en los actuales funcionarios miembros del gabinete, quienes deberán explicar las razones por las cuáles varios indicadores van a la baja, es decir, ni siquiera han podido mantener lo realizado en la administración de Mariano González Zarur.

Pero esa problemática no es privativa de una sola dependencia, pues hay varias que desde ahora reportan números negativos que obviamente serán un referente para evaluar el desempeño de los funcionarios.

Un claro ejemplo de la modorra que prevalece en algunos funcionarios de los que se esperaba más, es el caso de Jorge Luis Vázquez Rodríguez, responsable de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), quien lejos de establecer estrategias para atraer inversiones y la llegada de nuevas empresas está convertido en un gurú de la divulgación científica, de las tendencias fiscales y la formación de nuevos artistas plásticos.

Durante el primer año de la actual administración, el ex alcalde de Apizaco andaba muy arrogante con la apertura de plazas comerciales y la ampliación de empresas, tanto que hasta se daba el lujo de llegar borracho a algunos eventos oficiales.

En la pasada administración el gobierno del estado logró la atracción de 59 empresas y la consolidación de 21 ampliaciones de factorías instaladas en Tlaxcala, lo que implicó una inversión conjunta de 13 mil 200 millones de pesos.

En el 2017 Tlaxcala captó 600 millones de dólares de inversionistas extranjeros, de los cuales casi el 80 por ciento provino de la empresa Simec que llegó a la entidad por las gestiones que llevó a cabo la administración de González Zarur.

Para este año y para el siguiente el escenario es desolador a decir del titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez, porque no se espera el arribo de capitales ni la apertura de nuevas empresas.

Con esa actitud es muy probable que las cinco nuevas zonas industriales de la entidad conocidas como Vesta Park Tlaxcala I en Huamantla, Zona Industrial Zitlatépec, Parque industrial Oriente en Cuapiaxtla, Parque Industrial Sanctórum y Parque Industrial Tlaxcala dentro de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl I tengan que esperar para su desarrollo hasta que llegue un funcionario que realmente esté interesado en atraer inversión y la llegada de factorías.

Jorge Luis Vázquez está más preocupado por organizar cafés científicos, sus cursos de contabilidad básica y facturación electrónica, así como en sus concursos de pintura en pro de la ciencia que en dedicarse a promover el estado.

Los cursos los encarga a sus chalanes que los hacen sin la mayor trascendencia, lo cual a él le da el tiempo suficiente para jugar squash o mantener sus tertulias con Baco una vez que sus servicios como operador político no fueron requeridos en este proceso electoral.

Ese es el nivel de algunos funcionarios. Salud por esa entrega.

Silvia Josefina Millán, una funcionaria de adorno

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A casi 10 meses de haber asumido el control del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), Silvia Josefina Millán López ha demostrado que el cargo le quedó muy grande y que su amplio currículum académico no le fue suficiente para administrar y dirigir eficientemente un subsistema educativo que está a punto de entrar en caos.

josefina Cobat
Algo pasa en la actual administración estatal que muchos funcionarios nomás no pueden con la tarea asignada. Llegaron presumiendo enormes trayectorias y una amplia experiencia que tras varios meses no se ve reflejada en acciones concretas o en el control de las áreas que tienen bajo su responsabilidad.

Si para nombrar a un funcionario es necesario que pasen semanas o meses, para despedir o cambiar a algún miembro de la estructura de mando del gabinete legal o ampliado será necesario que ocurra algo extraordinario, de ahí que es muy probable que se siga tolerando y hasta solapando los errores e ineficiencias que algunos servidores públicos como Millán López han mostrado.

La directora general Cobat, Silvia Josefina Millán, tomó el control del subsistema educativo desde el pasado 8 de mayo del 2017, por lo que tuvo tiempo suficiente para conocer la situación legal y administrativa que tenía la Institución, así como enterarse de los excesos en que incurrió el ex director general David Flores Leal y que al final no merecieron ninguna investigación.

Es obvio que la académica lejos de conocer las extrañas del Cobat se dedicó en los últimos meses a tirar rostro en los 24 planteles y ante los 15 mil estudiantes inscritos en la Institución, con un afán protagónico que la hizo olvidar o marginar las relaciones que la parte institucional tenía con los docentes y los trabajadores administrativos.

Replicando las actitudes de cualquier cacique de pueblo, Millán López decidió imponer su ley y sus normas para empezar a dañar los derechos de los trabajadores y presumir que con ella se habían acabado los despilfarros.

Hasta antes de su llegada, era evidente que en el Cobat existían los recursos suficientes para cumplir con las prestaciones laborales que la Institución tenía con los trabajadores. Vaya hasta sobraban.

Para nadie es desconocido que en diciembre del 2016 el entonces director general David Flores después de cumplir con el pago de prestaciones a los trabajadores del subsistema entregaba abultados bonos a sus principales subordinados, demostrando la abundancia que tenían las finanzas del Cobat.

Sin embargo, algo pasó que en el 2017 que los directivos del Cobat no pueden esconder el desorden financiero que enfrentan y optaron por realizar descuentos indebidos en los aguinaldos y suspender el pago (debió cubrirse antes del 15 de diciembre del 2017) de los 16 días de salario convencional a los docentes que no hayan incurrido en faltas de asistencia, ni retardos injustificados durante ese año.

La nueva política administrativa tiene muy molestos a los trabajadores que exigen se respete las fechas de pago salarial en cada una de las quincenas y se actualice la retribución de la prestación de despensa a los docentes laboratoristas de inglés e informática, la cual por contrato a nivel nacional se debió homologar desde el 2008-2009.

Los docentes tendrían que ganar 900 y no 168 pesos que reciben actualmente por parte del Cobat.

Otra inconsistencia administrativa es la falta de pago de finiquitos de los jubilados, proceso que se adeuda desde el 2015 al 2017.

A lo anterior hay que sumar los adeudos millonarios que el Cobat enfrenta por el pago de laudos que la Institución se niega a cubrir a ex trabajadores que fueron despedidos injustificadamente y que cada mes crecen en su monto.

Al final de nada sirvió la llegada de una académica a la dirección general del Cobat porque es evidente que ese subsistema empeoró y está metido en un hoyo y en una crisis financiera que pronto podría convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno del estado.

El marianismo quedó oficialmente en libertad

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Los principales operadores del marianismo recibieron la venia de su amo para moverse en libertad en este proceso electoral, por lo que no serán castigados o acusados de traición si optan por sumarse y operar a otros proyectos que no involucren al ciudadano José Antonio Meade Kuribreña y a los candidatos del PRI al Senado y a las diputaciones federales y locales.

marcomena

El añoso y rabioso ex gobernador Mariano González Zarur estuvo el pasado miércoles y jueves en Tlaxcala. Sostuvo diferentes reuniones con sus colaboradores y principales operadores políticos, a quienes les dejó muy claro que su alejamiento con el actual mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez es real.

El hacendado sólo invitó a los más cercanos a trabajar por el proyecto del candidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Meade, pero en el estado de Hidalgo, donde él aparecerá como coordinador y responsable del ejército electoral rumbo a los comicios del 1 de julio de este año.

En su estilo, el ex gobernador tlaxcalteca rechazó que en la entidad exista una diarquía como muchos han creído, al grado que se deslindó de las designaciones de los candidatos del PRI a los diferentes cargos de elección popular que estarán en juego.

Si mi hijo Mariano González Aguirre aceptó una candidatura a una diputación federal es su responsabilidad, por lo que ahora deberá enfrentar esa decisión y tratar de ganar con el respaldo de Marco Mena, habría explicado un dubitativo ex gobernador.

Con ese preámbulo, Mariano González soltó las riendas a sus operadores y les dijo que estaban en libertad de buscar acomodo en otros proyectos políticos, dejando entrever que la división interna del PRI en Tlaxcala es inevitable.

Los operadores marianistas que lograron buenos resultados en las elecciones del 2015 y 2016 están cotizados y aunque no lo crea algunos han empezado a recibir propuestas tentadoras de la oposición.

El viernes pasado en un café del centro histórico de la capital se dejaron ver Ernesto Ordoñez Carrera, ex secretario de Gobierno, Tomás Munive Osorno, el poderoso ex titular de la Secretaría de Educación Pública y Victorino Vergara Castillo, ex director general de los Cecytes. Su reunión generó morbo y se dio un día después de haber estado con Mariano González.

Se habla que la ex gobernadora Beatriz Paredes Rangel llegaría a Tlaxcala a coordinar las campañas del PRI y a tratar de mantener la unidad del partido, designación que quizá llegue a destiempo porque muchos de sus seguidores ya trabajan para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y porque las divisiones internas del partidazo se encuentran muy avanzadas.

En serio que el PRI no le encuentra la cuadratura al círculo y cada vez es más notorio el malestar de la militancia, no sólo porque José Antonio Meade insiste en no asumirse como priista, sino porque en Tlaxcala se permitió la reelección de diputados locales que no han hecho nada más que cobrar.

No cabe duda que el PRI de Mena tiene la pelota, por lo que ahora falta ver si logra meter los goles que se requieren para ganar.

Pésima señal enviaron los diputados locales

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Los legisladores locales fueron incapaces de ajustarse a los lineamientos establecidos en una sentencia de amparo y por arte de magia llegaron a la conclusión que el ex magistrado Fernando Bernal fue improductivo y que por esa y otras razones no merecía ser reincorporado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado (TSJE).

fernando bernal

La sesión extraordinaria celebrada ayer para desahogar el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar representa un pésimo antecedente para el inminente análisis y aprobación del marco legal que dará vida al Sistema Estatal Anticorrupción, así como al nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y del Fiscal Anticorrupción.

Los legisladores dieron cumplimiento a la sentencia de amparo que un juez federal emitió para salvaguardar los derechos del ex magistrado, sin embargo no respetaron los lineamientos que se fijaron para llevar a cabo la evaluación y optaron por ver “las graves inconsistencias” que según ellos tuvo Fernando Bernal como integrante del Poder Judicial en Tlaxcala.

Lo curioso del caso es que los diputados dieron a conocer que existen motivos razonables, sustanciales y objetivos para no ratificar a Fernando Bernal Salazar, pues se logró acreditar que el evaluado no conservó los atributos de excelencia profesional, laboriosidad, diligencia y profesionalismo que su carácter de magistrado le exigía, es decir, llegaron a la conclusión de que fue improductivo y un mal impartidor de justicia.

Los diputados comandados por el obstinado priista Mariano González Aguirre encontraron hasta la tercera sesión que celebraron para tratar de desahogar el asunto múltiples fallas en el supuesto desempeño de Fernando Bernal.

Si se aplicaran esos mismos criterios de evaluación a otros magistrados que si fueron ratificados, como fue el caso de Elsa Cordero Martínez, se encontraría que la hoy presidenta del TSJE tendría la misma improductividad e inconsistencias que le reprochan a Fernando Bernal, de ahí que el proceder de los diputados locales no se apega a la verdad ni a la ley.

Aunque para la mayoría el caso del ex magistrado está concluido porque ahora sí está sustentado en un acto soberano, falta ver si el ex magistrado se inconforma y si el juez federal acepta o no el dictamen aprobado por los legisladores, pues existe la posibilidad de que sea rechazado si se comprueba que no se acataron los lineamientos que se dieron para resolver ese caso que inició desde el 2014.

Con este pésimo antecedente se llegará al análisis y aprobación de las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción. Los diputados lejos de avalar un marco jurídico de avanzada lo más seguro es que opten por ver su conveniencia y su recompensa económica.

En el caso del ex magistrado Fernando Bernal por lo menos había diez diputados de oposición que estaban a favor de la ratificación, pero ayer sólo tres se mantuvieron firmes y el resto cambio su postura y su sumó a los votos del PRI y sus aliados para sacar ese tema.

Con esos dobleces y actitud sumisa de algunos diputados opositores, el PRI y sus aliados impondrán el Sistema Estatal Anticorrupción, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala y el Fiscal Anticorrupción, que desde hoy le puedo asegurar que no llegarán personajes independientes y con la capacidad para garantizar el correcto funcionamiento de esa estructura que al final será un adorno más en el gobierno.

Lo grave es que la actual legislatura presume que es la mejor de los últimos tiempos.

El PRI y la imposición de candidatos

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La operación dedazo ya está en marcha y en cuestión de días el presidente Enrique Peña Nieto revelará quien será el candidato del PRI que intentará sucederlo en el cargo. La trayectoria y militancia en el partido no pesarán en la imposición, de ahí que el neo priista con pasado panista José Antonio Meade Kuribreña se alista para enfrentar en las urnas a Morena y al Frente Ciudadano por México.

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El nuevo PRI y el invencible partido no pudo cambiar y mantiene intacto su método para elegir candidato presidencial. Analistas y columnistas de medios nacionales dan por un hecho la nominación del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, luego que el viernes pasado el presidente Enrique Peña bajara de la contienda interna del tricolor al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La militancia y trayectoria no importan en el PRI, lo que hoy en día cuenta y siempre ha tenido un alto valor son los afectos, pero si éstos se centran un prospecto a candidato que tenga un pasado limpio y el menor número de negativos, sin lugar a dudas ayudará a enfrentar la alta competencia en los comicios del primer domingo de julio del 2018.

La estrategia del PRI es apostarle a la estructura, al dinero público y a la operación, de ahí que si a nivel nacional se hace efectivo el dedazo del presidente, lo lógico es que en los estados los gobernadores conserven intacto su poder de veto, pero también la facultad de sugerir propuestas de aspirantes a senadores y diputados federales.

Pronto veremos hacia donde están los verdaderos afectos del mandatario tlaxcalteca Marco Antonio Mena Rodríguez, quien tendrá que descubrir sus cartas y ejercer decisiones de poder que estarán relacionadas, lo quiera o no, con su sucesión.

Aunque para muchos el relevo de Mena Rodríguez está lejano porque se hará hasta el 2021, la realidad es que el gobernador tendrá que empezar a jugar en los comicios federales y locales del 2018 su sucesión, pues ya no tendrá otra elección intermedia que le permita reacomodar piezas para impulsar la proyección de otro miembro de su equipo.

Se dice que Mena Rodríguez estaría apuntalando las aspiraciones de la secretaria de Gobierno Anabel Alvarado Varela para competir por el Senado, aunque hay quienes aseguran que la verdadera carta del actual mandatario es el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, quien goza de la venia para promocionarse todos los días y por cualquier cosa.

En Tlaxcala el más feliz por la probable designación de José Antonio Meade como candidato del PRI a la presidencia de México es el ex gobernador Mariano González Zarur, quien es el único tlaxcalteca que puede presumir ser amigo y consejero del aún funcionario federal.

Mariano González conoce a la perfección los rituales priistas y por esa razón realiza movimientos quirúrgicos para apuntalar las aspiraciones de políticos ligados a sus intereses en los próximos comicios. Su prioridad son sus hijos Mariana y Mariano, pero tampoco descartará a otros colaboradores suyos como Ricardo García Portilla.

En el PRI está descartado un proceso democrático para elegir a sus candidatos. La práctica del dedazo se replicará a nivel estatal y lo interesante será ver quiénes son los afortunados militantes del partidazo que competirán por el Senado, las tres diputaciones federales y las quince diputaciones locales.

En julio del 2018 iniciará la sucesión anticipada de Marco Antonio Mena, porque después de que se conozcan los resultados oficiales también se sabrá cuántos priistas y militantes de la oposición empezarán su trabajo por la gubernatura de Tlaxcala. Al tiempo.

Sólo la ASF ve la corrupción de Mariano González

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En daño patrimonial del gobierno de Mariano González Zarur acumulado en los dos últimos años de su administración suman casi los mil millones de pesos, sin embargo no existe ningún procedimiento legal para sancionar a los ex funcionarios estatales que junto con el hoy ex mandatario son responsables de esos presuntos actos de corrupción que quedarán impunes.

manchis el impune

 

Si las cifras revelan o no la tremenda voracidad que mostró Mariano González Zarur durante el último año de su gobierno es otra cosa, sin embargo es un hecho que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un daño patrimonial superior a los 200 millones de pesos cometidos a lo largo del 2016.

De acuerdo con los reportes de la ASF, la administración del hacendado gobernador pagó a 2 mil 900 empleados de los Servicios Educativos 156 millones de pesos de más y se comprobó que el ex mandatario ordenó la compra de bienes y servicios de forma directa por 45.9 millones de pesos sin que los funcionarios estatales responsables elaboraran la documentación que respaldara las adjudicaciones o licitaciones.

Según la información disponible, González Zarur y su secretario de Educación Pública, Tomás Munive Osorno pagaron 30 contratos de honorarios en los Servicios Educativos por 2.2 millones de pesos, sin que hubiera una relación laboral con la administración estatal.

Resulta que la pasada administración no presentó documentación correspondiente a los procedimientos de adjudicación de servicios adquiridos por 21.5 millones de pesos y tampoco elaboró un dictamen que aprobara la excepción de llevar a cabo licitaciones públicas que terminaron en 10 invitaciones a cuando menos tres proveedores que se supone fueron beneficiados con los contratos. También se ubicaron 32 adjudicaciones directas con irregularidades que sumaron 8.1 millones de pesos.

A estos más de 200 millones de pesos observados por la ASF hay que agregar los 743 millones de pesos que aún están pendientes por comprobar y que corresponden al ejercicio fiscal del 2015 del gobierno de Mariano González.

Lo lamentable es que nadie vio la corrupción rapante que prevaleció en el sexenio del hacendado gobernador. Los legisladores locales y federales se muestran indiferentes ante el descarado saqueo que hubo y la actual administración estatal ha optado por cargar el muerto y tapar los hoyos financieros heredados antes que iniciar un procedimiento legal para sancionar los excesos y abusos de Mariano González y su pandilla de vivales.

El ex mandatario goza de total impunidad y lo que es peor es que ya se prepara para regresar y tratar de recuperar el poder que perdió. Sólo espera que su amigo José Antonio Meade Kuribreña sea confirmado como candidato del PRI a la presidencia de México para volver a gritar y mandar y revivir al poderoso Mariano que todo mundo teme.

Si hoy en día la actual administración no puede o no quiere castigar la corrupción del pasado gobierno, difícilmente sancionará cualquier práctica similar que se esté realizando en estos momentos, o no.

 

El cinismo de Arnulfo Arévalo

La ausencia de argumentos y de capacidad se hizo presente en la persona que hoy ostenta la presidencia de la mesa directiva del Congreso del estado, el diputado priista Arnulfo Arévalo Lara, quien tiene bajo su responsabilidad el caso del ex magistrado Fernando Bernal Salazar.

Ante el grave problema que implica la negativa del Congreso local de resolver la ratificación o no del ex magistrado, Arnulfo Arévalo trató de introducir el tufo de la corrupción en el caso al declarar que hubo ofrecimiento de dinero a algunos diputados locales para avalar la reincorporación de Bernal Salazar al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Sin aportar más elementos o nombres, el diputado dejó entrever que ese es uno de los motivos por los cuales el Congreso del estado no ha podido cumplir con el fallo de un juez federal, situación que resulta grave porque puede ser que también se haya ofrecido dinero para que los legisladores aceptaran la no ratificación de Fernando Bernal porque nadie se explica cómo le hizo el PRI para convencer a sus aliados (Nueva Alianza y Partido Socialista) de ir juntos en ese tema si estaban hace unos días casi al punto del divorcio.

Para terminar le cuento que la Feria de Tlaxcala 2017 cumplió. Tuvo cosas buenas y malas que sin duda servirán para organizar mucho mejor la próxima edición. El único escándalo que se registró fue el protagonizado por el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, quien estando acompañado de los hermanos Temoltzin Carreto recibió tremendos gritos de su esposa, quien al parecer no le gustó algún comentario porque su malestar traspasó las paredes del restaurante La Botica un viernes a eso de las 22 horas.